La Macrozona Norte de Chile durante la última mitad de la década fue el epicentro de una severa crisis institucional y humanitaria por el flujo descontrolado de migrantes a través del desierto de Tarapacá, experimenta un drástico cambio de escenario. El último Informe Estadístico Migratorio de la Policía de Investigaciones (PDI), que abarca el periodo enero-mayo de 2026, consolidó una reducción histórica en los índices de ingreso clandestino al país.
De acuerdo al documento oficial, los extranjeros detectados entrando por pasos no habilitados en la frontera norte se desplomaron un 86% en comparación con el mismo ciclo de 2025, descendiendo desde los 6.957 casos registrados el año pasado a apenas 964 detecciones en la medición actual.
El quiebre estadístico adquiere mayor relevancia al contrastarse con el denominado “peak de la crisis”. Entre enero y mayo de 2022, la PDI llegó a contabilizar 14.861 accesos irregulares en la zona, convirtiendo a la localidad de Colchane, de sólo 1.500 habitantes, en el eje de un debate político transversal debido al colapso de sus servicios y la proliferación de campamentos improvisados. En la actualidad, la Región de Tarapacá, históricamente el principal punto de acceso, anotó una baja del 88%, pasando de 6.680 a 772 detecciones.
Factor político
Existen varias interpretaciones a nivel general respecto a estas cifras, partiendo por lo ocurrido la madrugada del 3 de enero de 2026 en Caracas, a las 02:01 hora local de Venezuela, cuando una operativo dirigido y financiado por Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y su mujer.
Ese hecho, sumado al traspaso de mando presidencial del pasado 11 de marzo, fecha en que la administración de José Antonio Kast asumió el control del Ejecutivo e instruyó un reforzamiento a las directrices de seguridad fronteriza, priorizando la ejecución material de expulsiones y el control territorial.
Las cifras de la PDI reflejan un incremento en la actividad fiscalizadora puertas adentro. En los primeros cinco meses del año se fiscalizó a 21.871 extranjeros a nivel nacional, lo que representa un aumento del 37% respecto a 2025. El reporte resalta la eficiencia operativa, puesto que el alza en las fiscalizaciones se logró ejecutando apenas un 23% más de operativos policiales.
Alza en expulsiones
En cuanto a las expulsiones ejecutadas, la estadística general arrojó un alza del 69%, moviéndose de 478 a 808 casos totales. El desglose detalla que las expulsiones de origen administrativo se duplicaron: de 361 a 710. Mientras que las de orden de los tribunales (judiciales) sufrieron una leve contracción. Por nacionalidades, la lista de expulsados la encabezan ciudadanos colombianos (343), seguidos por bolivianos (178) y venezolanos (116).
Respecto a la logística de expulsión, el uso de vuelos chárter privados o de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) pasó de dos a cuatro frecuencias operadas, permitiendo la salida forzosa de 243 personas frente a las 72 del año anterior, marcando una variación del 238%.
Salidas voluntarias
Un dato clave son las salidas voluntarias. Un total de 4.400 ciudadanos extranjeros que permanecían de forma irregular en Chile optaron por abandonar el territorio nacional por pasos habilitados por sus propios medios y sin decretos expulsorios vigentes de por medio.
El fenómeno muestra una aceleración sostenida mes a mes, saltando de 450 salidas voluntarias en enero a 1.214 en mayo. Del total de personas que decidieron acogerse a esta vía de retiro, el 72,7% corresponde a ciudadanos de nacionalidad venezolana (3.203 personas), seguidos por colombianos (487) y bolivianos (225).