Una visita judicial, una grave denuncia por vulneraciones de derechos humanos y la falta de personal femenino de Gendarmería terminaron con el cierre de la unidad psiquiátrica destinada a evaluar a mujeres imputadas en causas penales.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo a la vista los documentos que reconstruyen una secuencia difícil de concebir en pleno siglo XXI: la inspección realizada el 24 de julio por la jueza titular del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, Vania Boutaud; las medidas urgentes ordenadas tres días después; la comunicación enviada a los tribunales del país y, finalmente, el cierre dispuesto el 28 de agosto por el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak.
El último acto consta en el oficio ordinario N.º 002397, firmado por el director del establecimiento, Juan Maass Vivanco. El documento informa el “cierre dispositivo UEPI Mujeres” y deja sin efecto su lista de espera.
La determinación afecta a la Unidad de Evaluación de Personas Imputadas para Mujeres, conocida como UEPI, que recibe a imputadas derivadas por tribunales para evaluar su condición psiquiátrica dentro de una investigación o proceso penal.
El cierre fue comunicado a la Corte Suprema, las 17 cortes de apelaciones, tribunales orales en lo penal, juzgados de garantía y otros organismos vinculados al sistema de justicia. La nómina contenida en el oficio supera los 200 destinatarios, según tuvo a la vista este medio.
La visita que reveló las condiciones de las internas
El origen del caso se remonta al viernes 24 de julio, cuando la jueza Vania Boutaud ingresó a la UEPI durante su turno de visita semanal de cárcel.
La magistrada entrevistó a mujeres que solicitaron conversar con ella y recorrió las dependencias donde permanecían internadas. Las identidades de las denunciantes fueron reservadas para proteger su integridad y evitar posibles represalias.
En su oficio N.º 14-2026, fechado el 27 de julio, la jueza aseguró haber constatado “in situ” la existencia de “condiciones inhumanas, degradantes, actos manifiestos de violencia de género e institucional, y graves conflictos de interés”.
El documento fue dirigido a la directora regional metropolitana de Gendarmería, coronel Sandra Zapata Bustamante; al director del Instituto Psiquiátrico Horwitz, Juan Maass Vivanco, y al entonces director subrogante del Servicio de Salud Metropolitano Norte, Erick Poblete Torres.
La magistrada enumeró ocho situaciones: vigilancia masculina y vulneración de la intimidad; privación de agua; falta de privacidad en los servicios higiénicos; denuncias de maltrato y abandono por personal sanitario; cuestionamientos a la reacción de las jefaturas; posibles conflictos de interés; deficiente distribución del personal penitenciario, y una eventual obstrucción de las denuncias.
Gendarmes observaban las habitaciones
Uno de los hechos centrales consignados por la jueza fue que las cámaras instaladas dentro de las habitaciones eran monitoreadas exclusivamente por funcionarios hombres de Gendarmería.
“Las internas están siendo custodiadas y monitoreadas por cámaras de seguridad exclusivamente por personal de Gendarmería de sexo masculino, quienes en forma permanente y continua pueden observar las dependencias —de sus habitaciones— donde ellas se visten y se cambian ropa”, señala el oficio.
La magistrada advirtió que la vigilancia no estaba limitada a pasillos o espacios comunes.
“No se trata de un monitoreo sólo de los pasillos o áreas comunes, sino que el monitoreo se da a lo más íntimo que tienen, que es su cuerpo y su indemnidad física y sexual”, sostiene el documento.
Boutaud concluyó que las cámaras exponían permanentemente la privacidad de las internas y vulneraban su pudor y dignidad. También cuestionó que las mujeres, sus familiares y sus defensas no hubieran sido informados de que las habitaciones serían observadas por hombres.
El oficio sostiene que las Reglas de Bangkok, complementarias de las Reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas, exigen que la vigilancia directa de mujeres privadas de libertad sea ejercida por personal femenino.
Para la magistrada, la “supervisión masculina” de espacios íntimos “califica, en los estándares de los órganos de monitoreo de la ONU, como un trato cruel y degradante”.
Mujeres denunciaron que les negaban agua
El documento también recoge las denuncias formuladas por las propias internas respecto de las condiciones que enfrentaban durante la noche.
