Cada cierto tiempo reaparece el debate sobre la calidad de la educación. Los diagnósticos suelen concentrarse en comprensión lectora, matemáticas, habilidades digitales o incorporación de nuevas tecnologías. Sin embargo, existe una pregunta menos frecuente, pero probablemente más relevante: ¿estamos preparando a las personas para asumir las decisiones que definirán gran parte de su vida adulta?
La respuesta merece atención. Durante más de una década, millones de estudiantes adquieren conocimientos indispensables para su formación académica y profesional. Sin embargo, al momento de enfrentar algunas de las decisiones con mayor impacto económico, jurídico y patrimonial, la experiencia suele ser muy distinta. Contratar un crédito hipotecario, constituir una sociedad, aceptar una herencia, asumir una obligación como aval o comprender las implicancias de un régimen tributario son situaciones que afectan años, e incluso décadas, de la vida de una persona. Pese a ello, la mayoría debe enfrentarlas sin preparación previa.
Desde la práctica profesional, resulta frecuente observar conflictos que no se originan en la mala fe ni en intentos deliberados de incumplir obligaciones legales. Surgen, más bien, de decisiones adoptadas sin comprender plenamente sus consecuencias. Emprendedores que escogen estructuras societarias incompatibles con la evolución de sus negocios, contribuyentes que asumen cargas tributarias innecesarias o familias que enfrentan complejos conflictos sucesorios por no haber abordado oportunamente la planificación patrimonial constituyen ejemplos habituales de una realidad mucho más extendida de lo que suele reconocerse.
Con frecuencia, estas situaciones se analizan bajo el concepto de educación financiera. Sin embargo, esa definición resulta insuficiente. El problema no se limita al desconocimiento de productos financieros, instrumentos de inversión o mecanismos de ahorro; consiste en formar personas capaces de evaluar riesgos, proyectar efectos futuros y comprender las obligaciones asociadas a sus decisiones. Esa capacidad es la que permite ejercer una autonomía real.
La relevancia de esta materia trasciende el ámbito económico. La incertidumbre respecto de decisiones patrimoniales relevantes suele traducirse en conflictos familiares, sobreendeudamiento, errores de planificación, litigios evitables y una creciente sensación de vulnerabilidad frente a sistemas que resultan complejos para quienes nunca fueron preparados para comprenderlos.
Por ello, la discusión educativa podría requerir un cambio de enfoque. Más que preguntarnos únicamente qué conocimientos técnicos deben incorporarse a los programas de estudio, quizás debiéramos reflexionar sobre cómo preparar a las personas para desenvolverse en un entorno donde las decisiones relevantes son cada vez más complejas y sus consecuencias más duraderas.
Una sociedad que exige a sus ciudadanos asumir responsabilidades económicas, jurídicas y patrimoniales crecientes no puede desentenderse de las herramientas necesarias para comprenderlas. De lo contrario, la autonomía corre el riesgo de transformarse en una promesa formal más que en una capacidad efectiva.
Porque la vida adulta no comienza cuando una persona termina sus estudios. Comienza cuando debe tomar decisiones cuyos efectos la acompañarán durante años. Y para eso, todavía estamos educando muy poco.
Carla Huerta Miranda
Abogada Tributaria
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