¿Y si Robin Hood hubiera tenido razón?

Pocas historias han sido tan repetidas como la de Robin Hood. Desde niños aprendimos que era el hombre que les robaba a los ricos para entregarles el dinero a los pobres. Esa idea ha trascendido generaciones y, para muchos, terminó convirtiéndose en una metáfora de la justicia social. Sin embargo, basta revisar con mayor atención la leyenda para advertir que el verdadero conflicto era otro.

Robin Hood no enfrentaba a quienes habían prosperado gracias a su trabajo. No estaba en contra del mérito; al contrario, los integrantes de su banda eran incorporados precisamente por las habilidades que podían aportar.

Entonces, recordemos quién era su principal adversario. Era el Sheriff de Nottingham, representante de una autoridad que imponía tributos abusivos sobre la población aprovechando la ausencia del rey Ricardo Corazón de León. Más que quitar riqueza a los ricos para favorecer a los pobres, la leyenda relata la resistencia frente a un poder que había convertido la recaudación en un instrumento de abuso.

Más allá de las distintas versiones existentes, la historia permite formular una pregunta que sigue plenamente vigente: ¿qué ocurre cuando los impuestos dejan de responder a la necesidad que justificó su creación y pasan a transformarse en una carga permanente para los ciudadanos?

Nuestro país conoce bien esa discusión. Durante las últimas décadas hemos visto surgir diversos impuestos bajo la promesa de financiar necesidades específicas: reconstrucciones, emergencias, seguridad, políticas sociales o nuevas prestaciones públicas. Sin embargo, una vez superada la contingencia que justificó su creación, esos tributos rara vez desaparecen. Lo excepcional termina transformándose en permanente y, cuando alguien propone revisarlos o eliminarlos, rápidamente surge el argumento de que hacerlo pondría en riesgo la redistribución de la riqueza.

Toda sociedad responsable debe preocuparse de quienes enfrentan mayores dificultades. Esa no debiera ser la discusión. La verdadera pregunta es otra: ¿cuál es la forma más eficiente, transparente y justa de cumplir ese objetivo?

Existe, además, una realidad institucional que pocas veces forma parte del debate público. Cuando se anuncia un nuevo impuesto, con frecuencia se afirma que permitirá financiar una necesidad concreta. Sin embargo, en la práctica, esos recursos no quedan jurídicamente vinculados a ese destino. Ingresan al Tesoro Público y pasan a formar parte de los ingresos generales del Estado para luego ser distribuidos cada año mediante la Ley de Presupuestos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno de turno y aprobadas por el Congreso Nacional.

Es lo que en nuestro ordenamiento conocemos como la administración financiera y presupuestaria del Estado. En otras palabras, el impuesto permanece, pero el destino de esos recursos puede cambiar con el tiempo.

Por ello, la discusión tributaria no puede reducirse únicamente a cuánto recauda el Estado. También debe considerar cuánto de ese esfuerzo económico llega efectivamente al objetivo que se prometió al momento de crear el impuesto. Después de todo, antes de redistribuir recursos, el propio Estado financia su estructura administrativa, sus organismos, sus programas y su funcionamiento. Esa es una realidad propia de toda administración pública, pero precisamente por ello resulta legítimo preguntarse cuánto de cada peso aportado por los ciudadanos termina beneficiando directamente a quienes se dijo que serían sus destinatarios.

La mejor política social nunca ha consistido en administrar la pobreza, sino en generar las condiciones para superarla. Una economía que favorece la inversión, el emprendimiento, el empleo y la movilidad social genera oportunidades mucho más duraderas que aquella que deposita su principal esperanza en una redistribución administrada por un aparato estatal cada vez más grande.

Quizás el verdadero legado de Robin Hood nunca fue quitarles a unos para entregarles a otros. Tal vez su enseñanza consiste en recordar que el poder también debe rendir cuentas sobre el dinero que recauda y demostrar que cada impuesto continúa cumpliendo efectivamente el propósito para el cual fue solicitado.

Porque la verdadera justicia tributaria no consiste únicamente en recaudar más. Consiste en que el ciudadano pueda confiar en que el sacrificio que hoy realiza será administrado con responsabilidad, transparencia y fidelidad al objetivo que justificó pedirle ese esfuerzo. Cuando esa confianza se pierde, el debate deja de ser simplemente tributario y pasa a convertirse en una cuestión esencial sobre la relación entre el Estado y la sociedad.

Acaso necesitaremos a un Robin Hood contemporáneo que recupere nuestros impuestos y, luego de cobrarnos su precio, nos devuelva el dinero que nos quitó un Estado que, si no lo malgasta, difícilmente puede justificar seguir quedándose con él.

Jaime Beltrán Besnier
Asesor legislativo y político