El presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores, se refirió a la posición del Gobierno, que criticó que se declare ilegal la detención de dos hombres por tenencia ilegal de armas en El Tabo, en la región de Valparaíso.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente Sebastián Piñera criticó que quedaran en libertad dos personas detenidas por el porte de variado armamento e incluso un adaptador para potenciar el poder de fuego de una pistola, tras declararse la aprehensión como ilegal.
Dicha determinación del juez de Garantía de San Antonio fue calificada como grave por Piñera y argumentó la existencia de disposiciones legales para evitarlo. Además aseguró que es necesario que los tribunales apliquen la ley y colaboren con la seguridad de las familias.
En entrevista con Expreso Bío Bío, Flores mencionó que para estos casos el concepto de “populismo penal” consiste en palabras “que cada cierto tiempo resuenan cuando perdemos el foco para analizar la función de los jueces, y se piensa que la responsabilidad por delitos y problemas de persecución penal están ahí, porque no somos agentes de persecución penal, somos jueces cumpliendo una función“.
Flores expresó que “pesa más, en algunos casos muy específicos y muy marginales, decirle a las policías que han infringido la ley, tanto es así y tanto pesa, que la Corte Suprema regularmente cuando acoge recursos de nulidad al final del proceso penal, cuando ya terminó y se ha producido el juicio, anula juicios que tienen estos errores y lo dice expresamente en una facultad correctiva”.
Consultado por lo que implica una detención ilegal, Flores explicó que dicha detención asegura “a cualquier ciudadano, que por ejemplo, en un control vehicular, ese carabinero que a usted lo detiene va a operar conforme a los estándares legales, por ejemplo, no va a poder revisar la mochila que lleva en la parte de atrás del vehículo, porque sólo le permite identificar infracciones de tránsito“.
El presidente de los Magistrados explicó que actualmente se está evaluando el actuar de Carabineros, “el ministerio viene con eso dado (…) No es un problema de redacción, es un problema de inexistencia de estándares, y acá vuelvo a la Corte Suprema, que dijo expresamente que desde una infracción de tránsito no puede pasarse al control de identidad”.
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