El error de pensar el desarrollo sin sociedad

Toda política científica implica tomar decisiones respecto de las capacidades que un país necesita construir. Esto es especialmente relevante en un país como el nuestro, que cuenta con recursos limitados y enfrenta desafíos urgentes en ámbitos como el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico. El punto, por tanto, no está en discutir si el Estado puede establecer prioridades, sino en cómo se construyen, con qué fundamentos y a través de qué instrumentos.

Es desde esta perspectiva que deben observarse los cambios introducidos por el Gobierno al Fondecyt de Postdoctorado y la decisión de permitir que hasta un 70% de las adjudicaciones se concentre en áreas definidas como prioritarias, entre ellas inteligencia artificial, minería, energía, seguridad y tecnologías cuánticas. La justificación entregada apunta a la existencia de brechas en ámbitos considerados estratégicos para el país.

El rechazo que ha generado esta medida ha sido transversal dentro de la comunidad científica y ha alcanzado también a distintos sectores del mundo político. En este debate se han relevado cuestiones fundamentales: la falta de información pública suficiente respecto de los datos, la evidencia y el diagnóstico que justifican la decisión; la idoneidad del Fondecyt como instrumento para establecer este tipo de priorizaciones; y la ausencia de un proceso conocido de diálogo y deliberación con las universidades y el mundo de la investigación.

Reconociendo la relevancia de todos estos elementos, quisiera detenerme en un aspecto que, a mi juicio, ha sido menos desarrollado, pero que resulta igualmente central: la concepción de desarrollo que parece sostener esta decisión y que resulta, al menos, problemática.

El desarrollo, aun cuando lo observemos exclusivamente desde la preocupación por el crecimiento económico y la productividad, no constituye un proceso meramente técnico ni depende solo de la acumulación de determinadas capacidades o recursos. No existe una economía productiva sin instituciones que funcionen y sean reconocidas como legítimas; sin organizaciones capaces de articular intereses y procesar conflictos; sin espacios laborales con reglas compartidas y formas legítimas de ejercicio de la autoridad; ni sin un sistema político capaz de representar y conducir a una sociedad.

En efecto, estas dimensiones sociales, institucionales y políticas no aparecen una vez alcanzado el desarrollo, como una suerte de resultado posterior. Forman parte de sus condiciones de posibilidad. Y es precisamente aquí donde las ciencias sociales y las humanidades realizan un aporte difícil de sustituir: permiten comprender cómo se organiza la vida social, cómo se construye legitimidad y cómo se enfrentan los procesos de transformación que la atraviesan. Una innovación no se traduce en desarrollo por el solo hecho de existir. Requiere instituciones capaces de gobernarla y comunidades capaces de incorporarla, apropiársela y procesar los conflictos y transformaciones que ella misma genera. Desconocer esta interdependencia no solo empobrece nuestra comprensión de estos procesos, sino que conduce a pensarlos de manera equivocada.

El problema, entonces, no consiste en elegir entre avance tecnológico y conocimiento sobre la sociedad. Plantear la discusión de esa manera supone desconocer que uno difícilmente puede sostenerse sin el otro. Si nuestro propósito es aumentar la productividad, incorporar nuevas tecnologías, fortalecer la minería o enfrentar los desafíos que abre la inteligencia artificial, necesitamos también comprender las instituciones, las relaciones sociales y los mecanismos que hacen posible que esas transformaciones se traduzcan efectivamente en desarrollo.

Es por ello que el Gobierno debiera tomar en serio la señal que ha entregado una comunidad científica que, desde posiciones muy diversas, ha cuestionado estas modificaciones. No se trata simplemente de defender intereses disciplinares ni de resistirse a que el Estado defina prioridades. Se trata, en cambio, de discutir qué conocimientos y herramientas necesita realmente Chile y, detrás de ello, qué entendemos por desarrollo y cómo lo impulsamos colectivamente.