Somos guardianes de una tradición que no puede ser castigada por ejercer el oficio que nos ha permitido subsistir durante siglos.

Pescar se ha convertido en un delito para los pescadores artesanales. Su esfuerzo está siendo castigado: lo que antes era un trabajo digno, se ha transformado en una actividad tratada con sospecha.

Las sanciones aplicadas por la autoridad afectan expresamente a la pesca artesanal. Es el Servicio Nacional de Pesca el que valoriza las infracciones, pero define sanciones imposibles de pagar. En la práctica, se convierte en juez y parte. Las leyes se han centrado en penalizarnos, con multas que muchas veces exceden los $20 millones.

Sernapesca se ha convertido en un actor represivo y desconectado de la realidad de las caletas. Sus fiscalizaciones parecen tener como meta solo aplicar multas, sin entender que detrás hay una familia que depende de ese recurso.

El sector pelágico (sardina, anchoveta y jurel) y demersales (jibia, reineta y merluza) vive una verdadera persecución administrativa y judicial. Se nos multa sin derecho a defensa, bajo un sistema que carece de la presunción de inocencia.

Nos aplican sanciones millonarias por infracciones menores. Mientras la industria pesquera cuenta con departamentos legales y poder económico para dilatar o revertir procesos, a nosotros se nos condena de inmediato. Eso no es justicia: es abuso institucional.

Esta desigualdad revela una política pública diseñada desde Santiago, sin diálogo ni comprensión del territorio y que ve a los pescadores, no como socios en la gestión del mar, sino como potenciales infractores de ley.

Necesitamos un nuevo trato entre el Estado y la pesca artesanal, donde Sernapesca asuma un rol de acompañamiento, educación y fomento. Queremos procesos transparentes, con derecho a defensa y un enfoque humano y que la Armada y Sernapesca establezcan lineamientos claros y equitativos para garantizar seguridad y sostenibilidad.

No pedimos privilegios: exigimos respeto, justicia y proporcionalidad. Que no se nos persiga por un error administrativo, mientras cierran los ojos ante la concentración, depredación y abuso en el sector industrial.

La institucionalidad pesquera no puede seguir ciega a la realidad costera. Somos guardianes de una tradición que no puede ser castigada por ejercer el oficio que nos ha permitido subsistir durante siglos.

Rosendo Arroyo
Integrante Mesa Pelágica de Coronel

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