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Cada cierto tiempo, frente a una crisis educativa, aparece una respuesta legislativa que promete resolver aquello que durante años no hemos sido capaces de abordar de manera profunda. Hoy es el turno de la ley Escuelas Protegidas, presentada como una herramienta para enfrentar la violencia escolar y devolver la seguridad a las comunidades educativas. Sin embargo, más allá del nombre, cabe preguntarse si realmente estamos protegiendo a las escuelas o simplemente ampliando mecanismos de control sobre quienes las habitan.
La convivencia escolar es probablemente uno de los mayores desafíos de nuestro sistema educativo. Quienes trabajamos en educación sabemos que la violencia existe, que en los últimos años ha aumentado la conflictividad y que docentes, asistentes y equipos directivos muchas veces se sienten solos frente a situaciones complejas. Negarlo sería irresponsable. Pero reconocer el problema no significa aceptar cualquier solución.
La nueva normativa parte de una premisa equivocada: que la violencia escolar se resuelve aumentando las sanciones y restringiendo derechos. La posibilidad de revisar mochilas, limitar determinadas conductas mediante nuevas prohibiciones y reforzar mecanismos disciplinarios transmite una señal política clara: el problema estaría en estudiantes que deben ser vigilados y controlados. Sin embargo, la evidencia acumulada durante años muestra que la convivencia escolar es un fenómeno mucho más complejo que la simple suma de conductas individuales.
La violencia no nace en los reglamentos internos. Tampoco desaparece porque una ley permita revisar una mochila o endurecer una sanción. La violencia tiene raíces sociales, culturales y emocionales profundas. Se relaciona con la salud mental de niñas, niños y jóvenes, con la precarización de los vínculos comunitarios, con el debilitamiento de las redes familiares, con las desigualdades territoriales y con la falta de recursos especializados para acompañar a quienes presentan mayores dificultades.
Resulta llamativo que mientras se multiplican las herramientas de control, sigan siendo insuficientes los recursos destinados a equipos de convivencia escolar, psicólogas/os, trabajadores sociales, programas de mediación y estrategias restaurativas. Pareciera que seguimos apostando por la sanción porque es políticamente más rentable que la prevención.
Existe además una preocupación democrática que no debe ser minimizada. Las escuelas son espacios de formación ciudadana. Son lugares donde niñas, niños y adolescentes aprenden sobre derechos, participación y convivencia en sociedad. Cuando la respuesta institucional frente a los conflictos se basa prioritariamente en la vigilancia y el castigo, el mensaje que reciben las nuevas generaciones es que los problemas colectivos se resuelven restringiendo derechos y ampliando facultades de control.
No deja de ser paradójico que en nombre de la convivencia promovamos medidas que pueden debilitar la confianza entre estudiantes y comunidades educativas. La convivencia no se impone. La convivencia se construye. Requiere diálogo, participación, sentido de pertenencia y legitimidad. Requiere personas adultas capaces de acompañar, contener y educar. Requiere tiempo, recursos y políticas sostenidas. Nada de eso puede reemplazarse mediante una ley punitiva.
La experiencia comparada muestra que las comunidades educativas más exitosas en la reducción de la violencia no son necesariamente las que aplican más castigos, sino aquellas que desarrollan culturas escolares inclusivas, fortalecen el vínculo con las familias y generan espacios efectivos de resolución de conflictos. La seguridad es una consecuencia de la convivencia; no su punto de partida.
Escuelas Protegidas puede ofrecer una respuesta rápida a la demanda ciudadana por mayor seguridad. Puede incluso generar la sensación de que el Estado está actuando. Pero existe una diferencia importante entre generar sensación de seguridad y construir condiciones reales para una mejor convivencia.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿queremos solo escuelas más seguras o también escuelas más democráticas, inclusivas y capaces de formar ciudadanía? Porque si la respuesta es lo segundo, entonces necesitamos mucho más que nuevas sanciones. Necesitamos volver a creer que la educación no se transforma desde el control, sino desde la construcción de comunidad.
Y esa es una tarea infinitamente más difícil que aprobar una ley. Pero también es la única que puede ofrecer resultados duraderos.
