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El 22 de septiembre, en Nueva York, Chile dejó de ser observador y pasó a ser miembro pleno del Escudo de las Américas. Lo hizo con un comunicado de Cancillería que habló de intercambio de información, capacitación policial y coordinación fronteriza. La unión de Chile a esta alianza es muy problemática para nuestra soberanía nacional y diseño constitucional.
El primer problema es lo que la Cancillería omitió en su comunicado, porque la declaración suscrita por el Presidente, junto con la coordinación para combatir el crimen organizado también busca explorar mecanismos de control de inversiones, asegurar cadenas de suministro de minerales críticos con fuentes “confiables” y promover regulaciones de “proveedores de confianza” en infraestructura digital.
Además, la declaración se refiere a la intención de pedir a la OEA que convoque el Órgano de Consulta del TIAR, el tratado de defensa colectiva de 1947. Pero nada de eso se mencionó al país y eso ya es un problema en cuanto a la transparencia democrática que se requiere en temas tan delicados.
El segundo problema, es la idea de “defensa de la soberanía hemisférica” que es la traducción práctica del llamado Corolario Trump a la Doctrina Monroe, consagrado en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (2025), cuyo objetivo declarado es impedir que potencias extrarregionales controlen infraestructura o activos estratégicos en el continente. En otras palabras, frenar la participación de China y, quizás, también de Europa en la región.
En la tradición chilena solo el Estado define sus amenazas, sus socios y sus reglas según nuestro interés nacional. En cambio, en la soberanía hemisférica el titular pasa a ser un bloque, y quien define qué capital es “transparente y verificable”, qué proveedor es “confiable” y qué grupo es “narcoterrorista” no será Chile por sí solo. Lamentablemente, el acuerdo no tiene una lógica de cooperación, sino más bien de subordinación a la agenda fijada por Estados Unidos.
El tercer problema es que el Ejecutivo responde que la declaración no es un tratado y que todo se hará “conforme a las obligaciones legales” de cada país, pero los compromisos políticos pesan, y Chile no hizo ningún condicionamiento. La Constitución entrega al Presidente la conducción de las relaciones exteriores, pero reserva al Congreso Nacional la aprobación de los tratados (artículo 54) y a la ley las normas sobre el ingreso de tropas extranjeras al territorio (artículo 63). El diseño constitucional en la materia es claro y las decisiones que comprometen al Estado por largo tiempo deben pasar por la deliberación que corresponde en el Congreso Nacional.
El Escudo esquiva ese control por diseño. Al vestir de “declaración de intenciones” compromisos de acción futura sobre inversiones, recursos estratégicos, inteligencia y uso coercitivo de la fuerza, se instala una dirección de política sin que el Congreso Nacional pueda deliberar al respecto. Luego vendrán los acuerdos operativos y los protocolos de intercambio de datos. Cada uno podrá presentarse como mera ejecución de algo ya decidido. Cuando lleguen al Congreso, si llegan, el debate de fondo ya se habrá cerrado. Esto no es un tecnicismo, sino la diferencia entre una democracia que decide su lugar en el mundo y un gobierno extranjero que lo decide por ella.
El cuarto problema es que el Escudo se aleja de la política de Estado que ha seguido Chile desde 1990 como un defensor consistente del multilateralismo y de la solución pacífica de las controversias. El Escudo representa lo contrario. Es un club de gobiernos afines convocado por una potencia, del que están ausentes Brasil y México, las dos mayores economías de América Latina. Su propio texto se propone “catalizar acciones coercitivas” y “reformar” los organismos multilaterales desde fuera de ellos.
La invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) agrava el cuadro. Es cierto que su artículo 20 impide obligar a un Estado a usar la fuerza sin su consentimiento, y que la declaración solo anuncia la intención de pedir una reunión. Pero reactivar un instrumento de defensa colectiva para enfrentar organizaciones criminales, rebautizadas como “narcoterroristas”, desplaza un problema policial y judicial hacia la lógica militar. Chile no necesita portaaviones para combatir al Tren de Aragua, lo que se requiere son acciones policiales, investigativas e inteligencia financiera eficaces, y una cooperación que ya existía sin necesidad de alinearse con este club.
Es importante recordar que Chile le ha dicho que no a Washington antes, como cuando el presidente Frei Montalva rechazó la Fuerza Interamericana de Paz o el presidente Ricardo Lagos le dijo que no a Bush por la invasión a Irak y la relación sobrevivió. La amistad entre países serios no se sostiene en la obediencia.
Finalmente, es clave para el pleno respeto al Estado de Derecho que el Gobierno transparente todas las implicancias de lo que el presidente Kast firmó, a qué se obligó el Estado y qué acuerdos requieren de la ratificación del Congreso Nacional. No hay duda de que Chile debe combatir el crimen organizado. La pregunta es quién decide, cómo, con quién y a qué precio. En una democracia, la respuesta no puede ser una declaración firmada en Nueva York que al parecer se suscribió por la presión que ejerció el Gobierno de los Estados Unidos.
