Hace un par de semanas, el Gobierno propuso una mesa de trabajo entre los actores del sector para llegar a acuerdos en los temas más conflictivos para lo que será el proyecto de Ley de Pesca que se enviará al Congreso dentro de los próximos meses. Lamentablemente, esta mesa tiene el mismo problema de la asignación de cuotas de pesca del año 2001: falta de legitimidad.
Cuando uno conversa el tema pesquero con un interlocutor cualquiera, no importando si conoce el medio o no, casi todos tienen la percepción que el sector está dominado por influyentes grupos empresariales y que imperan los “negociados”. El origen de esta imagen, entre otros, ha sido la falta de legitimidad en las asignaciones de cuotas pesqueras y manejos de la Subsecretaria de Pesca, tanto para artesanales como para industriales. A esto debemos sumarle las relaciones de algunos parlamentarios con los grupos de poder, bastante bulladas en las discusiones de proyectos de ley pesqueros anteriores.
En el tema de las asignaciones de cuotas de pesca existió una falta de transparencia total en el diseño y ejecución de la ley. Un buen ejemplo es lo ocurrido con sardina común donde en la historia de pesca industrial -considerada para la asignación entre artesanales e industriales- se incluyeron las capturas realizadas en forma ilegal por la industria dentro de las 5 millas de reserva artesanal, lo que los favoreció en la asignación. Es por eso que los industriales, ahora con sistema de monitoreo satelital, no han podido pescar su cuota de sardina, ya que no se pueden meter a las 5 millas sin ser identificados y sancionados.
Otro ejemplo es cómo se asignaron las cuotas en el sector industrial. Para esta asignación se tomaron en cuenta dos parámetros: historia de pesca y permisos de pesca. Para la primera, en el caso del jurel, se incluyeron las capturas realizadas bajo “pescas de investigación” asignadas a dedo por la Subsecretaria de Pesca, que en uno de los años llegó a casi al millón de toneladas, lo cual mejoró sustancialmente la asignación de los favoritos del “dedo” (como referencia para los lectores la cuota nacional de jurel para este año 2011 es del orden de las 300 mil toneladas).
En el caso de los permisos de pesca el tema es aún más extremo; el cierre del otorgamiento de permisos de pesca en cada región fue manejado por los grupos de poder para bloquear la entrada de nuevos actores. Es decir, quienes tenían mayor influencia quedaron con más permisos de pesca. Destacable es el cierre de la Región del Bío-Bío, la que se cerró en 1985 por motivos de “conservación del jurel” cuando la verdad es que por los siguientes 10 años las capturas de jurel de los favorecidos, se cuadruplicaron en esa región.
Ejemplos como esto hay muchos: desde un Consejo Nacional de Pesca -integrado mayoritariamente por los mismos beneficiados y sus trabajadores, que determina en última instancia las cuotas anuales de pesca- hasta investigaciones para determinar el estado de los recursos, estudios realizados por los institutos de la propia industria pesquera quienes, a pesar de sus protestas de profesionalismo, no morderán la mano que les da de comer.
Está claro que al sector pesquero, si algo le falta, es legitimidad.
En 2012 vence la ley que entregó las cuotas de pesca industriales a un grupo de familias por 12 años, lo que hace necesario establecer un nuevo mecanismo de asignación. En esto hay dos visiones: los que quieren que les continúen regalando las cuotas y los que piden que se licite por lo menos parte de las cuotas para permitir la competencia y la entrada de nuevos actores.
En un intento por descomprimir el conflicto, el ministro de Economía, Pablo Longueira, ha solicitado el establecimiento de una mesa de trabajo pesquera, con la premisa “si hay acuerdo entre industriales y artesanales, no habrá licitación”.
Esta mesa comenzó su trabajo con prácticamente la misma conformación del CNP, es decir, dejó como mayoría a los industriales pesqueros, y a sus empleados, quienes tienen interés en seguir con las cuotas gratuitas sin dejar entrar a nadie. Incluso invitaron a Andrés Couve, ex subsecretario de Pesca y miembro ya “vitalicio” del CNP, quien representa a quienes pagan sus asesorías.
Junto a ellos fueron invitados, en un reducido número, los representantes nacionales de las confederaciones artesanales, quienes ven esta mesa como una oportunidad para presionar a la industria con la licitación y así poder lograr una mayor asignación de la parte que a ellos les toca de la cuota global de captura.
Contrario a lo señalado por el propio ministro como su objetivo en esa cartera, el problema ha sido trasladado desde la necesidad de solucionar los problemas de concentración y falta de competencia del sector industrial -donde un reducido número de compañías maneja los recursos pesqueros del país- a un tema de asignación entre los sectores artesanal e industrial. A esto debemos sumar que a la mesa de trabajo no fueron invitados quienes están a favor de la licitación de las cuotas y buscan el poder competir de forma abierta y transparente.
Albert Arias | Anapesca A.G.
Cualquiera sea lo que salga de esa mesa, si es que algo sale, será un acomodo entre quienes han mantenido el sector pesquero cerrado a terceros. Es decir, en este escenario se pierde totalmente lo que ha sido la base de discusión de la necesidad de la licitación y se podría llegar nuevamente con un acuerdo que no sea legítimo y sólo busque favorecer a quienes hasta ahora han sido favorecidos.
De seguir por este camino, y dejar que el zorro cuide las gallinas, el resultado será una nueva medida parche que no solucionará los problemas de fondo como son: sustentabilidad de los recursos, transparencia, equidad y libre competencia.
Albert Arias Arthur es Master en Asuntos Marítimos de la Universidad de Washington. Actualmente se desempeña como asesor en politíca pesquera para Anapesca A.G.
