La reinserción necesita estímulo y apoyo de la sociedad en su conjunto

Como fundación que se dedica a la reinserción de mujeres privadas de libertad, empatizamos con el dolor de esas familias que ven con estupor que por la aplicación de una ley del Estado, sus agresores salieran en libertad sin cumplir la pena que la sociedad les impuso por el daño causado.

La iniciativa recientemente anunciada por el Gobierno de derogar en su totalidad la Ley de Rebaja de Condena (Ley 19.856) responde, a nuestro juicio, a un relato ya conocido. Cada vez que surge una polémica en el otorgamiento de beneficios carcelarios, las normas de otorgamiento se restringen, constituyendo un meta muy difícil de alcanzar para la población penal que habita en establecimientos penitenciarios hacinados y con una constante falta de recursos para ofrecer suficiente educación, capacitación y trabajo a la población penal.

Está muy estudiado que la cárcel por sí sola, al ser un lugar de encierro, daña a la persona privada de libertad y a su familia. A mayor tiempo de presidio, aumenta la prisionalización y la contaminación criminógena.

En Chile, el 45% de la población penal está condenada a penas entre 3 a 10 años. En este contexto y respetando las reglas Nelson Mandela y las de Bangkok, los sistemas penitenciarios deben propender al cambio conductual en miras a la reinserción social.

La teoría de desistimiento sostiene que en el cese de la actividad delictiva influyen tanto los cambios internos de la persona como las oportunidades y apoyo de su entorno. Desde un perspectiva criminológica, para el cambio conductual, la persona debe tener estímulos para lograr la motivación al cambio.

Los estímulos son, por ejemplo, los beneficios intrapenitenciarios y la posibilidad de salir en libertad (para recomponer los lazos familiares y ser una persona útil para la sociedad), siendo esta un incentivo tangible que recompensa el esfuerzo en el proceso de reinserción y el cumplimiento de las normas del régimen penitenciario.

En el caso de las mujeres, históricamente el otorgamiento de los beneficios intrapenitenciarios ha sido menor -ya que ellas tienen menos redes de apoyo y menor educación, por ejemplo- por tanto para muchas sus esfuerzos no son recompensados.

Medidas duras en la administración del sistema penitenciario chileno son un contrasentido con los discursos históricos del Estado respecto a la idea de que para contribuir a la seguridad pública las personas privadas de libertad deben recibir tratamiento psicosocial, trabajo y educación.