“Queremos que el mérito sea el eje central del sistema de admisión escolar”, afirmó recientemente la ministra de Educación. Sin embargo, es algo difícil de sostener cuando miles de estudiantes no cuentan con una infraestructura que garantice condiciones dignas para el aprendizaje.
Hace apenas unas semanas, el Liceo Augusto D’Halmar volvió a ser noticia. No por sus destacados resultados académicos ni por el esfuerzo de sus estudiantes, sino por videos que mostraban una preocupante plaga de ratones al interior del establecimiento.
Hoy, tras la contingencia climática, una nueva realidad queda al descubierto: salas con goteras, patios inundados, humedad, estudiantes asistiendo a clases sin calefacción y ventanas sin cortinas que permitan enfrentar las bajas temperaturas.
Se trata del liceo público con mejores resultados del país. El mismo que hace unos meses recibió la visita del Presidente de la República, quien destacó el mérito y el esfuerzo de sus estudiantes como ejemplo para Chile. Pero el mérito, por sí solo, no detiene las filtraciones de agua. No seca los muros húmedos, no calefacciona las salas ni evita que los alumnos pasen los recreos intentando refugiarse del frío.
Resulta inevitable preguntarse qué significa realmente hablar de mérito cuando las condiciones mínimas para aprender no están garantizadas. Porque el esfuerzo individual no puede transformarse en la respuesta permanente frente a las carencias estructurales del Estado.
Mientras el Gobierno optó por reducir el presupuesto destinado a educación, las familias del liceo vuelven a hacer lo que históricamente han hecho cuando el sistema no alcanza: organizarse para cubrir aquello que debería estar resuelto. En los grupos de WhatsApp de los apoderados circulan colectas para comprar termos para acarrear leche y agua caliente, buscando que los estudiantes puedan soportar las bajas temperaturas durante los recreos. La solidaridad aparece allí donde la política pública parece ausente.
Curiosamente, esos mismos espacios de apoderados muchas veces se vuelven incómodos cuando las críticas apuntan a las responsabilidades del gobierno de turno. Pareciera que denunciar las condiciones materiales de un liceo público fuera interpretado como un acto político, antes que como una legítima demanda social destinada a visibilizar una realidad que trasciende a un solo establecimiento.
Porque el problema difícilmente termina en el Augusto D’Halmar. El deterioro de la infraestructura es parte de una realidad que comparten numerosos liceos públicos del país. Mientras esa situación no ocupe un lugar prioritario en la agenda de las autoridades, la educación pública seguirá enfrentando una deuda histórica que ningún discurso sobre el mérito podrá ocultar.
Mientras tanto, el Centro de Alumnos, con la prudencia propia de quienes saben que su voz pocas veces es escuchada, publicó una declaración en redes sociales describiendo la realidad que viven día a día y solicitando respuestas a las autoridades. No hubo consignas ni estridencias; solo la descripción de una experiencia educativa que dista mucho de las condiciones que cualquier estudiante merece.
Entonces, ¿de qué sirve exhibir a un liceo público como símbolo del mérito cuando ni siquiera se garantiza una infraestructura digna para quienes estudian allí? Esa contradicción deja al descubierto una deuda profunda. Una deuda que parece minimizarse cuando desde el propio gobierno se instala la idea de que la precariedad puede ser una fuente de mérito o resiliencia -como reflejaron las declaraciones de una ministra de Estado al afirmar que haber nacido pobre fue “uno de los mejores regalos” que recibió-.
El problema es que ningún niño o joven debería depender de la adversidad para desarrollar su potencial. Una educación pública de calidad no puede construirse sobre la épica de la carencia, sino sobre la garantía efectiva de derechos y oportunidades.
Las goteras pasarán cuando llegue la primavera. La pregunta es si también pasará la indiferencia de un gobierno que hoy parece más empeñado en amarrar por décadas una profunda reforma económica que, a juicio de expertos y detractores, reducirá la capacidad del Estado para financiar políticas públicas. Si ese escenario se concreta, las goteras de la educación pública no solo seguirán siendo literales, sino también el reflejo de una brecha que continuará profundizándose.
Evelyn Vera
Apoderada Liceo Augusto D’Halmar
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