Chile necesita justicia territorial: el Estado comienza en la municipalidad

La mayor desigualdad de Chile no siempre está entre ricos y pobres. Muchas veces está entre las comunas donde viven.

Durante décadas hemos medido el desarrollo observando el crecimiento económico, el ingreso de las familias y la reducción de la pobreza. Son indicadores fundamentales, pero existe otra desigualdad que avanza silenciosamente y que condiciona la vida cotidiana de millones de personas: la enorme diferencia en la capacidad que tienen las municipalidades para responder a las necesidades de sus vecinos.

Cuando Pedro Aguirre Cerda afirmó que “Gobernar es educar”, estaba diciendo algo mucho más profundo que una política pública. Estaba afirmando que el Estado debía crear oportunidades allí donde antes solo existían desigualdades. Esa convicción transformó a Chile. Casi un siglo después, enfrentamos un desafío distinto, pero inspirado en el mismo principio: garantizar que la comuna donde una persona vive no determine las oportunidades con las que enfrenta la vida.

Porque el Estado que los ciudadanos conocen no comienza en La Moneda. Comienza en la municipalidad.

Comienza cuando una vecina llama porque la luminaria de su pasaje lleva semanas apagada; cuando un adulto mayor espera que reparen la vereda por donde camina; cuando una familia necesita que el municipio responda frente a una emergencia o cuando un dirigente vecinal pide recuperar una plaza para los niños del barrio. Allí se construye —o se pierde— la confianza en el Estado.

La reciente discusión sobre las contribuciones volvió a dejar esa realidad al descubierto. Mientras el debate se concentró en la legítima necesidad de aliviar la carga tributaria de muchos adultos mayores y en la forma de compensar a las municipalidades, la pregunta verdaderamente importante quedó relegada: ¿puede hablarse de igualdad de oportunidades cuando la comuna donde una persona vive condiciona la calidad del Estado que recibe?

Durante los años que tuve el honor de representar al Distrito 8 en la Cámara de Diputadas y Diputados, y especialmente como presidente de la Comisión de Gobierno Interior, recorrí comunas urbanas y rurales de nuestro país. Esa experiencia me dejó una convicción que ningún informe técnico alcanza a transmitir: la desigualdad territorial no es una teoría. Es una realidad que se vive todos los días.

La vi en Cerrillos, donde adultos mayores observan cómo el avalúo de sus viviendas crece mucho más rápido que sus pensiones. La vi en Maipú, donde el crecimiento de la comuna exige mayores inversiones en seguridad, infraestructura y espacios públicos. La vi en Lampa, donde el desarrollo urbano y logístico avanza más rápido que la capacidad financiera del municipio para acompañarlo. Y la he visto repetirse, con distintos matices, en comunas de todo Chile.

El desafío no es menor. El Fondo Común Municipal, principal mecanismo de solidaridad entre las municipalidades, distribuyó durante 2024 cerca de $1,46 billones. El 54,4% de esos recursos provino de las contribuciones y 293 de las 345 comunas del país recibieron del Fondo más recursos de los que aportaron. Estas cifras revelan una realidad que muchas veces queda fuera del debate: el verdadero desafío ya no es únicamente tributario; es cómo aseguramos que todas las municipalidades cuenten con las herramientas necesarias para responder a las necesidades de sus vecinos.

Por eso creo que Chile debe abrir una discusión mucho más profunda que la polémica del momento.

Así como nuestro país impulsó una reforma educacional para ampliar oportunidades, una reforma procesal penal para modernizar la justicia y una reforma previsional para responder a los desafíos del envejecimiento, ha llegado el momento de discutir una reforma al financiamiento municipal.

Chile necesita un Nuevo Pacto Fiscal Municipal. No para beneficiar a un gobierno ni a un sector político. Tampoco para enfrentar una coyuntura. Lo necesita porque las responsabilidades que hoy recaen sobre las municipalidades crecieron mucho más rápido que su capacidad para financiarlas. Se trata de un acuerdo de Estado que modernice el financiamiento municipal, fortalezca la autonomía de los gobiernos locales, reduzca las brechas entre comunas y garantice que el lugar donde una persona vive deje de determinar la calidad del Estado que recibe.

Porque fortalecer a las municipalidades no es una discusión administrativa. Es una decisión sobre el tipo de República que queremos construir.

Quisiera dejar instalada una convicción. La Justicia Territorial debe ser para el Chile del siglo XXI lo que la educación pública fue para el Chile de Pedro Aguirre Cerda: una política de Estado capaz de igualar oportunidades.

No existe verdadera justicia social cuando la comuna donde vivimos determina las oportunidades que tenemos para desarrollarnos, emprender, envejecer con dignidad o simplemente vivir seguros.

Cada invierno los temporales inundan poblaciones completas. Cada verano los incendios forestales destruyen viviendas, escuelas y fuentes de trabajo. Los terremotos, aluviones e inundaciones seguirán formando parte de nuestra historia. Cuando esas tragedias ocurren, los primeros en responder no son los ministerios. Son las municipalidades, Bomberos, los funcionarios municipales, los dirigentes sociales y las comunidades organizadas. Son ellos quienes representan el primer rostro del Estado cuando más se necesita.

Y, sin embargo, demasiadas veces les pedimos enfrentar desafíos del siglo XXI con herramientas y presupuestos que pertenecen al siglo pasado. Esa contradicción no es responsabilidad de una comuna determinada. Es una responsabilidad compartida del Estado.

Hace casi un siglo, Pedro Aguirre Cerda entendió que el progreso de Chile dependía de ampliar oportunidades para todos. Esa visión permitió construir un país más cohesionado y con mayor movilidad social. Hoy nos corresponde dar un paso equivalente: asegurar que ninguna familia tenga menos oportunidades simplemente porque vive en una comuna con menos recursos.

Cuando converso con vecinos de Cerrillos, Maipú, Estación Central, Lampa o Til Til escucho exactamente las mismas preocupaciones que encuentro en Puente Alto, Nacimiento, Osorno y en tantos otros rincones del país. Nadie me habla de complejas fórmulas tributarias. Me hablan de vivir tranquilos, de calles en buen estado, de plazas seguras, de consultorios que respondan y de municipios que tengan la capacidad de acompañarlos cuando enfrentan una emergencia o cuando simplemente necesitan que el Estado cumpla con su deber.

Cambian los paisajes. Cambian las regiones. Pero nunca cambian las esperanzas de las personas.

Mi convicción es simple: Chile será verdaderamente desarrollado el día en que ninguna familia tenga menos oportunidades simplemente por la comuna donde vive. Ese día la Justicia Territorial dejará de ser una aspiración para convertirse en una política de Estado. Y ese será, probablemente, uno de los mayores avances republicanos desde que comprendimos que gobernar significa ampliar oportunidades, fortalecer nuestras comunidades y construir un país donde la dignidad no dependa del territorio, sino del compromiso permanente de la República con todos sus ciudadanos.