La aprobación del proyecto de ley “Escuelas Protegidas” -despachado el 2 de junio por la Cámara de Diputados para su promulgación-, estuvo marcada por reservas de constitucionalidad y votaciones separadas impulsadas por la oposición. Lo que quedó en evidencia en ese debate —y lo que seguirá resonando una vez publicada la ley— es que en Chile aún no hay acuerdo sobre una pregunta básica: ¿qué significa proteger una escuela?
Durante años, el país operó con una falsa dicotomía: que ejercer autoridad era un gesto punitivo y “anti formativo”, y que la formación genuina requería prescindir de normas.
Esa confusión —entre autoridad y autoritarismo— dejó graves consecuencias. Directivos con las manos atadas, docentes paralizados por miedo a la Superintendencia de Educación por posibles sanciones, y familias desorientadas en su propio rol formador, olvidando que un niño sin límites claros no es más autónomo, es más vulnerable.
Esta ley actúa en dos dimensiones. En la práctica, restituye herramientas que nunca debieron quitarse porque permite revisar mochilas, fortalece la autoridad docente y habilita respuestas inmediatas ante conductas que interrumpen clases.
En lo conceptual, rehabilita algo que nunca debimos olvidar: que la autoridad legítima no oprime, sino que protege. Que el orden en el aula es la condición para que cada niño pueda desarrollar su potencial. Si complementamos la ley Escuelas Protegidas con la Ley de Convivencia Escolar, ambas normas apuntan en la dirección correcta.
Pero aprobar la ley es solo el primer paso. La implementación plantea desafíos que no se resuelven solos. Los equipos directivos necesitarán formación real para ejercer la nueva autoridad con criterio y proporcionalidad, no solo con respaldo legal.
Los docentes -muchos de ellos aún marcados por años de ambigüedad normativa-, requerirán acompañamiento concreto para recuperar confianza en su propio rol. Y los protocolos que la ley activa deberán aplicarse con coherencia en contextos muy distintos —desde colegios con alta matrícula hasta establecimientos rurales con equipos pequeños— sin convertirse en trámites que paralicen más de lo que protegen.
Por esto, el desafío real lo tienen las escuelas. La ley les devuelve herramientas, pero requiere de una nueva cultura al interior de los espacios educacionales. Eso depende de cada director, profesor y comunidad que decidan que el aula vale la pena.
El problema más profundo, sin embargo, queda intacto. La persona no se reduce a su conducta y la sociedad —incluidos los establecimientos educacionales— tiene una responsabilidad activa con los más vulnerables. Eso exige ir más allá de la norma, implica invertir en equipos psicosociales, fortalecer los vínculos entre escuela y familia, y tomarse en serio que detrás de cada escolar que comete un acto de violencia hay, casi siempre, un niño o niña que también sufre.
Chile necesita las dos cosas. Esta ley resuelve la primera mitad de esa ecuación. La segunda, la más difícil y la más urgente, sigue esperando, que es que las comunidades decidan realmente proteger nuestras escuelas con acciones concretas.
América Castillo
Investigadora asociada
Instituto Libertad
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