Opinión
La base de datos digital que esconde el secreto Valech
Publicado por: Tu Voz
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El secreto de 50 a√Īos y la reserva indefinida impuestas al trabajo realizado por las Comisiones conocidas como Valech I y II, respectivamente, sobre los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las/los sobrevivientes de prisi√≥n pol√≠tica y tortura ejercida sistem√°ticamente durante la dictadura civil-militar, corresponde a una decisi√≥n pol√≠tica tomada en 2004, que no fue anunciada, ni menos consultada a las personas que prestaron su testimonio. Esta situaci√≥n, que adem√°s ha servido de excusa para impedirles el acceso y uso de sus propios antecedentes de calificaci√≥n como v√≠ctimas de cr√≠menes contra la humanidad, ha sido reclamada innumerables veces por las organizaciones de sobrevivientes y familiares de quienes sufrieron la prisi√≥n pol√≠tica y tortura.

Durante varios a√Īos el secreto fue entendido y aplicado de manera tan absoluta, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se rehusaba a permitir el acceso a cualquier persona, se tratara de terceros o su ficha de calificaci√≥n a los mismos declarantes. Fue reci√©n en diciembre del a√Īo 2015, que la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago reconoci√≥ que el secreto ten√≠a una excepci√≥n en quienes dieron su testimonio, por ser titulares de dichos antecedentes, ordenando al INDH hacer entrega de la misma. En 2016, reiterada jurisprudencia en el mismo sentido, llev√≥ al INDH a cambiar su criterio y habilitar la entrega individual a quienes lo requieran, soluci√≥n que se ha repetido en poqu√≠simas oportunidades, de un universo de 40 mil personas calificadas entre ambas comisiones. Todo lo anterior, sin contar los m√°s de 20 mil casos en que las v√≠ctimas no obtuvieron reconocimiento, por razones que se desconocen, y cuyos testimonios y resoluciones est√°n sujetos al mismo secreto.

Esta soluci√≥n al secreto de los 50 a√Īos, del caso a caso, centrada en el aislamiento de las/los sobrevivientes de prisi√≥n pol√≠tica y tortura, es del todo insuficiente para abordar el car√°cter colectivo del reclamo por justicia, verdad y memoria hist√≥rica. La defensa oportunista a la privacidad de las v√≠ctimas hecha por algunos diputados, que ya hemos denunciado en columnas anteriores, ignoran que la represi√≥n y el terrorismo de Estado fueron pol√≠ticas aplicadas organizada y sistem√°ticamente sobre la sociedad en su conjunto, que moldearon la forma de pensar de toda una generaci√≥n y su cultura. Fueron las pol√≠ticas de ejecuciones, desaparici√≥n, tortura, exilio y exoneraci√≥n, las que sirvieron de base para instalar el sistema econ√≥mico institucional que todav√≠a nos rige. Por eso, su procesamiento individual es otra expresi√≥n del neoliberalismo en su af√°n por rotular y enfrascar todo en la esfera de lo privado, ignorando que la memoria es un derecho de la sociedad en su conjunto, y que la prisi√≥n pol√≠tica y la tortura, en cuanto cr√≠menes contra la humanidad, deben ser investigados y sancionados por el Estado.

Por ese motivo, mediante esta columna queremos visibilizar la existencia de una base digital de datos que fue creada con ocasi√≥n del trabajo de ambas Comisiones referidas, la relevancia de la misma, y el litigio en el cual nos encontramos para ponerla a disposici√≥n de las organizaciones de sobrevivientes y de la judicatura, a fin de que se inicien las investigaciones correspondientes por estos cr√≠menes. Cabe recalcar que jam√°s se ha discutido p√ļblicamente sobre ella, ni siquiera con motivo del proyecto de ley para el t√©rmino del secreto, boicoteado por parlamentarios del mismo gobierno hace unos meses.

