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El tratamiento que se ha dado en los últimos días al presunto caso de tráfico de niños y niñas de origen haitiano en Chile exige una profunda reflexión. En una materia de tan alta sensibilidad humana y social, la ligereza constituye una grave irresponsabilidad.
Alertar los sentimientos más nobles y protectores de la ciudadanía utilizando información fragmentada, equívoca y a cuentagotas no es informar, es lanzar una bomba de racimo en medio del debate público.
Hemos asistido a un festival de cifras que cambian según el día y el emisor. Primero se habló de más de un centenar de menores, luego la cifra se redujo a 64 y, paralelamente, se informó del hallazgo de algunos de ellos en distintas comunas del país.
Este manejo no solo evidencia la falta de antecedentes consolidados antes de instalar el tema en la agenda pública, sino que abre la compuerta a la especulación dañina y al prejuicio.
Las consecuencias ya las están pagando quienes menos responsabilidad tienen. Diversos representantes de la comunidad haitiana han denunciado la politización de un drama humano y han calificado el abordaje como falaz y discriminatorio.
La espectacularización de la noticia termina estigmatizando a una comunidad migrante vulnerable y desviando la atención de lo esencial: la seguridad y protección de los niños.
Más preocupante aún resulta la reacción de algunas autoridades. Que la máxima autoridad del país salga a exculpar a priori a la Policía de Investigaciones (PDI) en medio de una indagatoria abierta transmite una señal equívoca. Ninguna institución debe ser blindada antes de que la justicia establezca con claridad qué ocurrió y cuáles son las eventuales responsabilidades.
La búsqueda de la verdad exige prudencia, no defensas corporativas anticipadas. Esta ligereza actual contrasta con la escasa atención que durante décadas recibieron las adopciones irregulares y el tráfico de niños chilenos al extranjero, una herida aún abierta en nuestra historia reciente. La infancia, sin importar nacionalidad u origen, merece un estándar ético y técnico elevado.
No se puede legislar, gobernar, ni comentar desde la trinchera del impacto inmediato o el beneficio político de corto plazo. La justicia debe operar con el máximo rigor y las autoridades con templanza. De lo contrario, en medio de la polémica y el oportunismo político, la verdad y la dignidad de los niños seguirán siendo las primeras víctimas.
