Vituperio presidencial a la investigación y los libros

Como es normal, la crítica ha sido abundante con relación al comentario del presidente Kast, en el que, aludiendo al descontrol del gasto público en materia de investigación, ejemplificó su reproche con la edición de libros que serían inservibles para generar empleos.

No solo desde la oposición, sino que, desde su propio sector, se alzaron voces condenando este exabrupto. Porque, en verdad, fue eso, y algo más: un mazazo lanzado al voleo, un eructo que se escapa del inconsciente en forma de coprolalia contra la investigación como tal, y contra esos bellos instrumentos de transmisión del saber que son los libros.

Sus explicaciones posteriores, matizando sus dichos, así como las de la ministra de Educación precisando el propósito, no lograron eximir ni relativizar la gravedad de la afirmación, menos aún, atenuar la torpeza.

Sucede que aludir tan livianamente a la investigación científica, teniendo como referencia la cantidad de empleos que genera a corto plazo, es una aberración conceptual. Primero, porque desconoce completamente el funcionamiento y sentido de la investigación científica; segundo, porque al analizar las cifras invertidas se constata que no sobran los recursos para la investigación, sino que faltan; tercero, porque estigmatizar a los investigadores, cuya inmensa mayoría realiza su trabajo con honestidad y dedicación, solo refleja la ignorancia de quien así se expresa.

Es evidente que se debe racionalizar el gasto público; más aún en época de crisis. Cuando el desempleo heredado de la administración anterior bordea el 9%, y la informalidad equivale al 26.5% de la fuerza de trabajo, es menester actuar urgentemente. Priorizar el crecimiento que genera empleos es el camino correcto, pero racionalizar el gasto es usar la razón y el criterio, lo que no fue el caso en este anuncio que podría presagiar una incertidumbre venidera en este ámbito.

Un contexto de contrastes

En materia de investigación, nuestro país no ocupa un lugar relevante en el concierto mundial. Sin embargo, modestamente, somos los segundos del continente y lideramos la investigación científica per cápita en Latinoamérica. Nuestra reciente incorporación como país asociado al laboratorio de física de partículas más importante del mundo (el CERM europeo) en enero del 2026 nos confiere credibilidad y una gran apertura científica.

El Congreso del Futuro, creado en 2011 como plataforma de reflexión y divulgación de los grandes desafíos de la humanidad, posiciona a nuestro país en un sitial importante del conocimiento global y lo ha hecho merecedor del reconocimiento internacional.

En áreas como astronomía, biofísica, salud, cambio climático, biotecnología aplicada, nuestros investigadores cuentan con probadas referencias mundiales de las que debiéramos estar orgullosos.

Cabe destacar, además, que este éxito relativo, obra de aportes públicos y privados, es aún más loable al saber que el Estado aporta poquísimo. Solo el 0.4% del PIB está destinado a la investigación y desarrollo, en circunstancias de que el promedio de los países de la O.C.D.E. (con quienes nos gusta compararnos) es del 2.7% del PIB. Un abismo imposible de alcanzar.

Así pues, cuando se trata de generar empleos formales y “decentes” según los criterios de la OIT, y se desconoce de tal forma el aporte de la investigación, no queda otra cosa que pensar que la ignorancia resucita una ideología escabrosa.

No por un puñado de investigaciones ideologizadas, financiadas por el gobierno anterior, deberían pagar quienes investigan seriamente. Porque, para poner las cosas en un debido contexto, la intervención del presidente vino después de darse a conocer una lista de investigaciones de dudoso contenido que, al citarlas con sus montos, avergüenza: 450 millones de financiamiento para estudiar cómo “despatriarcar y descolonizar el sur de Chile”, otros 256,5 millones para “Los derechos civiles y políticos de los niñes, desde la perspectiva de hijes y mapadres“ (¡sí, como lo lee!), 439,5 millones para investigar sobre “Género, biopolítica y creación“, 228 millones para los “Activismos, desde y con las infancias…”, millones que suman y siguen en investigaciones impregnadas de ideología identitaria de baja monta.

Estas investigaciones —por así llamarlas, abusivamente— son financiadas para satisfacer a unos pocos, pero dañan profundamente a la academia; la salpican, desprestigian y la alejan de la ciudadanía.

Alertas ante el despertar de viejos fantasmas

Sabemos que las palabras hacen surgir imágenes de todo tipo. Algunas hasta llegan a despertar viejos demonios. Una terapia apropiada permite echarlos afuera y, en ciertas ocasiones, la literatura forma parte del ungüento que nos protege y los espanta.

En Santiago, el 17 de septiembre de 1973, en la calle Marcoleta al llegar a Lira, presencié la quema de cientos de libros: enciclopedias, revistas, literatura clásica, libros de bolsillo de la editorial Quimantú… Los pirómanos eran soldados que acataban órdenes de aquellos censores del pensamiento y las conciencias que asumían el poder.

En esa enorme fogata, vi cómo las hojas de mis libros, convertidas en humo, teñían de color gris-tristeza un cielo invernal que retenía el llanto, y luego, cómo las cenizas, barridas por la brisa, emprendían el vuelo hacia la nada. Curioso, pero había gente alrededor de esa inmundicia que, entre burlas, justificaba la quema del conocimiento. Ignoraban que el corazón de los libros era indemne ante el fuego de aquellos vándalos con botas.

De paso por Chile, hace unos días, el destacado escritor cubano, Leonardo Padura, relataba con humor a un auditorio repleto de admiradores su experiencia acerca de la censura permanente a los escritores por parte del gobierno cubano. En los años ochenta, por ejemplo —nos decía—, el gobierno decidió “fomentar” el género policial. Emergía así una nueva herramienta de “compromiso ideológico y educativo” destinada a exaltar al buen oficial del Ministerio del Interior. Creadas con la pluma servil a la consigna, aparecieron las “novelas policiales revolucionarias” (así se llamaban). Sonriendo, Padura concluía que estas, “de revolucionarias, tenían mucho, de policiales, poco, y de novela, nada.

La censura no solo veta y prohíbe, sino que suele provocar varios fenómenos: incentivar la imaginación de quienes buscan eludirla, agrupar a quienes son censurados, hacer del creador un resistente, editor artesanal de obras clandestinas o inhibir la creación en ciertos casos. Su actuar perverso es siempre condenable.

Convertir la investigación en un tema de confrontación ideológica, desconocer el carácter sagrado de los libros, implica situar esos nobles asuntos en la contingencia política. Sopesar su rentabilidad con miradas de corto plazo es una aberración comparable con la cancelación y la censura.

Un mínimo de coherencia nos exige afirmar que las mismas alertas que nos hacían rechazar el proyecto de constitución del gobierno anterior deben mantenerse vigentes. La ciencia es libre; y lo es por naturaleza. Los gobiernos están llamados a concertarse con ella para estimularla, orientar sus prioridades y sus metas, pero absteniéndose de interferir. Deberán, además, velar para que no sea únicamente el mercado el que dicte sus normas ni, menos aún, imponga una ética con la que no cuenta.

Nuestra democracia está llamada a ser vigilante en la defensa de la libertad para la ciencia y la educación, las que, junto con el arte y la cultura, están llamadas a humanizar el crecimiento que genera los empleos.