Apuestas online: el daño que estamos dejando crecer

En Chile los juegos de azar están prohibidos desde hace más de un siglo, salvo excepciones expresamente autorizadas por ley, como los casinos regulados, la Polla, la Lotería o los hipódromos. Pero hoy la realidad es otra: cada teléfono celular se transformó en un casino online disponible las 24 horas del día. Y frente a eso, algunos plantean que la solución es regular estas plataformas. Yo sigo creyendo que el camino correcto es otro.

Durante el periodo legislativo pasado, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto ingresado al final del gobierno del presidente Sebastián Piñera para regular las plataformas de apuestas online. Yo voté en contra de esa iniciativa y mantengo esa posición. Creo que aquí no corresponde legalizar una actividad que ya está generando enormes problemas sociales y familiares en Chile.

Y uno de los temas más graves tiene que ver con los menores de edad. Hoy muchos niños y adolescentes están entrando masivamente a estas plataformas. Parten con juegos gratuitos, sin apostar dinero, pero van desarrollando desde muy pequeños hábitos vinculados al juego y las apuestas. Después pasan al dinero real y aparecen los problemas de ludopatía, endeudamiento y conflictos familiares.

Diversos estudios ya advierten que las apuestas online generan un daño mucho más agresivo que el juego tradicional, precisamente por su disponibilidad permanente, su facilidad de acceso y la presión constante de publicidad e influencers. La lógica de estas plataformas funciona sobre mecanismos de recompensa inmediata que afectan especialmente a niños y jóvenes. Y eso termina normalizando conductas muy riesgosas desde edades tempranas.

También se ha detectado que recursos públicos y ayudas sociales terminan en plataformas de apuestas. Eso ya ocurrió en otros países y hoy Brasil, que avanzó en regulación, está revisando su modelo porque muchos sectores modestos terminaron destinando parte importante de sus ingresos a las apuestas online.

Además, la Corte Suprema chilena fue clara al señalar que estas plataformas operan ilegalmente porque no existe una ley que las autorice. Incluso ordenó el bloqueo de sitios y de los llamados “sitios espejo”.

Entonces cuesta entender que todavía sigamos discutiendo cómo regular algo que hoy es ilegal y cuyos efectos negativos son cada vez más evidentes.

Y no se trata solo de dinero. Estudios recientes hablan de costos sociales que podrían superar los US$1.200 millones anuales entre problemas de salud mental, pérdida de productividad, endeudamiento y daños familiares. Pero más allá de las cifras, basta ver lo que ocurre todos los días: publicidad permanente, influencers promoviendo apuestas y jóvenes que comienzan a normalizar esta actividad.

Yo he conversado este tema con el ministro del Interior y también con autoridades de Hacienda del actual gobierno, porque creo que el Estado tiene que tomar una definición clara. Hasta ahora no veo que exista una decisión definitiva respecto del camino que se va a seguir. Y mientras eso no ocurra, seguimos en el peor de los mundos: no prohibimos efectivamente estas plataformas ni tampoco logramos frenarlas, mientras proliferan por todos lados haciéndole daño a muchas familias chilenas.