“Se denunció que, durante la noche, el personal técnico de enfermería (TENS) niega el suministro de agua a las internas con el propósito de evitar que soliciten ir al baño”, señala el oficio.
Según esos relatos, las mujeres permanecían encerradas bajo llave en habitaciones con rejas y dependían del personal sanitario para salir al baño. Las denunciantes afirmaron que las funcionarias se encerraban dentro de la oficina clínica y no respondían oportunamente a sus llamados.
La jueza consignó que, “ante la extrema demora en abrir las rejas pese a sus gritos de auxilio”, algunas mujeres “se han visto forzadas a orinarse o defecarse en sus dependencias”.
La magistrada calificó esa situación como “un trato cruel, degradante, vejatorio e inhumano”.
El oficio también advierte que las internas recibían medicamentos antipsicóticos, antidepresivos y otros tratamientos que pueden provocar sequedad bucal.
“Negarles el agua se vuelve algo realmente inhumano. Eso es algo que ningún médico puede ignorar, menos una psiquiatra, enfermera o TENS”, expresa el documento.
Boutaud contrastó estas condiciones con las aplicadas a los hombres internados en la misma unidad. Según dejó consignado, ellos no permanecían encerrados bajo llave y podían caminar, beber agua y utilizar libremente los servicios higiénicos.
Un baño abierto frente a los gendarmes
La jueza constató directamente otro hecho: la puerta de uno de los baños se encontraba en mal estado y permanecía abierta frente al comedor de las internas.
“Durante la misma visita de cárcel, esta magistratura presenció cómo las internas debían realizar sus necesidades fisiológicas a la vista del gendarme a cargo y del funcionario del tribunal”, indica el oficio.
De acuerdo con los antecedentes recogidos durante la inspección, la puerta llevaba cerca de tres años sin ser reparada.
La magistrada relató que, cuando comenzó a fotografiar las dependencias, una funcionaria salió de la oficina clínica, sostuvo la puerta del baño y colocó papel higiénico en una caja para que pudiera ser utilizado por las internas.
La actuación, según Boutaud, dejó en evidencia “una mera reacción paliativa y forzada ante la presencia fiscalizadora del tribunal en el lugar, y no una práctica habitual de resguardo a la dignidad de las mujeres”.
Denuncias de maltrato y abandono
El oficio también recoge acusaciones de violencia física y psicológica contra personal sanitario de la unidad.
“La violencia física descrita se trataría de tironeos, apretones de brazos, empujones. La violencia psicológica comprendería ofensas y descalificaciones de palabra”, señala el documento.
La jueza precisó que estas afirmaciones correspondían a denuncias de las internas y no a agresiones presenciadas directamente durante la visita.
Sin embargo, Boutaud sí constató que la oficina clínica permanecía cerrada y que no contaba con una ventana despejada para mantener contacto visual con las pacientes.
“Ellas tienen que estar gritando para ser atendidas”, advirtió.
La magistrada sostuvo, además, que las funcionarias presentes no portaban credenciales identificatorias, por lo que solicitó que anotaran sus nombres en un papel.
La reacción de la jefatura
El oficio contiene severos cuestionamientos a la reacción que habría tenido la jefa de Psiquiatría de la UEPI, Sandra Moglia, cuando la magistrada le comunicó las irregularidades.
Según el relato de Boutaud, la respuesta de la profesional “se limitó a solicitar de forma desaprensiva que se le enviara la información por ‘un correito’ para transmitirlo a su jefatura”.
La jueza aseguró que, al cuestionarle que hombres observaran las cámaras instaladas en las habitaciones, Moglia habría respondido que “no hay por qué pensar mal del gendarme que está viendo las cámaras”.
“Frente a ello, se le debió aclarar que el resguardo de la intimidad, el pudor y la dignidad de las internas es un imperativo legal y objetivo de derechos humanos, y no una cuestión sujeta a las intenciones subjetivas que pudiesen estar en la mente del custodio de turno”, replicó la magistrada en el documento.
Boutaud también planteó posibles conflictos de interés relacionados con las distintas funciones profesionales que, según el oficio, desempeñaba la jefa de la unidad. Por esa razón, ordenó remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República para que analizara eventuales incompatibilidades.