La base de datos sistematiz√≥ en soporte digital los antecedentes aportados por todas y todos los sobrevivientes y familiares que concurrieron a prestar su testimonio a las Comisiones sobre Prisi√≥n Pol√≠tica y Tortura; fue complementada con informes recopilados por otros organismos de Derechos Humanos, como por ejemplo, archivos de la Vicar√≠a de la Solidaridad, y cuenta con un motor de b√ļsqueda que permite hacer cruces de informaci√≥n e indagar sobre centros de detenci√≥n y tortura, nombres y apodos de victimarios, √≥rganos aprehensores, por a√Īos, regiones, organizaciones pol√≠ticas y sociales, g√©nero y edad de las v√≠ctimas, entre otros. Es un instrumento de tal relevancia, que a la propia Comisi√≥n Valech le ‚Äúpermiti√≥ detectar compa√Īeros de detenci√≥n, testigos, cotejar relatos o reg√≠menes de vida en los lugares de reclusi√≥n‚ÄĚ (Informe de la Comisi√≥n Presidencial Asesora para la Calificaci√≥n de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Pol√≠ticos y V√≠ctimas de Prisi√≥n Pol√≠tica y Tortura. 2011,p. 20). Pese a que su existencia es conocida por varios organismos del Estado, mismos que en la actualidad se han abierto a la posibilidad de recalificar a las 22 mil v√≠ctimas que no tuvieron derecho a reconsideraci√≥n ante la Comisi√≥n Valech II, no podr√≠an hacerlo porque el secreto les impedir√≠a concretar ese compromiso.

Tomando esto en cuenta, solicitamos la base de datos por medio de la Ley sobre Acceso a la Informaci√≥n P√ļblica al INDH, su custodio legal, quien neg√≥ el acceso en virtud del art√≠culo 15 de la ley que establece el secreto por 50 a√Īos. Esta situaci√≥n fue denunciada al Consejo para la Transparencia argumentando que diversas obligaciones de Derecho internacional tienen superior jerarqu√≠a al secreto. Sin embargo, nuevamente nos encontramos con una negativa. En atenci√≥n a lo anterior, presentamos un Reclamo de Ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, considerando que el secreto, por una parte, no es aplicable a la base de datos -dado que su contenido excede a la Comisi√≥n Valech I abarcando antecedentes de la Comisi√≥n II y otros documentos de car√°cter p√ļblico- y, en el fondo, mantenerla fuera del alcance de la sociedad, implica derechamente una pol√≠tica de silencio y denegaci√≥n de justicia, puesto que el secreto no es m√°s que un pretexto para mantener todo el trabajo de investigaci√≥n sobre la tortura ocurrida durante la dictadura, alejada de los procesos de investigaci√≥n, juzgamiento y castigo que actualmente se desarrollan en nuestro pa√≠s, en manos de Ministros en Visita Extraordinaria.

Estamos convencidos de que esta poderosa herramienta debe, por lo menos, estar a disposición de los Tribunales de Justicia, para contribuir al esclarecimiento y avance de los distintos procesos judiciales, puesto que la información sobre lugares de detención y perpetradores puede ayudar no solamente en casos de prisión política y tortura, sino también a aclarar casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas. Pero por sobre todo, contar con este instrumento contribuiría para abrir una discusión de cara al país, que permita hacer un necesario ejercicio de memoria colectiva, madurar en la experiencia histórica y conectar a las nuevas generaciones con nuestro pasado reciente. Mantener cegada la información de esta base de datos impide que sean las organizaciones de sobrevivientes y víctimas, de familiares y en general el pueblo de Chile, quienes den la discusión sobre su uso. Liberarla es un deber que nos asiste para contribuir a la lucha contra las políticas del olvido e impunidad.

Haydée Oberreuter. Ex Prisionera Política y dirigenta de Derechos Humanos.

Paz Becerra. Investigadora Fundación Nodo XXI y abogada equipo Jurídico AFEP.

Francisco Jara. Abogado equipo Jurídico AFEP y profesor universitario.

Esteban Miranda. Investigador Fundación Nodo XXI.

URL CORTA: http://rbb.cl/gj22
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