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En cadena nacional el gobierno anunció la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Obviamente se comparte la urgencia de fondo. La seguridad como pilar para el desarrollo de toda familia, es el primer derecho que un Estado debe garantizar a sus habitantes, y en Chile ya existía un camino para avanzar en eso sin convertirlo en trinchera electoral: el acuerdo transversal de 2023 que impulsaron la ministra Carolina Tohá y el entonces presidente del Senado, José Antonio Coloma (UDI), quienes pusieron urgencia compartida a 31 proyectos de seguridad, sin importar las diferencias de cada sector.
Avancemos en seguridad; un buen punto de partida es retomar lo que quedó pendiente de la agenda de seguridad Tohá/Coloma, donde ya existe un consenso amplio, como la Agencia de decomiso o la ampliación de la flagrancia, y priorizar la tramitación de lo que de verdad impacta en mejorar la seguridad de nuestras familias.
A la vecina que hoy sale de su casa y es víctima de un asalto, no le soluciona su situación si la Carta Fundamental lo dice de una manera u otra –donde tampoco hay acuerdo en la derecha con el portazo de la UDI-, lo que nos importa a todos, es que el Estado se haga cargo de la seguridad.
Ese deber ya existe en el texto actual, no en el texto constitucional, sino en la obligación más elemental de cualquier gobierno. Lo que ella necesita en el corto plazo, es que alguien investigue, encuentre y condene a quien la asaltó, y con ello también proteja sus barrios con más rondas de Carabineros o de seguridad municipal. Eso no depende de una reforma constitucional, depende de capacidad investigativa y de financiamiento territorial, y de esas dos cosas, la agenda dice poco.
El estado de excepción constitucional que el gobierno propone para sectores específicos tampoco resuelve el problema de fondo, porque Chile ya hizo ese experimento. La Legua lleva intervenida por las policías las 24 horas del día hace mas de 20 años, y las bandas caen una tras otra sin que eso cambie el control real del territorio.
Hace apenas dos semanas cayeron Los Cojos de La Legua, con vínculos directos al Tren de Aragua. Antes cayeron otras. Van a caer otras. El copamiento policial desarticula bandas, no el negocio que las reemplaza al día siguiente.
Por su puesto que no basta con oponerse a la puesta en escena si no ofrecemos con qué reemplazarla, y la evidencia sobre lo qué funciona existe. Fortalecer la inteligencia civil y las capacidades investigativas de las policías, no solo su presencia territorial, es lo que permite llegar a quien financia y no solo a quien vende en la esquina.
Un plan de control de armas real importa: en 2025 se incautaron 22.803 armas bajo la Ley de Control de Armas, y las causas por tenencia ilegal subieron a más del doble entre 2021 y 2025, señal de que el mercado ilegal crece más rápido que la capacidad del Estado para contenerlo.
El sistema penitenciario necesita una intervención completa, no solo transmisiones en vivo de traslados: a diciembre de 2025 había 62.323 personas privadas de libertad para 42.437 plazas, un 47% de sobrepoblación nacional que llega al 200% en regiones como Atacama, y esa cárcel hacinada es la escuela donde el crimen organizado recluta y se organiza, no donde se desarticula.
Respecto a la desigualdad de nuestros barrios la calidad de la seguridad municipal de una persona no puede depender de si su comuna tiene o no ingresos propios para pagarla. Mientras Las Condes financia con presupuesto propio un ejército de funcionarios y cámaras, Lo espejo, La Pintana o Conchalí dependen de lo poco que les llega del Fondo Común Municipal. El dato es cruel, las comunas de mayor desarrollo tienen en promedio 90 funcionarios municipales dedicados a seguridad, en contraste a las más pobres no superan los dos dígitos.
Dado estos antecedentes hoy más que destinar gasto a producciones audiovisuales y grandes despliegues policiales, debemos avanzar en un fondo permanente que financie seguridad municipal, inversión social, reinserción y oportunidades reales en los barrios históricamente abandonados, con metas verificables y no solo presencia mientras dura la foto.
La política pública en seguridad no puede escribirse como el guion de una campaña presidencial. Lo que urge es diálogo colegislativo entre gobierno y oposición, que nos permita avanzar hacia resultados concretos y oportunos para todas y todos quienes vivimos en Chile. Es hora de que la seguridad llegue, por fin, a los barrios que llevamos más de 20 años prometiendo proteger.
