Santiago no va a arder en llamas ni van a aparecer milicias con turbantes en La Moneda. Pero algo del espíritu talibán acaba de aterrizar en Chile. No viene en aviones capturados, sino en vuelos comerciales con escala en Madrid. No trae fusiles Kalashnikov, sino paneles, micrófonos y una red de fundaciones que cobran subvenciones del Estado español para predicar contra el Estado.
El Foro de Madrid, la cumbre de la ultraderecha iberoamericana, se instala en Santiago los días 3 y 4 de septiembre de 2026 con José Antonio Kast y Javier Milei como cabezas de cartel, junto a referentes de Vox y de otras derechas radicales de la región. La diferencia con los talibanes es obvia: estos no van a prohibir la música ni a cerrar las escuelas de niñas. Al menos no todavía. Pero la lógica de fondo tiene un aire de familia inquietante.
Los talibanes pasaron de ser una insurgencia rural, vista por muchos como una reliquia de los noventa, a gobernar Afganistán tras la retirada estadounidense y el colapso del gobierno de Kabul. Su victoria fue militar, pero también política: negociaron directamente con Washington, marginaron al gobierno afgano reconocido y convirtieron la toma del poder en la rectificación de un orden que juzgaban ilegítimo.
Algo parecido, en clave electoral, ocurre con varias derechas radicales que orbitan el Foro de Madrid. Giorgia Meloni en Italia, Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y, en Chile, José Antonio Kast, pasaron de ser figuras marginales, cuando no pintorescas, a ocupar el centro del poder. Lo que antes era un discurso de protesta, de nicho o de tertulia de WhatsApp o desinformación en redes durante sus campañas, hoy es programa de gobierno, agenda legislativa y relato oficial.
La diferencia decisiva es que los talibanes impusieron un emirato teocrático sin competencia electoral; las derechas del Foro llegaron por las urnas, dentro de sistemas democráticos. Eso no los hace equivalentes, pero tampoco los inmuniza. Ganar una elección no es un salvoconducto contra el iliberalismo, ni una patente para tratar los contrapesos como obstáculos que hay que sortear.
Los talibanes no entienden el Estado como un espacio de convivencia entre ciudadanos diversos, sino como el premio de una guerra larga y la herramienta para imponer un orden doctrinario. Su legitimidad no se mide por consentimiento popular ni reconocimiento internacional, sino por fidelidad a la misión y obediencia al emir.
Las ultraderechas del Foro comparten un gesto similar: presentan el Estado como el trofeo de una “guerra cultural” contra el progresismo, el globalismo, la inmigración o una supuesta “casta” corrupta. La democracia deja de ser un acuerdo para convivir con el que piensa distinto y se convierte en el mecanismo que habilita la victoria de un bando sobre sus adversarios.
En ambos casos, el Estado no es un fin público autónomo, sino un instrumento al servicio de un proyecto ideológico que se considera portador de la verdad. El resultado es parecido: quien gana siente que tiene derecho a remodelar las reglas del juego a su imagen y semejanza.
Los talibanes negociaron con Estados Unidos, su principal enemigo durante dos décadas; mantuvieron vínculos con Pakistán, su retaguardia histórica; y hoy coquetean con Rusia y China, mientras se pelean con Islamabad. No es incoherencia: es pragmatismo. La ideología no desaparece; se ordena bajo la prioridad de consolidar el régimen.
Las derechas del Foro hacen lo mismo. Denuncian a las élites, pero cultivan redes de financiamiento, fundaciones y asesores internacionales. Impugnan la transacción, pero negocian votos, cargos y coaliciones. Prometen soberanía, pero participan en una internacional propia, con conferencias, logos y circuitos de validación simbólica. No es una hipocresía excepcional; es la forma contemporánea de hacer política.
En Chile, esto se ve en la relación entre Kast, el Partido Republicano y la derecha tradicional. Evópoli se desmarcó públicamente del Foro de Madrid; parlamentarios de RN y la UDI, en cambio, participan o anuncian su presencia en actividades relacionadas. La derecha chilena enfrenta el dilema clásico: tomar distancia para preservar una identidad propia o aproximarse para no quedar fuera del nuevo centro de gravedad. En política, la moderación suele ser una convicción hasta que se transforma en un problema de supervivencia electoral.
Nadie va a prohibir el rock en el Movistar Arena ni a cerrar las universidades por decreto. Chile no es Afganistán y el gobierno de Kast no es un emirato. Sería intelectualmente pobre y moralmente trivial equiparar un gobierno electo con un régimen insurgente que niega la competencia democrática.
Pero el paralelo sirve para algo más modesto y más incómodo: recordar que toda fuerza política, por muy democrática que sea su llegada, puede tratar la democracia como un medio para ganar y no como un fin para convivir. Los talibanes lo hacen a cara descubierta; las ultraderechas del Foro, con trajes, paneles y redes sociales. El resultado no es el mismo, pero la tentación es similar.
Los talibanes tomaron Kabul convencidos de que ganar la guerra les daba derecho a rehacer el país. Las ultraderechas del Foro llegan a Santiago convencidas de que ganar elecciones les da derecho a reordenar el Estado a imagen de una comunidad ideológica. Unos lo llaman emirato; otros, libertad, soberanía o defensa de Occidente.
En ambos casos, el problema aparece cuando el Estado deja de pertenecer a todos y pasa a ser el trofeo moral de quienes dicen haber ganado la batalla final. Santiago no se va a convertir en Kandahar. Pero vale la pena preguntar quién cree que, por haber ganado, puede empezar a tratar a los demás como vencidos.
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