Respuesta a columna "Ucrania nazificada...mito o realidad"

La pluralidad de opiniones constituye uno de los pilares del debate democrático. También lo es el derecho de cualquier autor a cuestionar gobiernos, revisar procesos históricos o proponer interpretaciones alternativas sobre conflictos internacionales. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre una interpretación discutible y un texto que abandona los estándares mínimos de rigor documental.

La reciente columna “Ucrania nazificada… ¿mito o realidad?” representa un ejemplo preocupante de este último caso. No porque plantee preguntas incómodas, que siempre deben poder formularse, sino porque construye una narrativa basada en afirmaciones extraordinarias que carecen, en la mayoría de los casos, de respaldo verificable.

El texto reúne cifras, citas, episodios históricos y conclusiones categóricas sin aportar una sola referencia documental que permita al lector comprobar su origen. Se mencionan millones de víctimas, decenas de miles de muertos, declaraciones atribuidas a autoridades ucranianas, supuestas decisiones de gobiernos extranjeros y hechos históricos de enorme gravedad sin indicar archivos, investigaciones académicas, documentos oficiales, sentencias judiciales o estudios especializados que sustenten tales afirmaciones.

Ese no es un problema menor, es precisamente el mecanismo mediante el cual opera la desinformación, mezclando hechos reales con datos falsos, exageraciones, omisiones y relaciones causales que nunca son demostradas. El resultado es un relato que transmite apariencia de erudición, pero que resulta extraordinariamente difícil de verificar porque prácticamente ninguna afirmación importante se encuentra documentada.

Paradójicamente, algunos de los hechos mencionados sí forman parte de la historiografía seria. La colaboración inicial de sectores de la población ucrania con la temprana Alemania nazi, la participación de ucranianos en crímenes contra la población judía, las masacres de Volinia o el origen del Batallón Azov son asuntos ampliamente estudiados por investigadores ucranianos, polacos, israelíes, alemanes, estadounidenses y canadienses. Nadie necesita negarlos, pero permitamos que sean estos académicos que investiguen metodológicamente y presenten sus resultados.

El problema comienza cuando esos hechos son utilizados como punto de partida para construir afirmaciones que ya no resisten el menor contraste con la evidencia disponible.

Resulta imposible tomar en serio un texto que presenta a Iván Mazepa, fallecido en 1709, como referente del nazismo, o que atribuye a Stepan Bandera la fundación del nacionalismo ucraniano, ignorando más de un siglo de desarrollo intelectual previo. Tampoco ayuda afirmar que Petro Poroshenko llegó al poder mediante un golpe de Estado, cuando fue elegido en elecciones presidenciales reconocidas internacionalmente.

Más preocupante aún es la utilización de cifras sin contexto. El artículo sostiene que el gobierno ucraniano asesinó a más de trece mil ciudadanos en el Donbás. Esa cifra corresponde, en realidad, al total aproximado de víctimas del conflicto entre 2014 y comienzos de 2022, incluyendo militares ucranianos, combatientes separatistas respaldados por Rusia y civiles de ambos bandos. Transformar el total de víctimas de una guerra en asesinatos cometidos por un solo gobierno no constituye una interpretación histórica: constituye una manipulación estadística.

El mismo patrón se repite a lo largo de toda la columna. Se atribuyen al Batallón Azov responsabilidades judicialmente no establecidas; se presentan como hechos consumados afirmaciones cuya única circulación conocida proviene de medios estatales rusos o de redes de desinformación; se citan supuestas declaraciones sin indicar cuándo fueron pronunciadas, dónde fueron publicadas o si realmente existieron.

Especialmente revelador resulta el tratamiento que el artículo hace de las relaciones entre Polonia y Ucrania. Se menciona la controversia en torno a la Orden del Águila Blanca conferida al presidente Volodímir Zelensky como si ese episodio constituyera una condena definitiva de Polonia hacia Ucrania.

Aun admitiendo la existencia de decisiones o gestos políticos recientes, resulta metodológicamente inaceptable extrapolar la posición circunstancial de un gobierno o de un presidente a la voluntad permanente del Estado polaco o, menos aún, del pueblo polaco. Las relaciones entre ambos países han estado marcadas simultáneamente por profundas heridas históricas y por una cooperación sin precedentes desde la invasión rusa de 2022. Reducir esa compleja realidad a un único episodio político constituye una simplificación que distorsiona el contexto histórico. Todo ello conduce a un problema aún mayor: la generalización.

El texto parte de la existencia de grupos extremistas, algo que ningún investigador serio discute, para concluir que el Estado ucraniano, sus Fuerzas Armadas y una parte importante de su sociedad serían esencialmente nazis. Esa conclusión simplemente no se desprende de la evidencia disponible.

Las democracias contemporáneas conviven, lamentablemente, con grupos de extremistas. Rusia, Alemania, Francia, Italia, España, Estados Unidos y prácticamente todos los países europeos los tienen. La existencia de estos grupos constituye un problema político real, pero no convierte automáticamente a un Estado entero en un régimen nazi. Aplicar ese razonamiento exclusivamente a Ucrania revela un criterio que difícilmente podría sostenerse para cualquier otro país. Y lo más llamativo es que la propia realidad política ucraniana contradice esa narrativa.

En las últimas elecciones previas a la invasión a gran escala, los partidos de extrema derecha obtuvieron un apoyo electoral marginal. El presidente Volodímir Zelenski es judío, su familia sufrió el Holocausto y fue elegido democráticamente con más del setenta por ciento de los votos. Ninguno de estos hechos prueba, por sí solo, que Ucrania esté libre de extremismos. Pero sí obliga a matizar seriamente cualquier intento de presentar al país como un proyecto político dominado por el nazismo.

La discusión pública necesita opiniones fuertes. Necesita críticas severas. Necesita incluso revisar episodios incómodos de la historia ucraniana que durante décadas fueron ignorados o instrumentalizados. Lo que no necesita son textos que sustituyan el análisis por afirmaciones sin respaldo.

Una columna de opinión no está obligada a ser neutral, pero si debe mínimamente respetar los hechos, no puede basarse en ficciones o creencias populares. Cuando desaparecen las fuentes, las cifras verificables y el contexto histórico, la opinión deja de contribuir al debate público y comienza a parecerse a propaganda. Y la propaganda, independientemente de su origen, nunca constituye un buen servicio para los lectores.

Alejandro Pundyk
Lic. en Administración, Universidad de Buenos Aires.
Descendiente de ucranianos.
Activista por Ucrania y traductor al español del libro Ecos de guerra.