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La Cuenta Pública 2026 del Minrel (mediados de julio) se concentra principalmente en la gestión administrativa, la operación de misiones, la reapertura de embajadas, la participación en reuniones internacionales y los programas de formación diplomática. Todos esos elementos importan, pero están lejos de constituir una visión estratégica de política exterior.
Esto es aún más delicado cuando enfrentamos un contexto global marcado por la reconfiguración de bloques, las tensiones geopolíticas, la crisis climática, la disrupción tecnológica y la competencia por recursos críticos: El documento describe acciones (varias de ellas en 2025), pero no presenta una narrativa sobre el actual momento geopolítico ni tampoco sobre el posicionamiento internacional de Chile en tal momento.
Una cuenta más operativa que estratégica
El documento aborda ámbitos propios del funcionamiento institucional de la Cancillería: la operación de misiones, la reapertura de la Embajada en Arabia Saudita como señal de interés en Medio Oriente, la participación en foros multilaterales y oceánicos, y el fortalecimiento del servicio exterior mediante programas de formación. Sin embargo, esa descripción de actividades no se traduce en una lectura política del entorno internacional ni en una explicación de cómo Chile busca incidir en él.
La principal debilidad es que la Cuenta Pública no responde de manera suficiente a preguntas estratégicas básicas: qué tipo de actor internacional quiere ser Chile, cuáles son sus prioridades en un mundo multipolar y cómo se vincula la política exterior con el desarrollo productivo, la seguridad, la transición energética y la modernización tecnológica del país.
En ese sentido, la Cancillería aparece más como una institución que administra compromisos y presencia internacional que como una entidad capaz de proyectar una estrategia de inserción global.
Omisión del contexto geopolítico
La geopolítica de 2026 exige una Cancillería capaz de interpretar y anticipar cambios profundos: la rivalidad entre Estados Unidos y China en tecnología, comercio y seguridad; la reconfiguración energética global; las tensiones en Medio Oriente y el Mar Rojo; la fragmentación del multilateralismo; la competencia por minerales críticos; y el avance de la diplomacia climática y oceánica, la amenaza del cambio climático y de la IA, entre otros grandes desafíos. La Cuenta Pública menciona algunos espacios de participación internacional, pero no sitúa a Chile dentro de esas dinámicas ni explica cómo el país adapta su acción exterior a ellas.
También es pobre la descripción de la relación de Chile con los principales polos de poder —Estados Unidos, China, la Unión Europea, India y otros actores emergentes—, así como su estrategia frente a América Latina. El conflicto arancelario con Estados Unidos se lo menciona sólo al pasar y nada se dice sobre las implicaciones geopolíticas y en defensa que suponen las nuevas exigencias.
Las relaciones vecinales con Argentina, Perú, Bolivia y Brasil requieren una mirada más sustantiva, especialmente en un escenario regional atravesado por tensiones políticas, crisis democráticas, desafíos migratorios, inseguridad transnacional y reacomodos energéticos.
Brechas sustantivas de la política exterior
Las principales brechas pueden agruparse en cuatro dimensiones. La primera es la ausencia de una diplomacia económica moderna, capaz de vincular comercio, inversión, innovación y recursos estratégicos. Chile necesita una estrategia explícita para atraer inversión extranjera directa en sectores tecnológicos, integrarse en cadenas de valor asociadas al litio, el cobre y las energías limpias, y adaptar su política comercial a fenómenos como el nearshoring y el friendshoring. Por cierto, también debe esmerarse en construir alianzas de geometría variable que permitan preservar espacios de multilateralismo.
La segunda brecha es la falta de una diplomacia de seguridad frente al crimen organizado transnacional. El desafío requiere acuerdos de inteligencia, cooperación policial y judicial, diplomacia fronteriza activa y coordinación regional sostenida. Aunque la seguridad aparece en el debate público y presidencial, la Cuenta Pública no desarrolla una estrategia diplomática robusta en esta materia.
La tercera brecha corresponde a la diplomacia climática, oceánica, científica y tecnológica. Chile tiene credenciales relevantes en océanos y acción climática, pero el documento no articula una agenda integral que conecte esas ventajas con alianzas en inteligencia artificial, ciberseguridad, investigación climática, transferencia tecnológica y regulación digital. En un mundo donde la tecnología ya es parte central del poder internacional, esta omisión resulta especialmente significativa.
La cuarta brecha es regional. La Cuenta Pública no desarrolla una estrategia clara para América Latina ni para el entorno vecinal inmediato. Faltan definiciones sobre la relación con Argentina en materia energética, con Bolivia después de los procesos ante La Haya, con Perú en un contexto de tensiones políticas, y con Brasil como actor clave de la región. La integración regional brilla por su ausencia. Sin estas miradas, la política exterior pierde capacidad de anticipación y coordinación en su espacio más cercano.
Lo que faltó en la Cuenta Pública
Una Cuenta Pública más sólida debería incorporar un capítulo inicial de contexto geopolítico, con un diagnóstico claro sobre los cambios globales que afectan a Chile y sus implicancias para el comercio, la seguridad, la tecnología, el clima y la región. A partir de ese diagnóstico, sería deseable formular una Estrategia de Política Exterior 2026–2030, organizada en torno a pocos ejes: diplomacia económica y tecnológica; seguridad internacional y crimen organizado; integración regional pragmática; diplomacia climática y oceánica; y modernización del servicio exterior.
Esa estrategia debería complementarse con indicadores de desempeño que permitan evaluar resultados concretos: acuerdos estratégicos firmados, inversiones atraídas en sectores críticos, avances en interoperabilidad regional en seguridad, participación en foros tecnológicos globales y fortalecimiento de las capacidades del Estado para actuar en crisis internacionales. De este modo, la Cuenta Pública dejaría de ser solo un registro de actividades y pasaría a funcionar como una herramienta de orientación política y rendición estratégica.
