VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Una tutora del Centro de Cumplimiento Juvenil de Río de los Ciervos, en Punta Arenas, quedó en prisión preventiva por abuso sexual con estupro a un adolescente de 17 años. Sorprendida en acto sexual, otras funcionarias reportaron el hecho y la Fiscalía pidió su encarcelamiento durante la investigación. A pesar de advertencias previas, la tutora no mantuvo distancia con los jóvenes.

En prisión preventiva quedó este martes una tutora del Centro de Cumplimiento Juvenil de Río de los Ciervos, en Punta Arenas, región de Magallanes, tras ser formalizada por el delito de abuso sexual con circunstancia de estupro, luego de ser sorprendida manteniendo relaciones sexuales con un adolescente de 17 años que cumple una sanción en el recinto.

La medida cautelar fue decretada por el tribunal tras la audiencia de formalización, en la que el Ministerio Público expuso los antecedentes del caso y solicitó que la imputada permaneciera privada de libertad mientras se desarrolla la investigación.

Según explicó el fiscal Oliver Rammsy, los hechos se conocieron durante la tarde del lunes, cuando otras funcionarias del establecimiento habrían sorprendido a la trabajadora manteniendo relaciones sexuales con el joven al interior del recinto.

A raíz de lo ocurrido, se dio aviso al fiscal de turno, quien instruyó diligencias a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI).

Prisión preventiva para tutora

El persecutor agregó que la funcionaria habría sido advertida en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de mantener distancia y una conducta acorde con sus funciones como tutora de adolescentes que cumplen sanciones en el sistema de reinserción juvenil.

Tras analizar los antecedentes, la jueza determinó que correspondía decretar la prisión preventiva de la imputada mientras se reúnen nuevos elementos para esclarecer lo ocurrido.

La causa se mantiene en etapa investigativa y el tribunal fijó un plazo de 40 días para el desarrollo de las diligencias.

Cabe señalar que, paralelamente a la investigación penal, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil adoptó medidas administrativas contra la funcionaria, quien fue suspendida de sus labores, e informó que se activaron protocolos para resguardar al adolescente involucrado.