Enviando corrección, espere un momento...
Los damnificados no necesitan que les construyan otra tragedia burocrática; necesitan que les construyan sus casas.
El reconocimiento del diputado Jaime Araya de que la oposición prepara un “tsunami” de indicaciones contra la Ley de Reconstrucción que impulsa el presidente José Antonio Kast es una confesión política más que una metáfora.
Destruir el proyecto mediante una barricada cercana a 2.500 indicaciones, que la oposición proyecta presentar, es una muestra clara de que el objetivo no es mejorar la ley, sino transformar el Congreso en su trinchera, que vuelve irrisorio cualquier trabajo serio.
Es especialmente grave porque hablamos de reconstrucción. Desde la Región de Valparaíso, hablamos de familias que perdieron su casa y muchas de ellas perdieron también familiares, amigos o vecinos. No solo durante el incendio, sino también durante la espera, de lo cual soy testigo.
Personas que llevan años esperando retomar una vida normal: necesitan soluciones y no que la labor parlamentaria de la izquierda haga del Congreso su circo. Esto da rabia, porque los principales espectadores son los damnificados, los mismos que vieron cómo dicho sector los dejó solos y ahora ven cómo destruyen todo intento del nuevo gobierno por socorrerlos.
La izquierda puede discrepar, corregir mediante indicaciones razonables. Es su deber. Pero ante el anuncio del “tsunami” para arrasar con la Ley de Reconstrucción, me pregunto: ¿Con qué autoridad moral quienes fracasaron en reconstruir, consumieron tiempo, recursos y confianza pública sin resultados proporcionales, pretenden ahora torpedear una ley de reconstrucción?
Los datos de la izquierda cuando gobernó superan su relato.
Contraloría informó que el Plan de Reconstrucción de Valparaíso tenía 166 medidas, de las cuales 34 debían ejecutarse durante 2024 ¿Resultado? Ninguna de esas 34 se cumplió totalmente ese año; 11 tenían 0% de avance o ni siquiera contaban con plan, y otras 10 tenían un avance inferior al 28%. No es opinión. No es campaña. Es Contraloría.
En vivienda, los datos son aún más demoledores para su relato. El Serviu identificó inicialmente 5.624 viviendas afectadas. Luego informó que al 3 de marzo de 2025 había 6.261 viviendas catastradas, de las cuales 4.438 presentaban algún tipo de daño. De 3.503 familias calificadas como hábiles, 905 seguían sin subsidio asignado. Y entre las 2.598 con subsidio, solo 40 soluciones habitacionales habían sido entregadas; 543 estaban en ejecución y 2.015 seguían por iniciar.
Y, para rematar tuvimos un Ministro de Vivienda que según sus palabras no estaba a cargo de la reconstrucción, sin aclarar jamás para qué estaba, si justamente su cartera se creó para dicho fin.
Mientras las familias esperaban, el Estado estuvo ocupado en otras cosas que hasta ahora desconocemos, pero sí podemos afirmar que no en la emergencia. Mientras los damnificados rogaban por certezas, la reconstrucción se llenó de demagogia, plataforma de exposición de exautoridades, para finalmente incumplir cada palabra, cada promesa.
La vergüenza continuó en febrero de 2026 cuando Contraloría informó cinco auditorías con hallazgos graves: pagos no acreditados, deficiencias contractuales, irregularidades municipales, demoliciones no ejecutadas o parcialmente ejecutadas, y más de $782 millones en pagos no acreditados en El Olivar. Fiscalía incluso abrió una causa penal por hechos que podrían revestir carácter de delito, con fondos públicos comprometidos por más de $1.100 millones.
Con este tipo de actuaciones, la izquierda se sincera sobre querer al pueblo sin desigualdades, pero pobre. Su frenesí redunda en que la persona no pueda levantarse por sí misma y dependa de un burócrata o una ventanilla, recibiendo bonos insuficientes para recuperarse, pero útiles para mantener su dependencia del Estado.
Por eso cuando en Chile todo parecía ir bien caminando a paso firme hacia el desarrollo, apareció este frenesí contra el pueblo. Llamaron a quemarlo todo y destruyeron negocios, fuentes de empleo y así secuestraron la democracia -con el miedo y el terror- con el que obtuvieron el poder y con el que ahora buscan volver a arremeter. La izquierda, durante el gobierno de Piñera, toleró la democracia solo un año y medio. Veamos cuánto aguantarán esta vez.
Presentar miles de indicaciones -que estoy seguro de que la gran mayoría serán repetitivas, sin sentido o derechamente irracionales- para un proyecto de 50 artículos (33 permanentes y 17 transitorios) con el objetivo declarado de hacerlo inviable con el objetivo de crear una tragedia burocrática respecto de una solución a una tragedia real, es insostenible y cruel. Es poner, una vez más, esa pulsión destructora contra el pueblo.
Ese frenesí irresistible no podrá borrar las cifras, y que -en vez de pasar a una oposición fiscalizadora- pasa otra vez, a una oposición destructora. Tampoco podrá hacer olvidar una verdad elemental: los damnificados no necesitan que les construyan otra tragedia burocrática; necesitan que les construyan sus casas. Esa es la diferencia entre oponerse a un gobierno y ponerse, una vez más, en contra del pueblo.
