La Comisión de Seguridad Pública del Senado trasladó su sesión hasta San Bernardo para abordar la situación que enfrentan las autoridades locales en la lucha contra la delincuencia, luego de que el alcalde Cristopher White conociera, a través de la Fiscalía, un plan para asesinarlo el 17 de septiembre, durante el desfile de Fiestas Patrias. El plan habría sido ideado por Juan Flores Valenzuela, alias ‘El Indio Juan’, quien operaba en la comuna y que fue recapturado la noche del 31 de agosto.
En la instancia participaron la presidenta del Senado, Paulina Núñez; las senadoras Loreto Carvajal y Paulina Vodanovic; y los senadores Karim Bianchi (presidente de la Comisión), Juan Luis Castro, Cristián Vial y Manuel José Ossandón, junto al alcalde White y representantes de las policías y el Ministerio Público.
En la instancia, el alcalde White afirmó que “hoy hablamos del resguardo a las autoridades, pero eso indica que el crimen organizado ha ido avanzando y ha disminuido la democracia. Hay grupos de individuos que establecen normas y formas dentro de un barrio, es un Estado dentro de un Estado”.
White añadió que “la Fiscalía dice que hay más secuestros que antes, pero hay cosas peores como niños asesinados por otros niños, niños baleados en distintas circunstancias. Estas cosas pasan en Maipú, La Pintana, Lampa, Peñaflor, Lo Espejo, Puente Alto y San Bernardo”. Con esas palabras, el jefe comunal abogó por la pronta publicación del reglamento de la ley de seguridad municipal y por acelerar los plazos para la aprobación del proyecto de infraestructura crítica y el de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).
Las autoridades comentaron que las estadísticas muchas veces no reflejan la realidad porque los delitos no se denuncian por temor a represalias, y coincidieron en la necesidad de un esfuerzo transversal para aprobar la agenda de seguridad, además de potenciar un proyecto para proteger a dirigentes vecinales y al fútbol amateur, y revisar los fondos para seguridad en el debate presupuestario.
Alcaldes y fiscales con protección por amenazas
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, describió el manejo de las denuncias por amenazas. “La investigación de estas denuncias las maneja el Ministerio Público. Ellos instruyen a las policías sobre la protección de testigos y víctimas. El Ministerio define el tipo de custodia. Se hace una evaluación técnica, se deciden las medidas y define el riesgo. Hay que reconocer que hay muchas personas con resguardo en la macrozona sur, hablamos de víctimas y autoridades”.
Mientras que el fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó cifras. “Estamos hablando de 22 alcaldes que cuentan con medidas de protección, a lo menos. Ellos han sido amenazados o han recibido agresiones en razón de su cargo. De ellos 8 cuentan con acompañamiento diario de seguridad (PPI). También hay 18 fiscales con esta protección (…) Lo peor que podemos hacer es resignarnos. Hemos tomado algunas medidas como es designar un fiscal regional -Marcos Pastén- para investigar denuncias contra autoridades y creamos una unidad de seguridad”.
Agenda legislativa para combatir el crimen organizado
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, planteó que “cuando se amenaza a la autoridad, se amenaza a todos. La idea es dar una señal de Estado. Quiero relevar la acción que hacen las policías, el Ministerio Público. El móvil del crimen es lucrar. Ahí está el ánimo de dañar las instituciones para seguir lucrando. Hay que prohibir acciones, espacios donde ellos pueden seguir lucrando, hay que cerrar la llave que les da agua al crimen organizado. Los juegos en línea van en esa dirección, ya vimos el robo de cables y de la madera”.
En tanto, el senador Karim Bianchi, presidente de la Comisión, expuso que “la ley de presupuesto debe entregarles a las policías todas las herramientas posibles. Sobre RUF, la idea es empezar a votar mañana -hoy martes- y terminar dentro del mes, votamos el proyecto que fortalece Carabineros. Lo de la seguridad municipal está en la Comisión de Gobierno, pero lo vamos a seguir nosotros”.
Bianchi agregó que “también hay que revisar las medidas cautelares. Creo que hay que pensar en un catálogo de delitos que no puedan acceder a cumplimientos alternativos”.
Por su parte, el senador Juan Luis Castro reconoció que “aquí se requiere coraje y convicción que el alcalde ha tenido. Este es un alcalde que ha combatido el delito haciendo propuestas. La gente no tolera que las autoridades tengan miedo. Le pregunto a las autoridades de seguridad: un delincuente con cadena perpetua se fuga, se va del país 6 meses, vuelve y por escuchas telefónicas sabemos del plan de asesinar al alcalde ¿Entonces qué pasó entre medio?”.
La senadora Paulina Vodanovic sostuvo que “acá se habla de amenazas, siento cierta normalización de algo que me parece grave, que se hable de que mueren autoridades en otros países, ellas no mueren, sino que las asesinan. Se descubrió un plan para matar al alcalde, así de fuerte. No veo al ministro de Seguridad con una actitud proactiva, solo nos viene decir para qué está facultado. Creí que el ministro debía venir a detallar medidas que podrían darse a conocer de manera secreta. El Estado debe darnos garantías de seguridad”.
El senador Manuel José Ossandón cuestionó las críticas al ministro y afirmó que “creo que hay que hablar de la soberanía de los barrios. Hoy hay toque de queda en muchas poblaciones, eso no es problema del ministro. Creo que esta Comisión ha avanzado muchísimo, mañana -este martes- se saca la ley de flagrancia. Esta sesión es una gran señal. Los que somos municipalistas, esperamos que salga luego el reglamento de la ley de seguridad municipal”.
Finalmente, hicieron uso de la palabra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; el delegado presidencial regional metropolitano, Germán Codina; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, quienes participaron en la jornada.
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