El sacerdote Tito Rivera, acusado de drogar y violar a un hombre en una de las habitaciones de La Catedral, en 2015, reapareció.
Lo hizo a través de un escrito presentado por su abogado Samuel Correa Meléndez, contestando así la demanda por indemnización de perjuicios de 350 millones de pesos, ingresada en su contra por la víctima y que incluye como responsable solidario al Arzobispado de Santiago.
Tito Rivera, junto con negar su participación en el abuso sexual y calificar la versión del afectado como “fantasiosa”, aseguró que carece de responsabilidad, hecho que -a su juicio- no lo obligaría a pagar una indemnización por la suma señalada.
“De hecho, la exagerada suma (… ) excede con creces cualquiera otra otorgada por daño moral por cualquier tribunal en casos en los que incluso existen víctimas fatales, lo que obviamente en el presente caso dista mucho de ocurrir”, se lee en la presentación.
Correa Meléndez, ex auditor del Ejército durante la dictadura militar y defensor de militares procesados por violaciones de derechos humanos, presentó su escrito ante la ministra de fuero Maritza Villadangos, quien sustancia la causa.
Hay que recordar que Tito Rivera se encuentra formalizado por la Fiscalía Regional de Rancagua por abusos sexuales y cumple arresto domiciliario.
Los hechos por los cuales Tito Rivera es indagado por el fiscal Emiliano Arias, quedaron al descubierto, luego que este último incautó documentación en el Arzobispado de Santiago a mediados de 2018.
En ellos figuraba la investigación eclesiástica que entregó “verosimilitud” a las denuncias presentadas contra Tito Rivera, quien usaba las habitaciones del principal templo chileno para “dar rienda a sus deseos”, como se lee en la demanda presentada por el afectado, a través de su abogado Alfredo Morgado.
La información de la carpeta de investigación de Arias se hizo pública el pasado 4 de marzo, cuando Radio Bío Bío reveló su contenido, en conjunto con el libelo.
Conducta omisiva
La semana pasada, el Arzobispado de Santiago, luego de que Ricardo Ezzati fuera notificado de la acción judicial, interpuso una “medida dilatoria”, donde cuestionó el contenido de la demanda. El abogado de la entidad eclesiástica, Ramón Cifuentes Ovalle, aludió a que la iglesia no podía ser corresponsable de los hechos cometidos por Tito Rivera.
La abogada de la víctima, Olga Prieto Vera-Cruz -en su escrito- desacreditó las afirmaciones. Adujo que la actitud que mantuvo la iglesia con la víctima no indica que existiera preocupación para sancionar a los responsables.
“Toda la permisividad y negligencia en la supervigilancia sobre el actuar de Tito Rivera en La Catedral, no obstante los reproches morales que se conocían ampliamente, no son otra cosa que una configuración de la presunción (…) de que el Arzobispado de Santiago (…) cuenta con una estructura jerarquizada de modo de garantizar al cumplimiento de las normas internas”, escribió Prieto Vera-Cruz.
Y agregó: “Recordemos que uno de los dogmas de la religión católica es el celibato de los sacerdotes. Nada explica que frente a acusaciones de abuso sexual en el año 2011 y posteriores conductas reñidas con la moral y la obligación de celibato, se haya permitido a Tito Rivera el uso de un dormitorio donde se sabía ingresaba con sus acólitos. Esa conducta omisiva en el cumplimiento de su deber de supervigilancia (del Arzobispado) hizo posible el abuso de Tito Rivera”.
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