Activemos el "modo seguro" y devolvamos la paz a nuestros barrios

Recibimos una muy buena noticia del Gobierno con el paquete de enmiendas para mejorar los ingresos de los Carabineros, equipamiento, e incentivos, pero aún no es suficiente porque si bien reconocemos el esfuerzo que el Ejecutivo ha realizado para poner la seguridad en el centro de la agenda, esto no ha sido fácil, ya que heredamos un país con cifras récord de homicidios, narcotráfico instalado en poblaciones y un sistema de justicia que muchas veces libera a quienes detenemos con esfuerzo.

Hay que dejar de hablar de encuestas. Es hora de hablar de lo que las personas nos comentan en las ferias, en las juntas de vecinos y en las puertas de las comisarías, donde el mensaje es uno solo: la gente tiene miedo. Miedo a salir en la noche, a dejar su auto estacionado y que a su regreso ya no esté, a que el crimen organizado se instale en la plaza del barrio, y ese miedo no distingue comuna ni clase social, pero golpea con más fuerza donde hay menos recursos para defenderse. Por eso le pedimos al Gobierno algo muy simple: que active una agenda de seguridad con foco social.

Aquí no se trata de hacer críticas destructivas, lo que proponemos busca afinar, acelerar y profundizar el actual Plan de Seguridad. La UDI no va a quedarse de brazos cruzados y por eso no hacemos solo el llamado, sino que incorporamos un paquete de medidas, para que el Ministerio pueda decir con orgullo, a fin de año, que Chile comenzó a recuperar el control.

La seguridad es una de las claves para que un país prospere, y eso lo dijo el presidente José Antonio Kast en su campaña. No hay desarrollo sin orden, no hay empleo si el local cierra a las seis de la tarde por los asaltos y no hay educación si los niños no van al colegio, optan por desertar o temen ser víctimas de agresores. Chile lleva demasiado tiempo reaccionando tarde y eso debe parar.

El crimen organizado no espera, es más, avanza, se arma mejor y le quita territorio al Estado y frente a eso, la respuesta no puede ser tibia. Cada vez que ocurre un crimen brutal decimos “nunca más” y después volvemos a lo mismo, por eso lo primero es respaldar a quienes nos cuidan.

Hoy tenemos carabineros y policías que dudan antes de actuar, no por falta de vocación, sino por falta de respaldo. Un funcionario que enfrenta un delito saliendo de su turno, en su franco, se juega la vida por un vecino y después queda solo frente a la justicia. Eso no puede seguir.

La Ley Naín-Retamal le dio un marco de protección a quienes están de servicio, y es de toda lógica extender ese mismo respaldo a quien, estando fuera de turno, decide igualmente defender a otro chileno. No podemos pedir valentía y castigar con burocracia: Activemos el “modo seguro” y devolvamos la paz a nuestros barrios.

Por otra parte, creemos que un combate eficiente contra la delincuencia no solo requiere de mejores leyes, sino también de un respaldo jurídico y político categórico a las policías cuando salen a las calles a protegernos. No basta con tener carabineros que sean héroes por un día y terminen presos por diez años cuando se dejen caer, por ejemplo, querellas del INDH. Es por esto que desde la UDI estamos promoviendo con fuerza una “Agenda Pro-Policías”, orientada también a proteger a las familias de estos funcionarios públicos, quienes salen día a día a cumplir con su deber sin saber si volverán a sus hogares debido a la violencia cobarde del crimen.

Estamos convencidos de que el Estado debe entregar una protección integral a las familias de cada carabinero o miembro de la Policía de Investigaciones que pierda la vida o quede con lesiones de tal magnitud que lo obliguen a dejar la institución. Esta reparación debe traducirse en medidas concretas, tales como aumentar significativamente la cobertura de los seguros de vida, asegurar becas de estudio para sus hijos, brindar apoyo psicológico continuo a su entorno familiar y garantizar la entrega de subsidios habitacionales. Solo así lograremos un resguardo íntegro, justo y amplio para quienes nos cuidan diariamente frente al avance del narcotráfico y las bandas organizadas.

Lo segundo es entender cómo delinquen hoy las bandas. Ya no son los “lanzas” de antes. Son grupos armados que cuando ven a carabineros prefieren arrancar disparando antes que entregarse. Y, en esa fuga, ponen en riesgo a cualquiera. Por eso es urgente que la ley autorice de forma clara a detener a un prófugo peligroso, bajo la presunción fundada de que está armado. No se trata de un gatillo fácil, se trata de proteger la vida de los inocentes que están en la calle en ese momento. La prioridad tiene que ser la víctima, no el que arranca. En la misma línea, necesitamos reglas claras para el uso de la fuerza. Hoy las RUF vigentes generan más dudas que certezas.

Finalmente, hay que golpear al crimen donde más le duele: en el bolsillo. A las bandas no les importa pasar un tiempo en la cárcel si al salir recuperan la casa, los autos, los locales y el negocio. Hoy quitarle los bienes al narcotráfico es un proceso eterno, lleno de trabas. Tenemos que modificar el régimen de propiedad para que el Estado pueda incautar rápido todo lo que se construyó con plata sucia. “Delito que pillamos, bienes que pierden”, esa debe ser la regla. Porque sin plata, el crimen pierde poder, pierde armas y pierde capacidad de corromper.

Estamos convencidos de que la seguridad tiene rostro social y el que más sufre con un portonazo es el trabajador que junta plata durante meses para comprarse un auto, el que más sufre el narcotráfico en la plaza es el niño que ya no puede jugar fútbol y el que más sufre con el comercio cerrado temprano es el almacenero de barrio. Chile no aguanta más diagnósticos, necesita decisiones.