Tráfico humano: los niños haitianos no necesitaron entrar por la ventana, la puerta estaba abierta

El eventual ingreso irregular a Chile de niños haitianos, amparado bajo la apariencia de reunificación familiar y sin trazabilidad suficiente respecto de su destino, expone una falla institucional difícil de comprender. Nuestro país no es capaz de controlar siquiera su puerta principal: el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. A estas alturas, la incompetencia estatal pasa a segundo plano, porque aquí las posibles víctimas son niños y, probablemente, también sus madres y familias.

Traficar con seres humanos es una de las expresiones más crueles y degradantes de nuestra especie. Hacerlo con niños es todavía peor. Pero que ello pudiera haber ocurrido a vista y paciencia de autoridades, funcionarios y organismos llamados precisamente a protegerlos representa una derrota institucional que Chile no puede minimizar ni relativizar.

Estos niños no necesitaron entrar por una ventana, cruzar clandestinamente una quebrada ni ocultarse en algún paso fronterizo. Entraron directamente por la puerta principal del país: a través de vuelos internacionales, controles migratorios, visados, procedimientos consulares y decisiones administrativas. Es decir, habrían atravesado una cadena completa de instituciones públicas sin que se verificara eficazmente quiénes los acompañaban, qué relación tenían con ellos, quiénes los recibirían ni dónde permanecerían.

¿Dónde quedó entonces esa entelequia llamada Estado? Quedó humillada por quienes pudieron servirse de sus sellos, formularios, autorizaciones y omisiones para transformar la institucionalidad en una vía de acceso para el tráfico humano.

La reunificación familiar existe para proteger la unidad de las familias, no para convertir una figura humanitaria en cobertura de ingresos irregulares. En este caso se usó para dar apariencia de legalidad a lo que, de acreditarse, sería una operación criminal. Sería, por decirlo crudamente, una nueva versión del “tráfico a la chilena”.

Cuando hablamos de niños, ninguna flexibilización documental puede significar ausencia de control. El interés superior del niño exige más cuidado, mayor fiscalización y una trazabilidad reforzada, nunca menos.

Por estas razones, la querella interpuesta por la Fundación Fuerza Ciudadana busca que se investigue exhaustivamente y se determine quién actuó, quién sabía, quién autorizó, quién omitió sus deberes y quién, por el contrario, no tuvo participación alguna. También pretende esclarecer la actuación de funcionarios migratorios, policiales, consulares y diplomáticos, así como la responsabilidad que pudiera corresponder a sus respectivas jefaturas.

Entre los delitos que deberán investigarse aparece, en primer lugar, el tráfico ilícito de migrantes, si se acredita que personas o empresas facilitaron, con ánimo de lucro, el ingreso de menores mediante antecedentes falsos, vínculos familiares simulados o la elusión fraudulenta de las exigencias migratorias.

También debe indagarse una eventual trata de personas. El solo desconocimiento del destino de un niño no permite afirmar que haya existido explotación. Sin embargo, cuando menores son trasladados por adultos sin vínculo suficientemente acreditado y posteriormente se pierde su trazabilidad, el Estado tiene el deber ineludible de descartar que hayan sido destinados a explotación sexual, laboral, servidumbre u otras formas de sometimiento.

La reiteración de vuelos, acompañantes, agencias, gestiones y procedimientos permite, asimismo, investigar una eventual asociación delictiva, siempre que se demuestre la existencia de una estructura organizada, estable y destinada a cometer delitos.

Si algún funcionario recibió beneficios para autorizar, acelerar u omitir controles, podrían configurarse delitos de cohecho y soborno. Si se ejercieron presiones derivadas de cargos, contactos o relaciones institucionales para obtener decisiones irregulares, corresponderá investigar un eventual tráfico de influencias. Y si se dictaron resoluciones manifiestamente contrarias a derecho, con conocimiento de su injusticia, deberá examinarse la posible existencia de prevaricación administrativa.

Del mismo modo, deberán indagarse eventuales falsificaciones documentales, uso malicioso de instrumentos falsos, omisión de denuncia, revelación de información reservada, destrucción u ocultamiento de antecedentes y cualquier forma de obstrucción a la investigación. Ninguno de estos delitos puede darse por establecido anticipadamente, pero todos deben ser investigados con el celo que este grave caso amerita, sin cierres anticipados o una pantomima de diligencias inútiles.

Que quede claro: este caso no es contra un gobierno anterior ni contra un sector político determinado. Aquí no existe una pugna de ideologías. La acción se dirige contra quienes pudieron actuar indebidamente, omitir sus deberes o permitir que hechos de esta gravedad ocurrieran.

Es una exigencia mínima de humanidad. Porque cuando se pierde el rastro de un niño no desaparece solamente un nombre de una base de datos: desaparece una vida detrás de un expediente.