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Cada vez que un evento climático extremo golpea al país, la discusión pública vuelve a centrarse en las mismas preguntas: ¿por qué ocurrió?, ¿quién falló?, ¿cómo reconstruiremos? Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre una cuestión mucho más relevante: ¿estamos planificando la infraestructura que Chile necesitará dentro de veinte o treinta años?
La respuesta, lamentablemente, es que todavía no.
Los temporales que recientemente afectaron al norte del país, al igual que los incendios forestales, las inundaciones de años anteriores o incluso las sequías prolongadas, no son hechos aislados. Son manifestaciones de una nueva realidad climática que exige cambiar profundamente la forma en que concebimos la infraestructura pública.
Durante décadas, Chile ha demostrado que puede aprender de las catástrofes. Lo hizo después del terremoto de 1960 y, especialmente, tras el de 1985 y el de 2010. Hoy contamos con una de las normativas sísmicas más exigentes del mundo porque entendimos que construir mejor salva vidas. Ese aprendizaje, sin embargo, aún no ha sido plenamente trasladado a la planificación territorial y a la infraestructura frente a amenazas climáticas.
El principal desafío no es únicamente construir obras más resistentes. Es cambiar la escala temporal con la que las pensamos.
La infraestructura no puede diseñarse para responder al próximo invierno ni al siguiente periodo presidencial. Debe proyectarse para varias décadas, considerando escenarios de incertidumbre, cambio climático y crecimiento urbano. Un puente, una carretera, una red de agua potable o una línea eléctrica seguirán prestando servicio mucho después de que hayan cambiado varios gobiernos. Por eso requieren una visión que trascienda las prioridades coyunturales y responda a una estrategia de Estado.
En Chile, sin embargo, esa mirada de largo plazo suele verse tensionada por ciclos políticos cada vez más breves. Desde que los periodos presidenciales se redujeron a cuatro años sin reelección inmediata, los incentivos para impulsar proyectos cuya maduración supera un mandato se han debilitado. No porque falten buenas ideas, sino porque resulta difícil sostener políticas públicas cuya materialización dependerá de administraciones futuras.
Eso no significa que el país no planifique. Existen carteras de proyectos, planes sectoriales y estudios técnicos de gran calidad. Lo que aún falta es una institucionalidad capaz de asegurar continuidad, financiamiento y gobernanza para aquellas inversiones estratégicas que deben mantenerse independientemente del color político del gobierno de turno.
La experiencia internacional muestra que muchos países han enfrentado este desafío creando organismos permanentes que planifican infraestructura con horizontes de veinte o treinta años. Su función no es reemplazar a los gobiernos, sino entregar una visión técnica que permita sostener prioridades nacionales más allá de los ciclos electorales. Pero la resiliencia no depende únicamente de construir obras más robustas. También exige comprender mejor el territorio.
Sabemos que los ríos recuperan sus antiguos cauces, que las quebradas vuelven a activarse y que los eventos extremos seguirán ocurriendo con mayor frecuencia. Persistir en la ocupación de zonas de riesgo significa ignorar esa memoria territorial y aumentar nuestra vulnerabilidad. La planificación urbana debe asumir ese conocimiento y traducirlo en decisiones concretas sobre dónde construir, dónde proteger y dónde simplemente no urbanizar.
Al mismo tiempo, debemos ampliar nuestra manera de evaluar las inversiones públicas. Una infraestructura resiliente genera beneficios que muchas veces no aparecen en los análisis tradicionales: reduce pérdidas humanas, disminuye interrupciones de servicios esenciales, protege cadenas logísticas, evita daños futuros y fortalece la capacidad de recuperación de las comunidades. Esos beneficios también son desarrollo.
Chile tiene la oportunidad de dar un nuevo salto, similar al que dio hace décadas en materia de ingeniería sísmica. Hoy el desafío no consiste únicamente en resistir mejor los desastres, sino en anticiparlos mediante infraestructura, planificación territorial e instituciones capaces de pensar el país en el largo plazo.
Porque las próximas emergencias no preguntarán qué gobierno estaba en ejercicio cuando se diseñó una obra. Solo pondrán a prueba si fuimos capaces de planificar un país preparado para enfrentarlas.
Carlos Aguirre
Académico e investigador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián.
Consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
