La deuda histórica con Carabineros

Durante años, Chile convivió con una contradicción que hoy resulta imposible seguir sosteniendo. Mientras la delincuencia se volvió más violenta, las organizaciones criminales ganaron capacidad de fuego y la ciudadanía exigió, con razón, más seguridad, la principal institución encargada de protegernos veía disminuir su dotación y enfrentaba crecientes dificultades para atraer y retener personal. Queríamos mejores resultados con menos herramientas.

Las cifras hablan por sí solas. La dotación de Orden y Seguridad de Carabineros pasó de 43.941 funcionarios en 2020 a 38.134 en 2025, es decir, 5.807 efectivos menos. En ese mismo período los homicidios, secuestros y violencia aumentaron, más sitios de suceso, más procedimientos, más investigaciones y más presencia policial requerida, con menos funcionarios para responder.

Este desbalance no es una discusión administrativa ni presupuestaria. Refleja la brecha entre las responsabilidades que el Estado exige a sus policías y el respaldo que realmente les entrega. Corregir esa brecha no responde a una definición ideológica, sino a una condición indispensable para recuperar la capacidad del Estado de proteger a las personas.

Quienes patrullan nuestras calles enfrentan organizaciones criminales más violentas, con mayor poder de fuego y una creciente disposición a atacar a las policías. Deben tomar decisiones en segundos, bajo una enorme presión operativa y con la certeza de que cada actuación será posteriormente evaluada con el máximo rigor.

Por eso, las recién anunciadas indicaciones al proyecto que fortalece la carrera funcionaria y las capacidades operativas de Carabineros representan mucho más que una reforma administrativa. Son una decisión de Estado para recuperar capacidades que el país fue perdiendo durante demasiado tiempo.

Mejoran los incentivos para quienes enfrentan mayores riesgos, fortalecen la formación de nuevos carabineros, incorporan personal civil para liberar efectivos hacia labores de patrullaje y modernizan el equipamiento y la gestión institucional. El objetivo es simple, que haya más carabineros cumpliendo la labor para la que fueron formados, proteger a las personas y ganar espacios frente al crimen organizado.

Pero revertir esa curva exige algo más que buenas intenciones. Exige convicción política. Hoy el Gobierno ha decidido actuar, impulsando una reforma estructural que fortalece la carrera funcionaria, mejora las remuneraciones asociadas al riesgo, moderniza el equipamiento y recupera capacidades operativas. Gobernar también consiste en tomar decisiones difíciles cuando el interés general así lo exige. Cuando la seguridad de las personas está en juego, el costo de no actuar siempre será mayor que el costo de actuar.

El debate que hoy tiene el Congreso trasciende una discusión presupuestaria e incluso el diagnóstico compartido de que faltan carabineros. Frente a una dotación que disminuyó de manera sostenida, la salida más fácil habría sido acelerar la formación para llenar rápidamente las filas. Este proyecto toma un camino distinto. Mantiene los cuatro años de formación porque entiende que el desafío no es tener carabineros más rápido, sino contar con carabineros mejor preparados y con razones para permanecer en la institución.

Para lograrlo, elimina las barreras económicas que hoy llevan a uno de cada cinco alumnos a abandonar la escuela por no poder costearla, mejora significativamente la remuneración durante el período de práctica y fortalece los incentivos para desarrollar la carrera, especialmente en los destinos de mayor riesgo. Esa es la diferencia entre una solución de corto plazo y una reforma responsable.

Pero ninguna mejora salarial protege a un carabinero de las consecuencias de actuar sin reglas claras. Por eso esta reforma no avanza sola, la acompaña una agenda legislativa orientada a resguardar la función policial —reglas de uso de la fuerza, legítima defensa para el funcionario que interviene estando de franco y mayor protección penal frente a quienes atacan a un policía-. Condiciones, capacidades y respaldo jurídico son tres dimensiones del mismo compromiso y ninguna funciona sin las otras.

Porque la seguridad no comienza cuando un delincuente es detenido. Comienza mucho antes, cuando el Estado decide si entrega o no a sus policías las condiciones necesarias para cumplir su labor. La verdadera señal política no consiste en declarar que la seguridad es una prioridad, sino en demostrarlo con decisiones concretas.

Y la mejor forma de respaldar a quienes nos cuidan no es con aplausos ni discursos. Es entregándoles las herramientas, las capacidades y el respaldo institucional que necesitan para proteger a Chile.