Por una regulación al servicio de la educación

Cada hora que un equipo directivo dedica a responder requerimientos administrativos innecesarios es una hora que deja de destinar al acompañamiento de docentes, estudiantes y familias. El debate sobre la burocracia que agobia a las escuelas suele simplificarse en exceso. Contar obligaciones, formularios y malos ejemplos puede confirmar la necesidad de reducir cargas innecesarias, pero reducir no basta. El desafío no es cuánta regulación existe, sino si esa regulación contribuye efectivamente al aprendizaje, la protección de derechos y el buen funcionamiento de la escuela.

Por eso, los firmantes nos hemos unido para formular propuestas que permitan reemplazar esa carga por una regulación más clara, articulada y eficaz, que proteja mejor a los niños, niñas y adolescentes sin trasladar exigencias innecesarias a las comunidades educativas. Apuntamos así a que cada requerimiento tenga una finalidad reconocible y contribuya al cumplimiento de la misión educativa y formativa de las escuelas y a la protección de los derechos de sus estudiantes.

Para avanzar en esa dirección proponemos tres ejes: Primero, normas más comprensibles y estables, acompañadas de modelos y orientaciones preventivas que faciliten su cumplimiento, junto con mecanismos permanentes para revisar las normas existentes y evaluar el impacto de las nuevas antes de que entren en vigor.

Segundo, una fiscalización enfocada en el resguardo efectivo de derechos, que distinga incumplimientos formales de vulneraciones, favorezca la corrección antes que la sanción y reconozca la autonomía profesional y pedagógica de las comunidades educativas.

Tercero, un uso intensivo y responsable de la tecnología por parte del Estado para compartir y aprovechar los datos que ya posee, reduciendo la carga administrativa sobre las escuelas y liberando tiempo para el liderazgo pedagógico.

Las comunidades educativas son espacios complejos, con interacciones, historias y dinámicas particulares que las hacen únicas. Por ello, no todos sus problemas pueden resolverse desde fuera. Una multa puede resolver un incumplimiento y una sentencia determinar responsabilidades, pero ninguna por sí sola reconstruye la confianza entre una familia y una comunidad educativa.

Se necesitan ambas cosas: sanción cuando corresponda y capacidades dentro de la escuela para prevenir y reparar. Los mecanismos internos de diálogo y reparación deben fortalecerse como primera respuesta, sin condicionar ni retrasar el acceso de las familias a los canales de denuncia y protección existentes.

No podemos olvidar que proteger derechos exige cuidar los vínculos que permiten ejercerlos cotidianamente. Una comunidad cohesionada es la mejor garantía para el resguardo efectivo y sostenible de los derechos de todos sus integrantes. Por eso, una regulación que cuida esos vínculos, cuida, en el fondo, la educación misma.

Mesa mejor regulación, más educación

Bernardita Yuraszeck
Impulso Docente

Cristian Romero
Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP)

Dra. Viviana Hojman
Centro de Investigación e Innovación en Niñez, Adolescencia, Resiliencia y Adversidad (IINARA)

Fernanda Lozano y Rafael Araya
SLEP Los Parques

Ingrid Olea
Educación2020

José Manuel Astorga y María Turner
Pivotes

Verónica Cabezas
Elige Educar