El fraude de la confianza legítima

La transición en Chile enfrenta una grave distorsión: la instrumentalización de la confianza legítima como amarre burocrático. Lo que nació como protección ante la arbitrariedad hoy muta en estrategia política, plasmada en el Protocolo de Acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público.

Esta maniobra no busca proteger el mérito, sino que perpetuar una estructura funcionaria vinculada a la gestión saliente, comprometiendo el patrimonio fiscal y la gobernabilidad de la futura administración de José Antonio Kast.

El conflicto es jurídico, pero con profundas raíces políticas. Mientras la Corte Suprema ha unificado criterios estableciendo que la confianza legítima se adquiere tras cinco años de renovaciones continuas, el protocolo busca reducir este estándar por ley a solo dos años.

Esta medida constituye un blindaje para una dotación que creció sin control, obstaculizando la reorganización de los servicios bajo criterios de eficiencia.

Las cifras indican que dotación estatal se expandió en 104.076 personas entre marzo 2022 y septiembre de 2024. Este crecimiento se concentró en municipios, servicios de salud y universidades.

Al exigir actos administrativos fundados para no renovar vínculos de apenas dos años, este aumento los transforma en cargos inamovibles, eludiendo la selección competitiva y trasladando la carga de la prueba al Estado de manera desproporcionada.

A este escenario se suma un legado fiscal crítico. El Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián advierte que el presupuesto 2026 se traspasa con ingresos sobreestimados y metas incumplidas. El acuerdo suscrito está desfinanciado en aproximadamente US$ 1.150 millones, en un contexto donde la responsabilidad fiscal exigiría contraer el gasto.

Este amarre no solo rigidiza la caja fiscal, sino que blinda a asesores y operadores que -por ética republicana-, deberían cesar sus funciones junto a la autoridad que los nombró.

La confianza legítima no puede ser un mecanismo de captura institucional. La probidad exige que los cambios de mando permitan una renovación técnica bajo nuevas directrices democráticas. Respetar la alternancia implica entregar el Estado sin cambiar las reglas a última hora, permitiendo al nuevo administrador conformar sus equipos sin los cerrojos de una normativa hecha a la medida y sin sustento financiero real.

Aldo Manuel Herrera
Maricarmen Garrido Iracheta
Investigadores Instituto Libertad