Presidente Kast, en una de mis columnas le dije: Chile no le está entendiendo. Hoy el problema es más serio: comienza a instalarse la decepción entre quienes confiaron en usted. Y cuando esa decepción alcanza a los propios votantes, ya no basta con mejorar la comunicación. Es momento de revisar las decisiones y preguntarse si el Gobierno está respondiendo a las verdaderas prioridades del país.
Miremos la realidad. Chile acaba de registrar una tasa de desocupación de 9,8% en el trimestre julio-septiembre de 2026: 1.007.976 personas sin trabajo. En doce meses, el número de desocupados aumentó un 15,3%, mientras la población ocupada cayó un 1,1%.
Detrás de esas cifras hay familias que no llegan a fin de mes, jóvenes que no encuentran oportunidades y trabajadores que no saben cómo enfrentar sus compromisos. No tener empleo no es una estadística: es incertidumbre, angustia y pérdida de autonomía. ¿Cómo puede el país recuperar la confianza si más de un millón de personas están desocupadas?
Esta realidad debería ocupar un lugar central en las prioridades del Gobierno. Sin embargo, otras decisiones y controversias están alimentando una percepción de distancia respecto de las preocupaciones ciudadanas.
Pensemos en las pensiones. Las pérdidas de valoración de los fondos previsionales y las interrogantes sobre la gestión de riesgos de las AFP han generado inquietud entre quienes ahorraron durante décadas para tener una vejez digna. En ese contexto, las declaraciones del ministro del Trabajo, sugiriendo que las personas próximas a jubilar deberían esperar unos meses más, resultaron poco felices y carentes de sensibilidad social.
Presidente, ¿cómo se le pide a una persona que postergue su jubilación sin considerar su situación particular, sus planes y sus necesidades? No todos pueden seguir trabajando ni todos tienen las mismas condiciones de salud, ingresos o empleabilidad. La política pública debe comprender esa realidad.
Ha llegado la hora de discutir seriamente el modelo de las AFP: sus comisiones, los incentivos de las administradoras, la gestión de los riesgos y las responsabilidades que correspondan. Incluso cabe evaluar mecanismos que vinculen parte de las comisiones al desempeño, con reglas transparentes y resguardos técnicos. No se trata de prometer soluciones mágicas, sino de abrir una discusión que no puede cerrarse mientras los afiliados cargan con la incertidumbre.
La preocupación también alcanza a la justicia. Las rebajas de condenas concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, 29 por violación y 27 por abuso sexual, según los antecedentes expuestos, provocaron legítima indignación.
Usted reconoció que el Estado había fallado, calificó lo ocurrido como un error y anunció medidas para evitar nuevas tramitaciones. Ese reconocimiento era necesario. Pero permanece una pregunta: ¿cómo se recupera la confianza de las familias cuando ocurren decisiones de esta gravedad?
A esto se suma la controversia por el viaje del subsecretario del Interior a República Dominicana en una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile. La justificación logística ofrecida no ha disipado los cuestionamientos por el costo estimado, superior a 30 millones de pesos según reportes de prensa, ni por las fotografías difundidas y posteriormente eliminadas. El propio ministro del Interior calificó lo ocurrido como un profundo error.
¿Era necesario exponer al Gobierno a esta controversia cuando se pide austeridad a los ciudadanos y se anuncian restricciones al gasto público? Las autoridades tienen responsabilidades que cumplir, por supuesto. Pero también deben demostrar criterio, prudencia y conciencia de cómo se utilizan los recursos del Estado. La austeridad no puede exigirse únicamente a la ciudadanía.
Presidente Kast, el problema no es una declaración desafortunada, un viaje cuestionado o una controversia previsional considerados por separado. Es la acumulación de episodios que transmiten una misma señal: mientras las familias enfrentan dificultades concretas, el Gobierno parece demasiado concentrado en justificar sus decisiones y demasiado poco dispuesto a escuchar cómo las vive la gente.
Por eso, también considero necesario mantener abierta la discusión sobre un nuevo retiro de fondos previsionales. Conozco las advertencias sobre sus efectos en las pensiones, la inflación y la estabilidad económica. Deben ser evaluadas con seriedad. Pero esos argumentos tampoco pueden utilizarse para clausurar el debate sin escuchar a quienes atraviesan dificultades económicas.
Presidente, usted llegó al poder con compromisos de orden, austeridad, seguridad y responsabilidad. Quienes votaron por usted esperan que esos principios se traduzcan en decisiones concretas, pero también esperan oportunidades de trabajo, pensiones dignas y un Estado que actúe con criterio.
Le invito a escuchar la calle, conversar con los ciudadanos y revisar aquello que no está funcionando. No todo puede resolverse desde los informes ministeriales ni desde las explicaciones de los asesores. Gobernar también exige comprender la vida cotidiana de las personas.
Porque el mayor riesgo político para su Gobierno no es que sus adversarios lo cuestionen. Es que quienes confiaron en usted comiencen a sentirse defraudados. Y esa es una señal que ningún presidente debería ignorar.
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