Cuando un gobierno toma decisiones en materia de impuestos no busca dañar a la ciudadanía, sino que ayudar a sus ciudadanos a mejorar su vida. Son pocos los casos en que, como Medea en la mitología griega, un Estado tiene el propósito de hacer daño a sus hijos.
Con la finalidad de seguir este camino de acercar las materias económicas y tributarias a todos, me planteaba cómo explicar algunos de los efectos nocivos de la última reforma tributaria. Es así como, en una conversación con mi colega y amiga Cony, surgió el símil entre las buenas intenciones de una madre con sus hijos y las buenas intenciones de un gobierno para con sus ciudadanos. Intenciones que muchas veces no consideran el aspecto de carácter racional respecto a los efectos perjudiciales de una decisión.
Sin duda que la Pensión Garantizada Universal es una nueva ley que ayudará a millones de chilenos mayores de 65 años a tener un mayor ingreso, pero para que esta nueva ley pudiera financiarse fue necesario realizar una revisión de las exenciones del actual sistema tributario. Esto que llamamos políticas tributarias, y que en primer momento pueden sonar igual a una ideología política, son más complejas que esto, porque implican no sólo los factores mencionados, sino que también otros de índole económica y social.
Cuando el gobierno de turno decide realizar una reforma tributaria para aumentar la recaudación, se presume que lo hace con una buena intención, ya que como se ha visto en los últimos años, se busca financiar principalmente políticas de índole social y educacional.
Las decisiones respecto a qué impuestos establecer y qué exenciones eliminar no se toman en principio con una mala intención. Se podrá pecar de inocencia, ignorancia o falta de proyección de los efectos, pero no de mala intención, pues siempre se busca un bien común. Tal como una madre que toma decisiones por sus hijos desde el corazón, creyendo desde su amor de madre en lo mejor para ellos, muchas veces sin considerar argumentos en contra que señalan que una decisión puede ser mala.
Lamentablemente, las decisiones de política tributaria que se tomen tendrán consecuencias previstas o no que pueden terminar provocando un daño inmediato o posterior a todos, por mucho que el discurso sea otro. Como ejemplo podemos mencionar que se ha dicho que la eliminación del crédito IVA en la construcción podría aumentar los precios para propiedades de hasta 2.500 UF en un 5% y 10%, lo cual puede terminar afectando a largo plazo mucho más el acceso a la vivienda para los sectores de menores ingresos del país.
Asimismo, hay otras modificaciones que tienen efectos, que, aunque parecen lejanos, de igual forma nos pueden terminar afectando. En el caso de la reforma tributaria reciente, el impuesto de 10% a las ganancias de capital, es decir a la diferencia positiva entre el precio de compra y venta de una inversión, pues precisamente es en el mercado de capitales donde ingresan los recursos que utilizan los bancos para realizar préstamos de créditos hipotecarios. Por lo tanto, mayores impuestos a los inversionistas se traduce en un alza del costo de un crédito hipotecario y que finalmente repercute en un mayor precio de las viviendas.
El gobierno que asumirá en marzo ya anunció una nueva reforma tributaria y subir o crear impuestos tendrá consecuencias siempre. Es por ello que espero que se estudien con cuidado los efectos de cada una de las propuestas, porque lamentablemente existe una cultura en la política de no reconocer los errores, pues ya que una vez que se hace un daño no se enmienda de inmediato y muchas veces se insiste en él.
