Chile depende de una relación compleja, estratégica y cada vez más sensible con China, pero no está claro que el actual gobierno la esté conduciendo con la atención que exige.
China se encamina a suspender desde mayo sus exportaciones de ácido sulfúrico. A primera vista, parece un asunto técnico y distante del debate público. No lo es. Para Chile, se trata de un insumo relevante para parte importante de la minería del cobre y también para la producción de fertilizantes.
Más aún, según datos comerciales recientes, Chile absorbe cerca de la mitad de las exportaciones chinas de este producto. Por lo mismo, no estamos frente a una restricción cualquiera, sino ante una medida cuyo impacto sobre Chile era enteramente previsible.
La pregunta, entonces, es simple. ¿Se trata de una decisión adoptada para proteger necesidades internas de China, o de una medida tomada con plena conciencia de que el principal costo recaería sobre Chile?
Es perfectamente plausible que Beijing haya actuado pensando primero en su mercado doméstico. En un escenario de presión sobre fertilizantes, volatilidad internacional y disrupciones logísticas, no sería extraño que priorizara el resguardo de insumos sensibles. Los Estados grandes lo hacen con frecuencia cuando perciben que el entorno externo se vuelve más incierto.
Pero esa explicación no elimina el problema para Chile. Si nuestro país concentra una porción tan alta de ese mercado, Beijing sabía desde el inicio dónde se sentiría con mayor fuerza la restricción. No hace falta atribuir intenciones punitivas para advertir la dimensión política del episodio. Basta con reconocer un hecho evidente: la decisión se adoptó con conocimiento claro de quién enfrentaría el mayor costo externo.
Eso vuelve la discusión inevitable. No porque deba sobre reaccionarse, sino porque un gobierno serio tiene la obligación de preguntarse qué revela este episodio sobre la relación bilateral y sobre la capacidad de Chile para gestionar una situación de fricción con su principal socio comercial.
En relaciones internacionales, la solidez de un vínculo no se mide sólo en tiempos normales. Se mide, sobre todo, cuando aparece un problema concreto y hay que abrir canales, pedir claridad, gestionar márgenes o intentar reducir costos. Es en esos momentos cuando se comprueba si existe una política exterior trabajada con seriedad o si, por el contrario, la relación ha sido administrada por inercia.
Y ahí está el punto de fondo. Este episodio no sólo expone una vulnerabilidad comercial o logística. También deja en evidencia una fragilidad política. Chile depende de una relación compleja, estratégica y cada vez más sensible con China, pero no está claro que el actual gobierno la esté conduciendo con la atención que exige.
La administración Kast ha mostrado convicciones muy definidas en materias de seguridad, orden público y crecimiento. Sin embargo, en política exterior hacia China lo que se observa hasta ahora es algo distinto: ausencia de diseño visible, escasa claridad estratégica y una conducción que parece más reactiva que planificada. En una relación de esta magnitud, eso no es un detalle menor.
No se trata de exigir afinidad política con Beijing, ni menos de pedir complacencia frente a sus decisiones. Se trata de algo más básico: contar con una arquitectura de política exterior capaz de administrar una relación indispensable sin improvisación, sin señales contradictorias y sin amateurismo. Cuando se trata del principal socio comercial de Chile, eso debería ser el mínimo.
El problema es que los déficits de política exterior rara vez se pagan de inmediato. Durante un tiempo pueden pasar inadvertidos. No producen necesariamente una crisis, no generan titulares diarios y muchas veces se confunden con normalidad. Pero se acumulan. Y cuando surge una situación sensible, el costo aparece de manera concreta: en la falta de interlocución, en la ausencia de flexibilidad, en la imposibilidad de obtener certezas o, simplemente, en la incapacidad de reaccionar con eficacia.
Por eso, la discusión no debería agotarse en determinar si China quiso o no perjudicar a Chile. Esa es una pregunta legítima, pero no la única ni necesariamente la más importante. La cuestión de fondo es otra: si Chile está preparado para gestionar con profesionalismo una relación estratégica en un entorno internacional cada vez más áspero. Hoy, la respuesta no parece especialmente tranquilizadora.
Los errores en política exterior no siempre producen un costo inmediato, pero suelen dejar una cuenta pendiente. Primero se subestiman. Después se relativizan. Más tarde se administran como si fueran un problema pasajero. Hasta que finalmente se pagan.
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