Patagonia chilena

El decreto argentino que define al Estrecho de Magallanes como un espacio de “control conjunto” es un error. Pero el verdadero problema no está solo en Buenos Aires, sino que en Santiago, y en la forma light con que hemos convertido la soberanía en un titular de tres días. Si la Patagonia chilena sirve para fotos presidenciales, gabinetes regionales y banderazos con motivo de un decreto polémico, pero desaparece de la agenda el resto del año, entonces no estamos defendiendo soberanía, solo estamos administrando simbolismos.

Que Argentina tenga listo un texto para derogar el Decreto 457/2021 es bienvenido, pero insuficiente. La pregunta política que queda abierta es otra: ¿qué hace Chile, de manera permanente, para que su soberanía en el extremo sur no dependa de la firma de un mandatario vecino, sino de la presencia efectiva del Estado chileno? Porque la soberanía se ejerce con puertos, aeródromos, patrullas, inversión, gente trabajando y viviendo en condiciones dignas en el fin del mundo.

Desde Coyhaique y Aysén vemos todos los días las contradicciones de este relato. Nos llaman “zona extrema” cuando conviene para justificar subsidios tímidos o cambios de hora, pero nos tratan como periferia cuando se discuten las grandes decisiones como infraestructura estratégica, defensa, conectividad aérea y marítima, políticas de seguridad para la Patagonia.

Si el Estrecho de Magallanes es tan importante como dicen los discursos, ¿por qué la presencia del Estado en el sur austral sigue siendo intermitente, fragmentada y dependiente de la contingencia?

Este episodio del decreto argentino debería servir para algo más que una ronda de declaraciones. Debería forzar una conversación de fondo sobre qué significa, en 2026, tener una política de Estado para la Patagonia chilena. Eso implica inversión estratégica sostenida, no solo anuncios en viajes presidenciales: infraestructura portuaria y aeroportuaria, energía, telecomunicaciones y vivienda que fijen población y actividad económica en el sur.

Patagonia chilena: desafíos y actor relevante en la agenda nacional

Implica una presencia integral del Estado, no solo carabineros y Armada cuando hay crisis, sino servicios públicos robustos, capacidad técnica local y decisiones descentralizadas que permitan responder con velocidad a los desafíos de la zona. Requiere seguridad y vigilancia efectivas en el mar y en la tierra, medios, personal y coordinación real entre instituciones, con una mirada de largo plazo y no solo de reacción a titulares.

Y exige una narrativa nacional clara para que la Patagonia no sea un apéndice pintoresco, sino un componente central de la identidad y del proyecto país. Si el Estrecho es clave para la soberanía, la Patagonia es clave para el futuro.

Desde Coyhaique no nos conformamos con ser la voz del sur que aplaude cada vez que en Santiago “defienden Magallanes” en los medios. Queremos ser parte de una política de Estado que se escriba con hechos, no con comunicados. La derogación del decreto argentino es necesaria, pero si detrás no viene una agenda concreta para la Patagonia chilena, estaremos corrigiendo un papel en Buenos Aires mientras seguimos abandonando el territorio en Chile.

Que esta semana, con la visita de Milei y el revuelo por el Decreto 457/2021, no termine en un “caso cerrado” cuando se firme la derogación. Que sea el punto de partida para exigir que la soberanía sobre el Estrecho se traduzca en una Patagonia chilena más integrada, más segura y más relevante en la agenda nacional. Porque si la soberanía es seria, la Patagonia tiene que dejar de ser el final del camino para convertirse en el centro de una estrategia de país.