La reciente confirmación del inicio del proceso de invalidación de concursos públicos para cargos directivos en el Servicio de Salud Concepción no solo representa una señal administrativa relevante. También confirma algo que advertí y denuncié junto a otros parlamentarios del distrito mediante oficios y acciones de fiscalización: existieron graves irregularidades en designaciones realizadas al interior de la red asistencial del Biobío.
Lo advertimos porque entendíamos la gravedad de intervenir políticamente espacios que debiesen regirse exclusivamente por el mérito, la transparencia y la probidad. Hoy, el pronunciamiento de la Contraloría General de la República confirma que los cuestionamientos eran fundados y que estos concursos estaban viciados.
Pero lo más grave es que, mientras la salud pública enfrenta falta de recursos, listas de espera, déficit de insumos y problemas de infraestructura, todavía existan personas ejerciendo cargos para los cuales no cumplen con los requisitos legales y técnicos exigidos.
Aquí existe una contradicción que la ciudadanía observa con indignación. Por una parte, se instala el discurso de la austeridad y se habla incluso de recortes presupuestarios en hospitales que ya funcionan bajo enorme presión. Pero, al mismo tiempo, se toleran irregularidades administrativas y decisiones cuestionadas que terminan afectando el correcto uso de recursos públicos.
No se puede pedir comprensión a los pacientes cuando faltan especialistas, medicamentos o atención oportuna, mientras paralelamente se siguen destinando recursos a sostener cargos cuestionados. La prioridad de la salud pública deben ser las personas: los pacientes, sus familias y también los funcionarios que sí cumplen su labor con profesionalismo y compromiso.
La continuidad administrativa jamás puede transformarse en una excusa para relativizar irregularidades. En momentos de estrechez presupuestaria, cada peso debe destinarse a fortalecer hospitales, mejorar la infraestructura y garantizar una atención digna y oportuna para quienes más lo necesitan.
Por eso, el Estado no solo debe avanzar en la invalidación de los concursos observados. También debe determinar las eventuales responsabilidades administrativas de quienes participaron en estos procesos. La confianza pública se recupera con transparencia, con apego irrestricto a la legalidad y con señales claras de que los recursos de la salud deben estar al servicio de los pacientes y no de intereses internos.
Como diputada del Distrito 20, seguiré fiscalizando este proceso con firmeza, porque nuestra región necesita una salud pública fortalecida, transparente y verdaderamente enfocada en las necesidades de las personas.
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