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El INE confirmó que la desocupación llegó a 9,8% en el trimestre julio-septiembre, la tasa más alta desde 2021. Por primera vez, fuera de la pandemia, más de un millón de chilenos buscan trabajo sin encontrarlo.
Sería un error leer esta cifra como un accidente de coyuntura. El desempleo acumula 45 meses consecutivos sobre 8%, una racha que comenzó a inicios de 2023 y que el gobierno anterior nunca logró revertir. La economía creció en promedio apenas 1,9% al año, el segundo peor desempeño desde el retorno a la democracia, y la tasa de ocupación nunca recuperó su nivel previo a la pandemia.
La explicación de fondo es conocida: el empleo no se decreta, lo crea la inversión. Y durante esos años la inversión enfrentó un clima adverso, marcado por la incertidumbre constitucional y tributaria y por una permisología que convirtió la tramitación de proyectos en una carrera de obstáculos.
Cada proyecto que no se ejecutó entonces es un puesto de trabajo que hoy falta. El resultado está a la vista: en un año se perdieron más de 100 mil empleos, casi todos formales; la desocupación femenina alcanzó 10,5% y 190 mil personas llevan un año o más buscando trabajo.
Reconocer el origen del problema no exime de responsabilidad a quienes apoyamos al gobierno; al contrario, obliga a actuar con mayor urgencia. El Gobierno ha dado pasos en la dirección correcta con el Modo Empleo y el plan Chile Despega, que compromete 1,3 billones de pesos para generar más de 100 mil empleos mediante subsidios a la contratación y la aceleración de obras públicas y de vivienda. Pero la magnitud de la crisis exige ir más lejos.
Con ese propósito, la UDI convocó en agosto a la mesa “Más Trabajo para Chile Ahora”, integrada por exministros del Trabajo, economistas y parlamentarios bajo la coordinación de la diputada Constanza Hube. Su trabajo dio origen a 20 propuestas, entregadas al ministro del Trabajo, Tomás Rau, entre las que destacan cuatro de aplicación inmediata:
1. Ampliar el Subsidio Unificado al Empleo. Este beneficio, vigente desde el 1 de octubre, cubre a los jóvenes solo hasta los 24 años. Proponemos extender ese tramo hasta los 29, edad en que muchos egresan de la educación técnica o superior y enfrentan por primera vez la exigencia de experiencia previa.
Según las estimaciones de la mesa, este cambio incorporaría entre 50 mil y 75 mil beneficiarios. Proponemos, además, eliminar el requisito del Registro Social de Hogares, pues el subsidio ya se focaliza mediante un tope de renta y esta doble exigencia excluye a personas que necesitan trabajar.
2. Reactivar la inversión pública paralizada. Existen proyectos de vivienda y obras públicas detenidos que podrían generar más de 13 mil empleos en el corto plazo. Ejecutarlos es una decisión de gestión que no admite más demora.
3. Vincular la formación técnica con el primer empleo. Proponemos adecuar la franquicia Sence para financiar la formación dual, de modo que los estudiantes de la educación media técnico-profesional completen su práctica y accedan a su primer trabajo.
4. Reducir los costos y riesgos de contratar. Los costos laborales directos han aumentado y a ellos se suma una elevada judicialización de los conflictos laborales. Proponemos flexibilizar, siempre por acuerdo entre trabajador y empleador, materias como la polifuncionalidad y la distribución de la jornada, y poner término a los sindicatos constituidos con el solo propósito de obtener fuero. Una legislación más adaptable no debilita los derechos laborales: amplía las oportunidades de quienes hoy están fuera del mercado del trabajo.
Parte de estas medidas requiere cambios legales. Una ley corta y acotada puede despacharse con rapidez si existe voluntad política, y el Presupuesto 2027 debe priorizar decididamente el gasto que genera empleo.
Chile no puede seguir pagando el costo de los años en que se frenó la inversión. Desde la UDI seguiremos colaborando con el Gobierno y exigiendo resultados, con la convicción de que recuperar el empleo es hoy la tarea más urgente del país.
