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Los mapas electorales de América Latina demuestran que el continente está roto por la mitad de manera casi aritmética. Las elecciones recientes en Perú y Colombia, junto con las que se avecinan en Brasil en octubre, comparten un denominador tan llamativo como inquietante: la victoria por márgenes microscópicos, sociedades escindidas entre dos bandos irreconciliables y clases políticas que han hecho de la confrontación un modo permanente de existencia.
En Perú, la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez terminó siendo una de las más ajustadas de la historia reciente del continente. En Colombia, tras una contienda que desplazó a todos los candidatos de centro y dejó la definición en manos de los extremos, tenemos un margen de menos de un punto porcentual. Y Brasil se encamina a octubre en idéntica sintonía: las encuestas muestran un escenario levemente favorable a Lula da Silva con un 49% del electorado y Flávio Bolsonaro con un 47% en un balotaje.
Cuando los márgenes son tan estrechos, la derrota se vuelve difícil de reconocer. La oposición recurre entonces a la denuncia como herramienta para alterar los resultados que las urnas no le dieron, sembrando dudas sobre la validez del proceso y alimentando la desconfianza de la ciudadanía.
Hay una diferencia sustancial entre ejercer legítimamente el derecho a impugnar y convertir la denuncia en un instrumento sistemático de deslegitimación. Cuando el cuestionamiento se activa automáticamente cada vez que se pierde, lo que se erosiona no es solo la confianza en un proceso particular, sino la confianza en la democracia misma. El ganador llega al gobierno sin haber terminado de ganar, disputado por una oposición que no ha terminado de perder. Es un comienzo débil para cualquier mandato.
Pero el problema más profundo no es el proceso electoral, sino lo que viene después. Porque una cosa es estar en campaña, denunciando las falencias del adversario, agudizando las diferencias, y otra muy distinta es gobernar. La seguridad pública, la economía, la educación, la corrupción, el endeudamiento: ninguno de estos desafíos tiene solución ideológica pura, y ninguno puede resolverse sin construir acuerdos con actores que piensan distinto.
El grave peligro de la polarización es que los gobernantes elegidos con el 50% del voto terminen gobernando sólo para ese 50%, ignorando que la otra mitad también paga impuestos, necesita hospitales y tiene derecho a verse reflejada en las políticas del Estado. Un gobierno que trata a la mitad de su población como enemigo doméstico no está gobernando. Aquellos gobiernos son los que gobiernan en lógica de campaña electoral de manera prolongada.
Bolivia lo ilustra con dureza: Rodrigo Paz ganó con legitimidad democrática, pero la polarización era tan profunda que su victoria formal no bastó para sostener su mandato frente a la presión callejera. La mayoría aritmética, sin ningún consenso político que la respalde, puede ser insuficiente.
Hay una pregunta que este momento regional obliga a hacerse: ¿va a dejar de existir la izquierda porque gane la derecha? ¿Va a desaparecer la derecha porque gane la izquierda? La respuesta es obvia.
La izquierda y la derecha son expresiones de tensiones reales que existen en toda sociedad compleja y que no desaparecen con ninguna elección. Lo que esta coyuntura reclama, con urgencia, es una reivindicación del centro como método de construcción política: la disposición a reconocer que el adversario tiene razones legítimas, la voluntad de negociar sin traicionar principios fundamentales, la comprensión de que el bien común exige ceder algo para ganar algo.
Los centros no son glamorosos en tiempos de polarización, pero son los que permiten que las democracias funcionen en el tiempo, que las reformas sobrevivan a los cambios de gobierno, que los países construyan sobre lo construido en lugar de empezar de cero cada cuatro años. América Latina lleva demasiadas décadas de inestabilidad como para darse el lujo de seguir ignorando esta lección.
Fernanda Garretón
Coordinadora Internacional de IdeaPaís
