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El reciente descubrimiento de un plan criminal para atentar contra la vida de un alcalde en nuestro país no es un hecho policial más; es una línea roja copada por el crimen organizado. Gracias a un impecable trabajo de campo coordinado entre la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y el Ministerio Público, se logró desbaratar un magnicidio en potencia.
Sin embargo, la gravedad del hallazgo nos deja una certeza desgarradora: las estructuras criminales ya no solo disputan el control de los barrios en sus límites, sino que están intentando quebrar la gobernabilidad democrática atacando directamente a los líderes territoriales elegidos por la ciudadanía.
Este hito representa el punto de inflexión definitivo. Mientras las instituciones persecutorias demuestran con creces estar a la altura de esta amenaza inédita, la respuesta de una parte del espectro político resulta incomprensible y carente de toda empatía.
Frente a un escenario donde la delincuencia captura territorios, recluta a niños, niñas y adolescentes, destruye la economía local y degrada la calidad de vida de los chilenos, la labor legislativa parece atrapada en un cálculo pequeño y electoralista.
El debate en torno a herramientas modernas e indispensables como la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) deja en evidencia esta preocupante desconexión.
El Ejecutivo ha puesto sobre la mesa propuestas adaptadas a la dura realidad que enfrentamos, pero sectores de la oposición y el oficialismo siguen entrampados en disputas ideológicas o ganancias de corto plazo con miras al próximo voto popular.
Mientras ellos discuten en la comodidad de los salones, los vecinos, las policías y hoy los alcaldes viven bajo el yugo del temor.
Ya no hay espacio para la ambigüedad ni para discursos de buena crianza. El avance del crimen organizado no respeta tiempos legislativos ni colores partidarios.
Llegó el momento de que las autoridades que tienen el deber de legislar se definan de qué lado de la historia están: si de la solución y la defensa del Estado de derecho, o del lado oscuro que, por omisión, permite que nuestra democracia de señales de debilidad frente al COI.
Chile no puede esperar un día más. Si quienes nos representan no reaccionan con la misma fuerza, urgencia y unidad con la que operan nuestras policías, cruzaremos muy pronto un punto de no retorno, como ya lo experimentan otros países que no actuaron a tiempo donde la violencia y la muerte se normalizó.
