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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Esta semana se inicia el trámite constitucional del proyecto de ley para implementar un mecanismo de devolución del IVA, impulsado por el Ejecutivo y el Partido de la Gente. La propuesta busca compensar gastos en insumos esenciales para los sectores vulnerables, con un costo fiscal estimado de 100 millones de dólares en su primer año. Aunque ha generado apoyo, también ha recibido críticas, como la del PS que propone una reforma distinta. La alianza PDG-Ejecutivo ha sido clave para discutir el proyecto en el Congreso.

El proyecto de ley que busca implementar un mecanismo de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) enfrentará esta semana su primer trámite constitucional.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo junto al Partido de la Gente, busca compensar parte del gasto en insumos esenciales (como pañales y medicamentos) para los sectores más vulnerables.

De implementarse, según estimaciones, el costo fiscal alcanzará los 100 millones de dólares durante su primer año.

Aunque la propuesta ha recibido respaldo de sus impulsores, también ha generado reparos desde otros sectores políticos. En el Senado, la bancada socialista apostará por una reforma constitucional como alternativa.

En esa línea, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, rechazó la iniciativa del Gobierno aseguró que “no es razonable que en Chile una familia pague el 19% del IVA por alimentos básicos, medicamentos o productos escenciales”.

Pese a las críticas, la alianza del PDG y el Ejecutivo ha sido fundamental para que el proyecto sea puesto en discusión.

El jefe de bancada, Juan Valenzuela, valoró la disposición del Gobierno para que la moción sea examinada y poder contar con los votos necesarios en su primer trámite en el Parlamento.

Mientras el proyecto espera su discusión en el Congreso, expertos hicieron una buena evaluación de la propuesta, pero con ciertos resguardos.

El economista William Díaz aseguró que el proyecto sí puede brindar beneficios a un buen segmento de la población nacional.

El beneficio tiene una serie de condiciones: Pertenecer al 80% más vulnerable según el RSH, adquirir los productos en el comercio formal con boleta electrónica y certificación médica vigente.