Al conmemorarse 43 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende, marcando el comienzo de 17 años de dictadura cívico-militar en que miles de personas sufrieron y enfrentaron violencia, prisión política, tortura, exilio, violaciones, desaparición y la muerte.
Estas masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, constan en sendos informes de cuatro comisiones de verdad: la “Comisión Rettig”, la “Corporación Nacional de Reparación y Conciliación” –ambas comprenden víctimas de desaparición forzada y ejecuciones-; y las llamadas “Comisión Valech I” –sobre prisión política y tortura- y la “Comisión Valech II”, para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura. Los informes realizados por dichas Comisiones son públicos, no obstante, los antecedentes recopilados por las comisiones “Rettig”, “Corporación Nacional de Reparación y Conciliación” y “Comisión Valech II”, están sujetos a reserva y solo pueden acceder a ellos, los Tribunales de Justicia. Sobre los antecedentes aportados a la “Comisión Valech I”, se impuso un secreto de 50 años que obsta el acceso a cualquier persona, incluido el Poder Judicial.
Durante las últimas décadas, violaciones a los derechos humanos ocurridos en dictadura han sido perseguidas e investigadas principalmente por iniciativa de familiares de las víctimas y sobrevivientes, no precisamente por los gobiernos post-dictatoriales que han sido especialmente renuentes a dar cumplimiento a sus obligaciones y compromisos de verdad y justicia en materia de prisión política y tortura, siendo la imposición del secreto el principal escollo.
Este secreto es una prohibición de acceso a los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas en el marco del cometido de la Comisión, y que amenaza con sancionar penalmente a quienes participaron en ella y que no mantengan reserva de los mismos. Es obligación del Instituto Nacional de Derechos Humanos el actuar como custodio de dichos archivos. Esta entidad, pese a manifestar públicamente su oposición a esta medida, da cumplimiento estricto a dicha obligación.
En septiembre del año 2014, el diputado Hugo Gutiérrez presentó un proyecto de ley que pretendía establecer el carácter público de estos archivos (Boletín Nº 9598). Sin embargo, el pasado 31 de agosto, la Cámara de Diputados lo rechazó con el voto en contra de varios diputados de gobierno. Rechazaron el proyecto: Marco Antonio Núñez (PPD), Juan Luis Castro (PS), Pepe Auth (ex-PPD), Guillermo Ceroni (PPD), Marcelo Schilling (PS) y Joaquín Tuma (PPD). Por otra parte, se abstuvieron Daniel Farcas (PPD), Ramón Farías (PPD) y Pablo Lorenzini (DC). Las excusas entregadas por los aludidos varían, pero encuentran su expresión más elaborada en las palabras de los Honorables Auth y Ceroni, quienes argumentaron ante la prensa que sus votos se basaron en una supuesta protección a la privacidad de las víctimas, compromiso que se habría adquirido cuando la Comisión comenzó a ejercer su labor.
Estos argumentos son derechamente falsos. El secreto sobre los antecedentes fue impuesto con posterioridad a la creación y trabajo de la Comisión Valech I, mediante la Ley N° 19.992, que estableció la pensión de reparación para los calificados. Esto significa que durante los meses en que las personas concurrieron a prestar su declaración y la Comisión realizaba su trabajo, nadie sabía del secreto, ni menos que se extendería por 50 años. El secreto Valech es un verdadero pacto de silencio, al que concurrieron a su formación los partidos de la Concertación y de la derecha, en plena navidad de 2004.
Los argumentos de los diputados que votaron en contra son de una pobreza tal que desestiman el hecho de que el proyecto mismo contemplaba la posibilidad de mantener en reserva los antecedentes si el afectado lo solicitaba dentro de un determinado plazo. Ellos sabían que desde el mismo 2004 la demanda por el fin al secreto de los 50 años ha estado incluida entre las más sentidas reivindicaciones de los sobrevivientes organizados, misma demanda que ha sido profusamente difundida durante las huelgas de hambre de los ex-presos y ex-presas políticas del 2015 y la del presente año.
En el voto de rechazo de estos diputados quedan plasmadas las visiones que han imperado durante toda la transición en esta materia. Aquellas que evitan avanzar en verdad y memoria colectiva, concibiendo el daño ocasionado en la perpetración de estos crímenes como si se tratara de un conflicto individual, un problema de privacidad y reparación personal. Si se desea respetar y honrar los sacrificios hechos por las ex-presas y presos políticos, entonces el camino a avanzar es el de poner los antecedentes a disposición de las organizaciones de estos y del país en general, de forma de determinar en forma colectiva su uso.
Así las cosas, acabar con el secreto Valech es lucha de todos. Mantenerlo significa forzar a quienes sufrieron violaciones a los Derechos Humanos a re-victimizarse repitiendo sus testimonios, los desincentiva a recurrir a la Justicia y contribuye a promover la impunidad de los victimarios. Pero por sobre todo, mantener el secreto significa que, como comunidad, renunciamos a hacernos cargo de la verdad que guardan esos relatos. Aquella verdad sobre una oscura parte de nuestra historia que debemos enfrentar para ser capaces de construir una verdadera democracia hacia el futuro. Sin miedo, sin mentiras y sin pactos de silencio.
Haydeé Oberreuter
Ex-prisionera política y dirigenta de Derechos Humanos
Paz Becerra
Investigadora Fundación Nodo XXI