Las siete medidas ordenadas
Tras acoger un amparo verbal presentado por las internas, la jueza dictó siete medidas urgentes.
La primera ordenó a Gendarmería “disponer inmediatamente el reemplazo de la custodia masculina por personal penitenciario exclusivamente femenino” y suspender “de manera automática el monitoreo de espacios íntimos por parte de hombres”.
También instruyó reparar inmediatamente la puerta de los servicios higiénicos y prohibió “estrictamente” restringir o negar el acceso al agua durante la noche.
La magistrada ordenó que las internas pudieran ingresar al baño cada vez que lo necesitaran, sin permanecer encerradas bajo llave, “manteniendo las mismas condiciones que se disponen para los hombres”.
Además, dispuso que la oficina de enfermería permaneciera abierta o en condiciones que permitieran supervisar constantemente a las pacientes.
La quinta medida ordenó al Hospital Horwitz instruir “una investigación sumaria o sumario administrativo” para determinar las eventuales responsabilidades del personal denunciado por maltrato, abandono de funciones y negligencia.
La jueza también exigió crear un canal externo, seguro y confidencial para recibir las denuncias de las internas e impedir que los funcionarios cuestionados tuvieran acceso a los reclamos.
Finalmente, concedió a Gendarmería y al Instituto Psiquiátrico un “plazo improrrogable de 48 horas” para informar las acciones concretas ejecutadas.
Los antecedentes llegaron a Fiscalía y Contraloría
El oficio ordenó remitir los antecedentes a la presidenta de la Corte Suprema, al ministro visitador de la Corte de Apelaciones de Santiago, a la Fiscalía Nacional, la Defensoría Penal Pública, la Dirección Nacional de Gendarmería y la Contraloría.
También fueron informados el Comité para la Prevención de la Tortura, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Posteriormente, el 30 de julio, Boutaud emitió el oficio N.º 16-2026, destinado a los jueces presidentes de los tribunales de garantía.
La magistrada explicó que, debido a que la UEPI recibe imputadas provenientes de distintas regiones, era indispensable que los jueces encargados de las visitas de cárcel pudieran efectuar un seguimiento del cumplimiento de las medidas ordenadas.
Gendarmería no completó la dotación femenina
La respuesta definitiva llegó un mes después.
En el oficio ordinario N.º 002397, del 28 de agosto, el director del Instituto Psiquiátrico Horwitz comunicó que la dotación femenina disponible y la propuesta formulada por la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería eran inferiores a la requerida.
Para mantener operativa la UEPI Mujeres se necesitaban tres funcionarias de Gendarmería por turno: nueve en total.
“Tanto la dotación actual de personal femenino de Gendarmería destinada a la custodia y trato directo de las imputadas internas en UEPI Mujeres, como la propuesta por la Directora Regional Metropolitana de GENCHI, es inferior a la requerida de tres funcionarias por turno”, establece el documento.
El hospital concluyó que mantener abierto el dispositivo en esas condiciones comprometía los derechos humanos de las imputadas y podía generar “eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales” para funcionarios y jefaturas del instituto y de Gendarmería.
“Se ha procedido al cierre de las camas de UEPI Mujeres, por no disponerse de personal penitenciario femenino suficiente para la custodia de las imputadas”, comunicó el director.
El oficio agregó que las mujeres podían continuar siendo víctimas de una “permanente vulneración de derechos humanos” y, por las mismas razones, dispuso “el cierre de las listas de espera para la UEPI Mujeres”.
El impacto en el sistema penal
La UEPI Mujeres recibe a imputadas que deben ser sometidas a evaluaciones psiquiátricas por orden de los tribunales. Estos peritajes pueden resultar determinantes para establecer si una persona se encuentra en condiciones de enfrentar un proceso penal.
El cierre, por lo tanto, no solo afecta a las internas o a quienes esperaban una cama. También puede incidir en investigaciones y causas judiciales tramitadas en diferentes regiones.
Los documentos revisados por la Unidad de Investigación de bío Bío no precisan qué ocurrirá con las mujeres que se encontraban en la lista de espera, dónde serán evaluadas mientras el dispositivo permanezca cerrado ni cuándo podría reabrirse. Por ahora, nadie ha respondido oficialmente qué pasará.
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