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No pasa un día sin que alguien, especialmente desde el propio oficialismo, levante la mano para opinar sobre los problemas comunicacionales del Gobierno, y casi siempre la discusión gira en torno a una pregunta: ¿necesita La Moneda un ministro vocero con dedicación exclusiva?. Sin embargo, detrás de ese debate parece existir un problema bastante más profundo.
Porque los gobiernos no solo comunican lo que hacen. También revelan, a través de sus comunicaciones, la forma en que ejercen el poder, adoptan sus decisiones y conducen políticamente.
Durante los primeros meses, las críticas se centraron principalmente en los errores de la entonces ministra Mara Sedini. Su salida parecía ofrecer una oportunidad para corregirlos. Sin embargo, la decisión de concentrar las funciones del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de Gobierno en Claudio Alvarado tampoco consiguió cerrar la controversia. De hecho, las críticas se han desplazado hacia el diseño mismo de las comunicaciones gubernamentales. Dirigentes de Renovación Nacional y la UDI han cuestionado la ausencia de una vocería gubernamental exclusiva y permanente.
Es una discusión legítima. La comunicación de gobierno requiere profesionalismo, claridad y autoridades capaces de responder ante la ciudadanía, pero no existe un único modelo institucional válido. Desde la salida de la exministra Sedini, he sostenido públicamente que es perfectamente viable que el ministro del Interior asuma también las funciones de la Secretaría General de Gobierno, siempre que exista un portavoz o vocería gubernamental permanente, al estilo de la que funciona en Estados Unidos, entre otros países.
En nuestra institucionalidad, ello podría resolverse designando a un subsecretario general de Gobierno con el peso político, la autoridad y la visibilidad necesarios para desempeñar ese papel. Una fórmula que, al parecer, el propio Gobierno estaría considerando.
Es cierto que, por lo general, el subsecretario general de Gobierno ha desempeñado un papel de colaboración con el ministro, con menor exposición pública y sin ejercer una vocería política de primera línea. Pero esa es una cuestión de práctica política, no una limitación inherente al cargo. El subsecretario del Interior, por ejemplo, ha tenido históricamente una influencia y capacidad de coordinación que trascienden su rango formal, incluso respecto de otros ministros.
La autoridad política no depende exclusivamente de la jerarquía administrativa, sino también de las atribuciones efectivas y del respaldo presidencial con que se ejerce una función. Lo que importa es que se trate de una voz estable, con presencia regular y, claro está, acceso a las decisiones. Por eso, el problema no es necesariamente el diseño institucional escogido, sino las condiciones políticas y operativas para hacerlo funcionar.
Todo lo anterior muestra que existen distintas formas de organizar las comunicaciones gubernamentales, cada una con sus ventajas y limitaciones. Sin embargo, el problema que enfrenta hoy el Gobierno parece ser de otra naturaleza: ¿estamos frente a un problema de comunicaciones o ante dificultades de conducción política que terminan manifestándose en ellas?
En un capítulo de la serie danesa Borgen, la primera ministra Birgitte Nyborg le pregunta a su asesor de comunicaciones: “¿Cómo es posible que varios de mis principales ministros estén hablando con la prensa sin coordinarse con nosotros?”. La escena ilustra una dificultad que trasciende la ficción: los gobiernos comunican a través de sus decisiones, sus contradicciones y sus formas de actuar. Cuando quienes definen las políticas, adoptan las decisiones y elaboran sus explicaciones públicas no están suficientemente coordinados, las contradicciones dejan de ser episodios excepcionales y pueden convertirse en una dificultad recurrente. El problema, entonces, no radica necesariamente en quién comunica, sino en la claridad de las responsabilidades y en la coordinación entre quienes deciden, ejecutan y comunican.
A ello se suma otro desafío: la diferencia entre comunicar en una campaña y comunicar en un gobierno. Durante una elección, el discurso gira alrededor de un conjunto reducido de prioridades, promesas y contrastes con los adversarios. Gobernar es bastante más complejo. Supone administrar restricciones, explicar decisiones que pueden tener costos, conciliar intereses contradictorios y responder a problemas que no siempre admiten soluciones simples.
Por eso, comunicar no consiste solamente en anunciar medidas o disputar la agenda informativa. Implica explicar por qué se toman determinadas decisiones y de qué manera responden a las necesidades de la ciudadanía, especialmente cuando se trata de medidas difíciles que afectan directamente la vida cotidiana de las personas.
Existe, además, un riesgo en confundir una estrategia comunicacional eficaz con el control centralizado de los mensajes. Muchas veces las contradicciones públicas no son simples errores de comunicación, sino la manifestación de diferencias que no fueron suficientemente procesadas antes de adoptar una decisión.
El Gobierno puede nombrar un nuevo vocero, sea o no de rango ministerial, fortalecer las comunicaciones sectoriales o modificar la relación entre el gabinete y el equipo presidencial. Pero ninguna de ellas resolverá, por sí sola, las dificultades derivadas de una insuficiente coordinación en la conducción del Ejecutivo.
La coherencia de un gobierno no depende de que todos repitan las mismas palabras, sino de que exista una orientación compartida que sus autoridades puedan comprender para luego explicar y defender.
