Violación en La Catedral: Iglesia designa abogado y cuestiona demanda de víctima de Tito Rivera

La iglesia designó al abogado, Ramón Cifuentes Ovalle, quien patrocinará al Arzobispado de Santiago en la demanda por 350 millones de pesos presentada por Daniel Rojas, quien acusó haber sido violado en La Catedral por el sacerdote Tito Rivera, en 2015. Asumida la representación, el profesional ingresó un escrito -conocido como “excepción dilatoria”– ante la ministra de fuero, Maritza Villadangos, quien sustancia el libelo civil.

En la presentación, Cifuentes Ovalle cuestionó que la víctima pretenda ser resarcida por la iglesia chilena. La razón que esgrimió ante la magistrada, es que no está clara cuál es la responsabilidad que le cabría al Arzobispado como institución en los hechos.

“Debe agregarse a todo lo anterior que, no obstante invocarse la responsabilidad por el hecho ajeno de mi representada, el libelo se explaya sobre presuntas conductas en que habría incurrido el codemandado (el Arzobispado), con lo cual no existe claridad si la responsabilidad que se pretende respecto de mi parte, aparece fundada en hechos posteriores (…)”, señala el escrito.

Cifuentes Ovalle –profesor de Derecho Civil en la UC– señaló que la Iglesia tiene derecho al debido proceso, ya que debe quedar claro si la víctima busca ser resarcida por la violación cometida por Tito Rivera o bien por el actuar negligente del Arzobispado, representado entonces por Ricardo Ezzati.

La ministra Villadangos ya dio traslado de esta presentación al abogado Alfredo Morgado, quien defiende al afectado.

Entrada y registro

La demanda que sustancia la magistrada, es la resultante de la información que consta en la carpeta de investigación que lleva el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, por abusos sexuales cometidos por distintos miembros de la iglesia en los últimos años.

El caso de Tito Rivera apareció en 2018, luego que Arias allanara el Arzobispado de Santiago y descubriera entre los cientos de documentos, una investigación eclesiástica hasta ese momento secreta, tal como lo reveló Radio Bío Bío el 4 de marzo pasado.

La indagatoria canónica se inició en marzo de 2015, a pocas semanas que la víctima denunciara el hecho en la oficina especializada que la iglesia tiene para estos efectos. De forma llamativa, el proceso de recopilación de antecedentes, que contó con declaraciones de otros curas y víctimas, estuvo terminado en julio del mismo año. En el expediente quedó acreditado que los testimonios eran verosímiles.

Sin embargo, no fue sino hasta fines de 2016 que Ezzati elevó los antecedentes a un proceso de carácter administrativo-penal. Este último, en 2018, derivó en que Tito Rivera fuera sancionado con 14 años de suspensión del ministerio sacerdotal, sin que la información fuera dada a conocer a la fiscalía, como tampoco a la opinión pública.

Actualmente, Ezzati es investigado por el Ministerio Público de la Sexta Región como posible responsable de encubrimiento en una serie de casos de abuso sexual. De hecho, el 22 de marzo la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió podía ser interrogado en calidad de imputado, rechazando el sobreseimiento solicitado por su abogado Hugo Rivera. Conocida la información, al día siguiente el Papa Francisco aceptó la renuncia del prelado como jefe de la iglesia chilena y nombró como administrador apostólico al obispo Celestino Aós.

Por otro lado, Tito Rivera fue formalizado por el fiscal Sergio Moya, el viernes 29 de marzo por delitos de abuso sexual, quedando sometido al arresto domiciliario y arraigo nacional.

Según reveló Moya a El Mercurio, en la declaración que prestó Tito Rivera, habrían elementos inculpatorios que podrían complicar la situación procesal de Ezzati. Por ello, todo indica que en las próximas semanas el exarzobispo de Santiago podría enfrentar cargos como encubridor ante el Décimo Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

En materia civil, hay que recordar, el tribunal de alzada capitalino acogió la demanda presentada por las víctimas de Fernando Karadima y ordenó que el Arzobispado pague 100 millones de pesos. En otras palabras, el dictamen judicial estableció que existe responsabilidad de la iglesia chilena al no actuar debidamente en la persecución de los ilícitos canónicos cometidos por el excura de la parroquia El Bosque.

Lea la presentación del Arzobispado