Tres alcaldes de Ñuble son perseguidos en distintas instancias por concejales de sus municipios, que denuncian notable abandono de deberes. San Carlos y Quillón esperan dictamen del Tricel regional; Chillán está en Contraloría y podría llegar también a la instancia calificadora.
La gestión de los ediles de las comunas de Chillán, San Carlos y Quillón, son investigadas por estos días por los concejales de cada uno de estos municipios que llevaron a los jefes comunales al banquillo de los acusados.
Mientras, concejales de San Carlos denunciaron a su alcalde Hugo Gebrie de faltas a la probidad por diversas irregularidades que hicieron llegar al Tribunal Calificador de Elecciones regional, el que está a días de pronunciar un fallo; en Chillán los argumentos de concejales de oposición están en Contraloría.
Y es que el alcalde Sergio Zarzar habría cometido anomalías en el concurso del director del Departamento de Educación Municipal, pronunciamiento que Contraloría favoreció a los denunciantes, entre ellos el concejal independiente ex socialista Cristián Quiroz, quien expresó que de no dar cumplimiento a las determinaciones del órgano contralor llevarán a Zarzar también al Tricel.
En Quillón la causa va avanzada, ya fueron celebradas audiencias hasta donde llegó el alcalde Jaime Catalán, no así sus 4 concejales que lo acusan por notable abandono de deberes, en la toma de decisiones supuestamente erradas como el uso de instrumento público para beneficio personal o bonificaciones fuera de lugar.
Alberto Ghyra, uno de los concejales opositores a Catalán, aseguró que por instrucción del abogado y el resguardo del fallo final no entregarán detalles públicos. Sí lo hizo el mismo alcalde acusado, quien reconoció que podría haber faltas, pero sólo de caracter administrativo.
La tarea está en manos del Tribunal Calificador de Elecciones, que define el notable abandono de deberes cuando el alcalde se aparta de las obligaciones que le impone la Constitución y las leyes, especialmente la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuando con su actuar u omisión imputables paralice la constante actividad municipal tendiente a dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad.
