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Contraloría y Consejo de Defensa del Estado investigan posible caso de cohecho en la Seremi de Transporte de Valparaíso, tras denuncia contra Carol Farreaut por recibir pagos de empresa operadora. Se inició sumario administrativo y auditoría integral en MTT Valparaíso desde marzo de 2022. Chile Transparente destaca problema de control interno en instituciones públicas. Diputado Hotuiti Teao pide que se informe a la Comisión de Transporte de la Cámara.
Se trata de una denuncia anónima presentada el 27 de octubre y que apunta a Carol Farreaut, subalterna del ex coordinador regional de la División de Transporte Público Regional, Pablo Ulloa. La ahora extrabajadora habría recibido pagos, a título personal, por prestaciones de servicios a una empresa operadora.
Sumario y auditoría integral en MTT Valparaíso
Mediante un comunicado, la seremi anunció que tras recibir la acusación en contra de la funcionaria, que ingresó al servicio en 2020, se inició de inmediato un sumario administrativo y se informó de la situación a la Contraloría.
Además, precisó que “se ordenó una auditoría integral a la administración de los contratos de operación en Valparaíso desde el 11 de marzo de 2022 a la fecha, para revisar los procesos llevados adelante tanto por la funcionaria como a nivel global de la Seremi”.
De igual forma, afirmó que se “han puesto en conocimiento de la Fiscalía los antecedentes adicionales que se han ido recabando, así como también los actos administrativos que dan cuenta de las medidas internas adoptadas por la autoridad para resguardar el debido funcionamiento de la Secretaría Regional Ministerial en términos orgánicos y funcionales”.
Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, sostuvo que este presunto caso de corrupción dejaría a la vista el problema de control interno en las instituciones públicas.
Por su parte, el diputado Hotuiti Teao expresó que es necesario que las autoridades de la Seremi presenten el problema ante la Comisión de Transporte de la Cámara.
El sumario se encuentra en desarrollo, mientras los antecedentes fueron compartidos a la Contraloría General de la República. En tanto, la documentación de los procesos de licitación se encuentran en la Fiscalía como también en el Consejo de Defensa del Estado.
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