Caso Hermosilla y el punto ciego de la inteligencia civil chilena

Recientemente, la Fiscalía inició una investigación sobre el exjefe de Contrainteligencia de la ANI por la presunta entrega de información confidencial mientras ejercía como alto oficial de la PDI.

Esto nos llama a preguntarnos si acaso, ante una situación similar al interior de la inteligencia civil, habría existido la capacidad de detectar a tiempo a un funcionario comprometido, antes de que esa vulnerabilidad se transformara en una brecha de seguridad. Esto deberían considerar los diputados que por estos días fiscalizan la actividad de la inteligencia civil.

La pregunta importa porque la reciente reforma al Sistema de Inteligencia, que demoró años en ver la luz, buscó precisamente fortalecer una herramienta capaz de enfrentar amenazas cada vez más complejas. Y, en efecto, la Ley 19.974 contempla sanciones penales y administrativas frente a conductas como utilizar capacidades de inteligencia con fines políticos, divulgar o permitir el acceso no autorizado a información secreta, o utilizarla en beneficio propio o de terceros.

Pero el punto es que el régimen sancionatorio opera una vez que la conducta indebida se ha producido. La norma no configura explícitamente una arquitectura preventiva de control interno orientada a evaluar de forma continua la confiabilidad del personal, detectar cambios en sus condiciones de vulnerabilidad y advertir tempranamente cuándo una persona con acceso a información sensible puede convertirse en un factor desestabilizador.

Y esto es importante porque como seres humanos todos tenemos vulnerabilidades, pero cuando estas mismas vulnerabilidades están presentes en una persona que desempeña una función crítica dentro de un organismo estratégico, pueden convertirse en un activo para terceros interesados en explotarlas, ya sea por razones ilícitas, de inteligencia o, en definitiva, contrarias a la seguridad del Estado y sus ciudadanos.

Pensemos, por ejemplo, en el sobreendeudamiento financiero de un analista o directivo de la ANI. Puede generar dependencia de terceros, susceptibilidad a presiones externas o incentivos para acceder a fuentes alternativas de ingresos. Tener deudas financieras es un agobio que vive la mayoría de los chilenos, pero cuando ese mismo agobio pesa sobre una persona con función crítica, pasa a ser un activo para terceros. Y ahí está el problema.

Un sujeto comprometido puede afectar el ciclo de inteligencia, la independencia y objetividad de un análisis, manipular información sensible o facilitar información a terceros, e incluso, puede producir inteligencia deliberadamente sesgada en favor de quienes le dominan, distorsionando la evaluación del entorno, difundiendo información poco confiable a la máxima autoridad del país y poniendo en peligro la seguridad del Estado. Nada más ni nada menos.

Bajo esta situación también se ve comprometida la contrainteligencia, porque se pierde la capacidad de detectar o neutralizar amenazas internas, y así, se debilitan los controles, se obvian las filtraciones y surgen puntos ciegos en donde la detección de vulnerabilidades se vuelve poco efectiva.

En un nivel todavía más grave, pueden verse comprometidas operaciones de inteligencia en curso. La entrega o utilización indebida de información puede permitir que actores criminales o servicios de inteligencia adversarios anticipen acciones, identifiquen fuentes, conozcan procedimientos o accedan a antecedentes cuya protección resulta esencial para la continuidad de una operación. Y esta filtración va más allá de documentos reservados, involucrando antecedentes operativos, información de inteligencia, antecedentes del personal y fuentes humanas. Así se afecta el secreto, pero también la trazabilidad, el control interno y, finalmente, la confianza en el Sistema.

Pero para que una vulnerabilidad pueda ser explotada, primero tiene que existir un espacio en el cual sea indetectable y aquí entra el tema de la normalización de vínculos extraprofesionales, es decir, relaciones informales entre funcionarios de inteligencia y otros actores que generan espacios de influencia difíciles de detectar si no existen mecanismos para identificar conflictos de interés o interacciones grises que generan presiones o beneficios irregulares. El MI5, MI6 y el GCHQ han adoptado medidas que sería interesante analizar.

Otra vulnerabilidad está en la ausencia de un monitoreo continuo de integridad. Esto quiere decir que los controles de ingreso a una institución de estas características son necesarios, por los cuales todos hemos pasado al iniciar un nuevo desafío laboral. Pero una evaluación inicial, como es obvio, no permite conocer cómo evolucionarán las relaciones, las necesidades económicas, las redes de contacto y, eventualmente, las presiones externas. Por eso, no volver a evaluar a un funcionario de manera sistemática puede dejar otro espacio peligroso.

Algo similar sucede cuando las funciones de control interno están demasiado compartimentadas. Sin una contrainteligencia que trabaje con la gestión de personas y el control de seguridad de forma integrada se dificulta poder contar con una apreciación integral de los riesgos y amenazas.

Todo esto puede ir generando una degradación en la inteligencia, en la obtención de la información, la calidad de los análisis, la contrainteligencia y en la confianza entre los organismos integrantes y colaboradores del Sistema, algo habitual en Chile. Y la confianza es el centro de gravedad de un sistema compartido, pues la inteligencia necesita que sus integrantes compartan información, pero también necesita que los organismos que participan del Sistema confíen en que aquello que entregan será protegido. Sin esa condición, finalmente, la toma de decisiones se deteriora.

La experiencia de servicios de inteligencia más desarrollados nos dice que la atención debe estar puesta sobre las evaluaciones discontinuas de integridad, funciones de seguridad poco integradas, auditorías limitadas sobre información reservada y una débil conexión entre contrainteligencia y gestión de personas.

No se trata de construir instituciones que sospechen de todos sus funcionarios, pero la (contra)inteligencia debe asumir que nadie está permanentemente exento de vulnerabilidades. Las circunstancias cambian y siempre pueden aparecer intentos de cooptación y, con ello, puede cambiar también la confiabilidad de una persona. Por eso, esta debe ser chequeada y contrachequeada constantemente. Y esto es extensible a todos los organismos estratégicos del Estado.