La industria armamentista considera un gasto mundial cercano a los US$3 billones anuales y nuestro país no es un actor pasivo. Producimos y exportamos minerales que son clave para la guerra, pero no sabemos en manos de quién caerán las armas que se producen. La tradición pacifista nos ha hecho cuestionar históricamente los conflictos armados, pero no nuestro aporte en ellos.

“Defiendo principios y me siento orgulloso”. Con estas palabras, el expresidente Gabriel Boric argumentó en 2024 la decisión de vetar a Israel de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), en reprimenda por sus acciones en medio del conflicto en la Franja de Gaza. Pero esta no fue la primera vez que un jefe de Estado tomó acciones para cuestionar comportamientos bélicos fuera de nuestras fronteras.

En 2022, el expresidente Sebastián Piñera usó la misma fórmula prohibiendo la participación de Rusia en el estelar certamen de la aviación, planteando críticas hacia el país liderado por Vladimir Putin en medio de la guerra en Ucrania. E incluso antes, en 2003, ocurrió el recordado “no” del expresidente Ricardo Lagos a Estados Unidos, país que buscaba respaldo multilateral para invadir Irak.

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Si bien nuestra política exterior ha olvidado las posiciones de Estado que antaño nos hacían enarbolar banderas desde Maipú a Las Condes, la conciencia colectiva sí ha establecido límites morales respecto de la guerra. Se puede señalar, con cierta certeza, que a la cultura chilena no le viene el conflicto ni mucho menos el respaldo de acciones militares…al menos a viva voz.

Sin embargo, pese a nuestra tendencia a querer ser más prístinos que el Papa, existe opacidad en cómo, de forma indirecta, nos hemos transformado en proveedores de una industria armamentista que año tras año requiere más y mejores municiones.

¿A quién llegan nuestras balas?

A excepción del acotado rol de la estatal Famae y el extinto emporio armamentista de Carlos Cardoen, Chile no tiene vocación por la industria del enfrentamiento. Pero no podemos decir lo mismo de quienes compran los minerales nacionales que, junto con ser catalogados como insumos indispensables para la transición energética, también entran en la categoría de metales de guerra.

Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, en 2025 Chile lideró la producción de cobre (23%) y renio (37%), posicionándose junto a potencias como Sudáfrica, República Democrática del Congo y China en la cadena de suministro de minerales esenciales para la acción bélica.

En la arena militar también se ha destacado la importancia del litio, mineral en el que Chile tiene una destacada participación internacional. Todo esto sumado al potencial que tiene la región del Biobío en tierras raras, elementos que son vitales para la tecnología armamentista más avanzada.

En términos operativos, el cobre es esencial para sistemas eléctricos y electrónicos militares y es parte de los elementos necesarios para la elaboración de miras infrarrojas terrestres. Por su parte, el renio es clave en la fabricación de superaleaciones de alta resistencia utilizadas en motores de aviones de combate, misiles y sistemas aeroespaciales, ya que permite operar a temperaturas extremas sin perder eficiencia.

Por su parte, el litio es empleado en baterías de drones, arma cada vez más determinante en la guerra, y en equipos de comunicación militar, misiles de defensa aérea e incluso, luego de ser procesado de manera específica, como elemento auxiliar para la elaboración de bombas de hidrógeno que, en lenguaje corriente, son un tipo de arma nuclear incluso más potente que las bombas utilizadas en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial.

Con todo esto, el gasto militar mundial alcanzó los US$2,718 billones en 2024, el mayor incremento registrado desde 1988, año que precedió la caída del Muro de Berlín.

Ojos que no ven, corazón que no siente

Considerando la gran demanda y la valorización de nuestros productos en la industria militar, las preguntas clave son: ¿Sabemos en qué guerra han volado los drones energizados por batería de nuestro litio? ¿Cuántos buques hechos con parte de nuestro cobre operan hoy en una guerra activa? ¿Cuántas personas han muerto por armas que fueron construidas con nuestros minerales?

En enero de 2026 se publicó la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, documento que señala de forma explícita que uno de los intereses de los países que demandan estos insumos es la defensa militar. Junto con enfatizar que las cadenas de suministro de las que queremos participar exigen principios de responsabilidad ambiental, trazabilidad, gobernanza y respeto por los derechos humanos. Sin embargo, nada se dice de potenciales controles a la exportación que apunten a, por lo menos, saber dónde llegan nuestros productos.

Hoy por hoy, el planeta mantiene diversos conflictos abiertos como la guerra entre Rusia y Ucrania; la guerra civil de Sudán; la guerra civil de Myanmar; la guerra en Gaza; el conflicto entre Israel y Hezbolá en Líbano; la guerra civil de Yemen; la guerra civil siria; el conflicto del Kivu en la República Democrática del Congo; los conflictos armados en Etiopía; la violencia yihadista en el Sahel, especialmente en Mali, Burkina Faso y Níger; la guerra civil en Somalia; el conflicto en Afganistán; el conflicto armado interno en Ecuador; la guerra contra el narcotráfico en México; el conflicto en Colombia; la escalada bélica desatada entre Estados Unidos e Irán; y otras crisis armadas como la de Haití. Y, aunque en mucho menor medida, la propia disputa de nuestras policías contra grupos criminales que en el último tiempo han aumentado su poder de fuego.

Si bien es cierto que ojos que no ven, corazón que no siente, nuestra tradición pacifista nos obliga a por lo menos debatir mecanismos que nos permitan tener conciencia de cuáles son los usos de nuestros minerales a fin de limitar, dentro de lo posible, la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace.

Al final, la lealtad con los principios morales siempre tendrá costos, el tema es hasta dónde se llega para ser fiel con lo que se cree.

Según nuestro Código Penal, son cómplices quienes, sin ser autores del delito, “cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos”.

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