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La creación del Ministerio de Seguridad Pública ordenó el Sistema Nacional de Seguridad Pública y hoy, después de años, tenemos una política nacional actualizada y suficiente para prevenir el delito, combatir la delincuencia común y el crimen organizado, y reducir los niveles, cada vez más crecientes, de inseguridad de nuestra población.
La inteligencia criminal y la persecución del delito son y deben ser funciones nacionales, bajo conducción única del ejecutivo. Sin embargo, la prevención del delito debe tener una expresión territorial y regional. Ningún gobernador regional ha planteado lo contrario. No pedimos policías regionales ni atribuciones de orden público.
No debe instalarse en la actual administración del presidente José Antonio Kast, lo que se instaló en la administración anterior, aquella idea errónea de que descentralizar la prevención del delito debilitaría el mando policial. Es un falso dilema, y está frenando una reforma que el país necesita para que no siga avanzando el reclutamiento de los NNA por parte de organizaciones criminales, ni la violencia escolar. Además, se necesita para disminuir la epidemia de violencia intrafamiliar cuando la familia es lo que más nos importa proteger.
Porque el delito no se previene desde un escritorio central que se dedica a realizar chequeos administrativos. Se previene en el barrio donde la luminaria está apagada, en la plaza que dejó de ser de los vecinos, en el joven que abandona el liceo y queda disponible para el reclutamiento. Ese conocimiento está en la región y en la comuna.
Los gobiernos regionales ya asumimos esa tarea. Desde 2021 hemos invertido más de 600 mil millones de pesos en prevención del delito: equipamiento para Carabineros y la PDI, televigilancia, iluminación, recuperación de espacios públicos, apoyo a víctimas. Lo hicimos sin estructura técnica especializada y sin el mandato legal explícito. Esa es la anomalía que corresponde corregir. Lo dijimos ayer y lo volvemos a reiterar hoy.
La División de Prevención del Delito en los Gobiernos Regionales no duplica a la Subsecretaría de Prevención: la complementa. Así como hoy las Direcciones de Seguridad Comunal no duplican y complementan el trabajo del Ministerio de Seguridad.
Profesionaliza el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de las políticas preventivas, y ordena bajo criterios comunes y territoriales un gasto que hoy se ejecuta disperso. El Ministerio conserva íntegra su rectoría; las regiones aportan ejecución, coordinación municipal y evidencia territorial.
Ya lo estamos demostrando: los convenios de drones y televigilancia que financiamos con las delegaciones, y los convenios del Sistema Integrado de televigilancia con Inteligencia Artificial (SITIA), suscritos con el propio Ministerio prueban que, con marco y contraparte técnica, las regiones ejecutamos en nuestro territorio la política nacional. Nuestra participación en los consejos regionales, y ahora en la ley de seguridad municipal también son prueba de ello.
Por eso le pedimos al Gobierno poner suma urgencia al proyecto que crea una capacidad técnica, ni política ni policial. Chile no tiene que elegir entre un Estado fuerte y un Estado cercano. Necesita ambos, y los gobernadores regionales estamos listos para poner los recursos, la gestión técnica y la responsabilidad que eso exige.
