La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves a las autoridades brasileñas que actuaran y pusieran fin a la matanza de agricultores y activistas ambientales en la región amazónica, así como a la impunidad para los asesinos.

La semana pasada cuatro trabajadores rurales que denunciaban la deforestación clandestina fueron abatidos a balazos en los estados amazónicos de Rondonia y Pará, regiones que se encuentran entre las más violentas de Brasil en materia de conflictos agrarios.

Tres de estas cuatro personas ya venían recibiendo amenazas de muerte, que habían denunciado a las autoridades locales, así como ocurrió con la misionaria estadounidense Dorothy Stang, asesinada en 2005 por defender a campesinos sin tierras en Anapu, en el estado de Pará.

“Las autoridades brasileñas deben actuar para impedir los asesinatos en la Amazonia”, pidió AI en un comunicado.

Los asesinatos fueron ejecutados en momentos en que el Congreso discute un nuevo Código Forestal que felxibiliza la protección de las florestas, afirmó la entidad.

De acuerdo con la organización humanitaria, la aprobación del Código “puede generar más conflictos (…) porque los pequeños campesinos quedarán más vulnerables a las presiones de los grandes propietarios de tierras y los madereros clandestinos”.

Amnistía recordó “la larga historia de impunidad que reina en la región y la ausencia de leyes”, y por ello exhortó al gobierno a arrestar y condenar a los asesinos.

“La falta de presencia efectiva del Estado en esas regiones, así como la falta de voluntad política para intervenir en esas situaciones hacen que las élites rurales hayan podido usar la fuerza impunemente contra militantes ecologistas y rurales”, afirmó la entidad.

Según la Comisión Pastoral de la Tierra, ligada a la Iglesa Católica, unas 1.500 personas han sido asesinadas en Brasil desde 1985 en conflictos agrarios, y menos de 100 personas fueron condenadas por los crímenes.